Patricia Bullrich celebró el resultado del fuerte operativo para evitar cortes en la marcha piquetera y recibió el apoyo de Milei
La ministra de Seguridad consideró que el plan de “disuasión” en los accesos a la Capital y en las estaciones de trenes desalentó la concurrencia de manifestantes; el Presidente visitó el comando unificado para monitorear la movilización
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“Acá se terminó el vale todo. Es el inicio de una nueva etapa”. Cuando faltaban minutos para las 20, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, irrumpió en el salón de conferencias del departamento central de la Policía Federal con un aire triunfalista en el rostro. La escoltaba Vicente Ventura Barreiro, número dos en la cartera, y los jefes de las cinco fuerzas federales. Apenas tomó el micrófono, Bullrich hizo un balance positivo del estreno del nuevo protocolo antipiquetes en la primera marcha que enfrentó Javier Milei en el centro porteño.
Después de haber blindado los accesos a la Capital y haber extremado las medidas de seguridad en las estaciones de trenes para desalentar la concurrencia a la protesta, Bullrich se jactó de haber logrado el objetivo que se había trazado Milei mientras avanza con el shock de ajuste del gasto público: evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación. “Hemos iniciado una manera distinta de tratar con los permanentes piquetes y cortes de calle que la Argentina viene sufriendo hace más de veinte años y con los violentos que han destruido muchas veces la ciudad”, resaltó Bullrich.
La ministra sintió como un espaldarazo la decisión del Presidente de asistir al edificio central de la Policía Federal, donde se montó el comando unificado de las cinco fuerzas que están bajo la órbita de Bullrich. Milei llegó acompañado por su hermana, Karina, a cargo de la secretaría general de la Presidencia, y se instaló en el centro de operaciones para visualizar el accionar de las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad.
Cuando Milei llegó a la “sala de situación”, los manifestantes avanzaban por las avenidas Diagonal Norte y Sur para dirigirse a la Plaza de Mayo.
“Hoy hubo libre circulación en todo el país, tanto en la ciudad como en muchas ciudades del país”, detalló Bullrich. Se jactó de que no hubo cortes en los accesos ni rutas nacionales ni en el carril del Metrobus en la avenida 9 de Julio y que los manifestantes no portaron palos ni estaban “encapuchados” ni se movilizaron con niños. “La gente pudo ir a sus actividades con total tranquilidad”, completó.
A lo largo de la jornada, miles de efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Nacional realizaron estrictos e inéditos controles en los ingresos a la Capital y en las estaciones de trenes, donde el Gobierno activó una campaña de comunicación para alertar a los posibles beneficiaros de planes sociales que perderían la asistencia en caso de cortar la circulación.
Se requisaron 700 colectivos, pero solo uno fue demorado en Pilar, por “incumplimiento de las normas vigentes”. Hubo dos detenciones y un policía de la Ciudad sufrió heridas leves. Según Bullrich, hubo un accionar correcto de las fuerzas federales. Y, pese al cortocircuito con Diego Kravetz, a cargo del operativo porteño, destacó la actuación de la Policía de la Ciudad.
En la cúpula de la cartera de Bullrich intuyen que la campaña de comunicación del Gobierno (“el que corta no cobra”) y los fuertes controles le quitaron fuerza a la marcha. “Logramos una disuasión con todo el aparato”, evaluaron. En el equipo de Bullrich celebraron como un triunfo que las organizaciones sociales apostaron por ingresar a la Capital desde provincia en transporte público y no en micros. “Decidieron el modelo ‘hormiga’ por los controles”, apuntaron.
“Mucha gente no va a venir porque tiene miedo de perder el plan”, dicen cerca de Bullrich. En la Casa Rosada argumentan que pudieron evidenciar el modelo “extorsivo” de las organizaciones sociales con la habilitación de la línea telefónica 134, donde los beneficiaros de asistencia pueden denunciar si son obligados a participar de las marchas por los encargados de tomar asistencia en las cooperativas de trabajo. Según informó el Gobierno, ya recibieron unas 8760 denuncias. Seguridad subrayó en un comunicado que 660 del total fueron catalogadas como relevantes.
En los últimos días Bullrich intentó copar la agenda mediática del Gobierno con los temas de seguridad. Mientras la clase media diluye el golpe del ajuste fiscal que dispuso Milei para reordenar la economía y frenar la crisis inflacionaria, la Casa Rosada puso el foco en la batalla con los piqueteros por el control de la calle. En ese contexto, Bullrich asumió un fuerte protagonismo. “Esta es una batalla cultura”, les dijo a sus colaboradores.
Bullrich ordenó extremar los controles en las zonas de jurisdicción federal, ya sea accesos, autopistas o edificios públicos, como el Congreso y la Plaza de Mayo. Frente a la Casa Rosada, la Casa Militar dispuso un vallado preventivo. Allí terminó la marcha piquetera, para conmemorar las 39 muertes por la represión durante la crisis de 2001.
“Mucha gente no vino porque tiene miedo de perder el plan”, dijeron cerca de Bullrich. En la Casa Rosada argumentan que pudieron evidenciar el modelo “extorsivo” de las organizaciones sociales con la habilitación de la línea telefónica 134, donde los beneficiaros de asistencia pueden denunciar si son obligados a participar de las marchas por los encargados de tomar asistencia en las cooperativas de trabajo. Según informó el Gobierno, ya recibieron unas 8760 denuncias. Seguridad subrayó en un comunicado que 660 del total fueron catalogadas como relevantes.
El nuevo protocolo de Bullrich solo puede ser aplicado en los territorios que están bajo jurisdicción federal, por lo que el operativo de esta tarde estará al mando del gobierno de Jorge Macri. Las fuerzas federales solo entrarán en acción si la Policía de la Ciudad se ve desbordada y hay un requerimiento formal de las autoridades porteñas a Bullrich.
Pese a que agrupaciones sociales, políticas y organismos vinculados a los DD.HH. consideran que el protocolo criminaliza la protesta, los asesores de Bullrich defienden el nuevo procedimiento de actuación de las fuerzas federales. Argumentan que no incluye novedades en términos de derechos, obligaciones y prohibiciones. Y consideran que no afecta el derecho a protestar y que los efectivos tienen la obligación de intervenir ante un delito flagrante como el bloqueo de rutas o calles, que está tipificado en el artículo 194 del Código Penal.
Repiten, además, que los efectivos actuarán hasta despejar “totalmente” el espacio de circulación y que, para llevar adelante las medidas, emplearán la “fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia de los manifestantes”. Emplearán armas no letales para despejar y “la concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que incidiesen en la libre circulación de vehículos”.
En las últimas horas celebró que el juez de instrucción Gustavo Pierretti haya rechazado el hábeas corpus “preventivo y colectivo” que este martes presentaron el Partido Obrero y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para pedir que “se deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo de orden público.
Además, Bullrich se jactó de que la Gendarmería Nacional intervino para despejar el piquete en el Puente del Movimiento Darío Santillán, en Neuquén. “Estamos preparados. Hay que recuperar el orden”, repiten cerca de la ministra, que se jugó una carta fuerte en la jornada de hoy.
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