Patricia Bullrich cuestionó al juez que ordenó repartir los alimentos que estaban almacenados
La ministra de Seguridad aseguró que no había ninguna irregularidad y apuntó a los movimientos sociales “que durante 20 años se robaron los alimentos”
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LA NACION
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó hoy la decisión del juez Sebastián Casanello de ordenarle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, repartir alimentos que se encontraban almacenados en depósitos del Estado.
“A mí nadie me explica qué pasó. A la Policía Federal y a Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y no había un solo alimento vencido. Fue una ofensiva de los falsos movimientos sociales. Y en el medio la Justicia se metió a hacer de almacenero, en decidir cómo se reparten los alimentos. ¿Qué sabe el juez cómo se reparten los alimentos?”, se preguntó en una entrevista con Radio Rivadavia.
“Nos hicieron salir de urgencia y uno se puede equivocar, no se hacen las cosas así. Ese juez procesó la semana anterior a una cantidad de gerentes de la pobreza que durante 20 años se robaron los alimentos. Hizo una de cal y una de arena. ¿El juez hace política con los alimentos? No entiendo”, señaló la ministra.
“Acá los únicos que están contra la pared son los movimientos que hace 20 años se venían llevando la plata. Ahora apareció la Catedral con una mesa de comida y el juez a repartir la comida. Aparecieron todos a proteger a los gerentes de la pobreza. El hambre empezó el 10 de diciembre (irónica). Estoy furiosa. No hay que hacer seguidismo de esto”, finalizó Bullrich.
LAS CAUSAS EN LA JUSTICIA
La Justicia ya tiene en sus manos al menos cuatro expedientes en los que investiga supuestas irregularidades en el reparto de alimentos a comedores por parte del Ministerio de Capital Humano, maniobras de fraude y extorsión por parte de piqueteros a beneficiarios de planes sociales y contrataciones irregulares en el área de minoridad de la cartera que está bajo la órbita de Sandra Pettovello.
El Gobierno es denunciante en dos de las causas y denunciado o demandado en las otras dos restantes. Los expedientes se agilizaron hace un mes, el 13 de mayo pasado, cunado fueron allanadas más de 20 casas y cooperativas de dirigentes piqueteros, pero desde entonces Capital Humano es objeto de cuestionamientos por ineficiencia, mala praxis y desprolijidades.
El primer caso que tiene al Gobierno como denunciante se inició por las llamadas anónimas recibidas en una línea del Ministerio de Seguridad abiertas por Bullrich para recibir denuncias de personas a los que obligaban a concurrir a las marchas para asignarles planes sociales. Se recibieron más de 10.000 llamadas desde fin del año pasado. De esas, quedaron unas siete personas identificadas que estuvieron dispuestas a declarar para explicar las maniobras de las que fueron víctimas. Así, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello avanzaron sobre esos casos.
Descubrieron que era moneda habitual que se castigara a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que no iban a las marchas del Polo Obrero, se les impedía acudir al comedor comunitario, o no se les permitía vender alimentos que recibían del Estado. Se descubrió que había varios estratos de dirigentes piqueteros, que iban desde los aspirantes a planeros a los que cobraban más de un plan social.
En paralelo a este escándalo, estalló otro que esta vez puso al Ministerio de Capital Humano no como denunciante, sino como denunciado. El dirigente social Juan Grabois denunció que el Gobierno retenía los alimentos que estaban destinados a ser repartidos entre los comedores populares.
También intervino el juez Casanello, pero que delegó la causa en manos de la fiscal Paloma Ochoa. La fiscal dictaminó en una medida cautelar, que el juez debía ordenar al Gobierno entregar la comida que tenía almacenada en dos depósitos en Villa Martelli y en Tafi Viejo, Tucumán.
Pero Casanello rechazó el pedido de la fiscal y en cambio le ordenó al Gobierno que presentara un plan de reparto de esos alimentos de manera paulatina, que informara el stock completo de los alimentos acumulados y que aportara los expedientes de cada una de las compras. El Ministerio de Capital Humano se indignó. Desoyó la orden judicial, y la apeló.
Tras una escandalosa audiencia en la Cámara Federal, donde la abogada del ministerio Leila Gianni se cruzó a los gritos con Grabois, el tribunal decidió darle la razón a Casanello y obligó a que el Gobierno presentara el plan de reparto de alimentos. Finalmente, el Gobierno lo hizo la noche del jueves y dispuso repartir la leche y el resto de la comida en escuelas de bajos recursos y a través de la red de la Fundación Conin.
En su escrito dijo que la Justicia la obligaba a repartir esa comida que señaló tenía comprada para enfrentar catástrofes. Lo que luce contradictorio ya que estaban por vencer.
A todo esto la investigación de la fiscal Ochoa y la inspección que dispuso Casanello en los depósitos permitieron establecer que había leche en polvo que vencía el mes que viene, y que había faltantes, e inconsistencias entre lo que declaró el Gobierno en existencia y lo que había realmente en los depósitos.
Ademas de este incumplimiento, el Gobierno está en falta aún ya que Casanello le pidió los expedientes de compra de la comida, para hacer la trazabilidad de cada lote, pero la información aún no llegó de manera completa a los tribunales.
En paralelo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa dispuso que otra causa iniciada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) contra el Ministerio de Capital Humano sea tramitada como un amparo colectivo. Ordenó que se compulse si existen procesos similares en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.
El cuarto expediente también está en Comodoro Py y fue iniciada por el Ministerio de Capital Humano pero puede convertirse en un boomerang y de denunciante puede terminar en denunciado. Este caso fue abierto por la cartera de Sandra Pettovello cuando arreciaban la críticas por su gestión de los alimentos en los comedores comunitarios y casi una causa tapó a la otra.
Con un escrito de Leila Gianni, el ministerio denunció que un exfuncionario, Pablo de la Torre, que estaba a cargo de la secretaría de Niñez, se valió de un mecanismo de contratación de empleados mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) una entidad internacional que financia proyectos en diversos países.
La Ley Bases y el protocolo antipiquetes
Por otro lado, y respecto de la votación de la Ley Bases que se tratará este miércoles en el Senado, Bullrich afirmó: “La Ley Bases es necesaria, porque es un país que no te brindó siempre seguridad jurídica. Eso es lo que se está pidiendo con esta ley. Cuando todo esto esté en marcha, vendrá la baja de impuestos. A todo gobierno le han dado algún instrumento para gobernar”.
La funcionaria también se refirió los sectores de Juntos por el Cambio que no apoyan al Gobierno: “Nuestro votante se pronunció claramente, en las PASO y cuando salimos terceros. Nosotros estábamos envejecidos. La gente hoy está en el mismo lugar, está cruzando los dedos, comiéndose las uñas cuando ve que un montón de gente pone palos en la rueda. El votante de JxC quiere que el Gobierno siga su camino”.
Finalmente, la directora de la cartera de Seguridad se refirió a las declaraciones del líder de la CGT, Pablo Moyano, que convocó a una movilización de protesta al Congreso para el próximo miércoles, cuando se debata el paquete de normas en el Senado, y ratificó la aplicación del controversial protocolo antipiquetes. “El protocolo se utiliza siempre, en cada circunstancia en la que quieran cortar. Nosotros tomamos la decisión de que las calles estén liberadas”, afirmó.
Y marcó: “Que no se les ocurra tirar una piedra, que no se les ocurra levantar una baldosa; hay límites. ¿Están en contra de la ley? Vale solo la palabra, no vale el palo, la piedra o intentar tomar el Congreso. Tenemos fuerzas preparadas para actuar si intentan el uso de la fuerza; eso ni lo pienso”.
LA NACION
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