Patricia Bullrich acordó con la Ciudad un plan de acción para impedir los cortes de calles en la marcha piquetera del 20D

El gobierno de Javier Milei juega fuerte para exhibir que podrá mantener el control de la calle y que pondrá límites a los bloqueos en la manifestación convocada para mañana en el centro porteño por la Unidad Piquetera (UP) y organizaciones sociales y de la izquierda. No solo estrenará el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales, que incluye sanciones, como la pérdida de la asistencia social, y habilita a los efectivos a actuar sin necesidad de que haya una orden judicial previa en caso de que detecten el delito en flagrancia, sino que buscará quitarle fuerza a la convocatoria al montar un operativo estricto en los accesos a la Capital y las estaciones de trenes. Así, procuran lograr un efecto disuasivo para desalentar la concurrencia de manifestantes.

En la antesala de la primera movilización en protesta contra el ajuste que puso en marcha el Presidente para intentar frenar la espiral de la inflación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retomó hoy el diálogo con la Ciudad para coordinar el operativo de mañana y definir el plan de acción. “Vamos a ponerle palos en la rueda a los que quieran entrar”, avisan fuentes al tanto de las conversaciones para consensuar la puesta en marcha de nueva doctrina.

Bullrich y su número dos en la cartera, Vicente Ventura Barreiro, recibieron esta mañana en la sede del Ministerio de Seguridad al funcionario porteño Diego Kravetz, quien quedó al mando de la Policía de la Ciudad. Horas antes, en el encuentro con el jefe de Estado y sus pares del Gabinete nacional, la ministra había detallado el plan de acción que prepara junto con el gobierno porteño para no perder el control de la calle en la marcha piquetera de mañana, que tendrá como epicentros el Congreso y la Plaza de Mayo. De forma preventiva, la Casa Militar, a cargo de la seguridad de Milei, dispuso un vallado a metros de la Casa Rosada.

Tras la cumbre de esta mañana entre la Nación y la Ciudad, se estableció una hoja de ruta con vistas a la protesta de mañana, que marcará el estreno del duro protocolo antipiquetes que presentó Bullrich la semana pasada. Según lo acordado entre las autoridades nacionales y porteñas, el Gobierno de Milei desplegará a las fuerzas federales -la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval-en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria; en edificios públicos, como la Casa Rosada y el Congreso; y en las estaciones de trenes para realizar tareas de control y prevención. La intención de las autoridades nacionales es lograr de esa forma un efecto “disuasivo” en las zonas que están bajo jurisdicción federal. “Habrá una advertencia. Pueden protestar, pero en las plazas o la vereda. No vamos a permitir que corten la circulación”, remarcan en el Ejecutivo.

El esquema de seguridad para evitar piquetes en las principales arterías de la Ciudad estará a cargo del gobierno de Jorge Macri, que tiene su propio plan de procedimiento y no adhiere al protocolo de Bullrich. Las fuerzas federales solo intervendrán en caso de que haya un requerimiento formal del gobierno porteño. Es decir, en el supuesto de que la policía de la Ciudad se vea superada por los manifestantes y no logre despejar los cortes. Jorge Macri avisó que no tolerará que haya interrupciones y que la protesta se podrá desarrollar en la vereda.

Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, y Kravetz están abiertos a dialogar con los líderes piqueteros para que no corten la circulación. Hasta esta tarde ese contacto no se había concretado. A través de un comunicado, la cartera de Wolff enumeró las disposiciones que serán de “acatamiento obligatorio” para manifestarse en el territorio porteño: no se podrá interrumpir el tránsito ni protestar con el “rostro cubierto de manera intimidatoria” o usar palos o elementos contundentes. Tampoco estará permitido que las organizaciones sociales se “movilicen con niños”.

La Ciudad advirtió que actuará con “todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones”. “Ambos derechos [circular y protestar] deben poder ejercerse de manera equilibrada y sin conflicto”, subrayaron los funcionarios porteños.

Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura estarán apostados en los accesos a la Ciudad y en las cabeceras de las estaciones de trenes, como Retiro, Once y Constitución, donde dispondrán estrictos controles para que obstaculizar el ingreso de manifestantes que circulen con el rostro tapado o porten palos u otros “elementos contundentes”. En esos casos se pedirá identificación.

Ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que Milei le quitará los planes sociales a quienes participen en movilizaciones y protestas que impidan la libre circulación. “Los únicos que no cobrarán el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle”, aseguró Pettovello, quien anunció que desplazarán a los intermediarios eliminando la toma de asistencia en las cooperativas. Aún el Ejecutivo no dio precisiones de cómo se instrumentará el retiro de beneficios sociales para quienes participen del corte.

Horas después de que Pettovello grabara su mensaje, Bullrich aseguró que podría identificar a los manifestantes que corten las calles con “cámaras o drones”. En Seguridad explican que esa tarea estará a cargo de la Policía Científica. No se identificará a todas las personas que se movilicen, sino a aquellos que bloqueen la circulación y violen el artículo 194 del Código Penal. “El riesgo es ir a la protesta”, justifican en esa cartera.

En los accesos a la Capital desde la provincia, dicen fuentes oficiales, se impedirá el ingreso de manifestantes que se trasladen a pie. “No van a pasar por los puentes, es una cuestión de seguridad”, avisan. También habrá controles a los micros o vehículos que trasladen a personas para la marcha. Se les pedirá documentación y se revisará si están en infracción.

Esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno habilitó una línea telefónica (134) para que los beneficiaros de planes sociales denuncien si son extorsionados por los líderes de las organizaciones para asistir a la marcha del 20D. “La línea va a estar abierta para aquel que se sienta amenazado por algún puntero que le diga que si no llegan a ir a la marcha, le quita el plan”, puntualizó Adorni, quien sostuvo que el Gobierno espera que la jornada de protesta de mañana transcurra en “absoluta paz”. Será una primera prueba de fuego para la nueva doctrina de Milei para poner límites a los piquetes.

Adorni defendió el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales para impedir los cortes de calles o bloqueos a rutas y empresas que presentó Bullrich la semana pasada. Esa resolución fue cuestionada por las organizaciones sociales y agrupaciones kirchneristas y de izquierda, que advierten que criminaliza la protesta social.

Amparo judicial y rechazo de Kicillof

En las últimas horas el CELS elevó un reclamo ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que “exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”. Esa presentación generó la reacción de los colaboradores de Bullrich, quienes hacen hincapié en dos o tres ejes argumentativos para defender el nuevo protocolo. Consideran que establece un procedimiento de actuación de las fuerzas federales y no incluye novedades en términos de derechos, obligaciones y prohibiciones. Dicho de otro modo: creen que no afectan el derecho a protestar y que los efectivos tienen la obligación de intervenir ante un delito flagrante como el bloqueo de rutas o calles, que está tipificado en el artículo 194 del Código Penal.

Repiten, además, que los efectivos actuarán hasta despejar “totalmente” el espacio de circulación y que, para llevar adelante las medidas, emplearán la “fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia de los manifestantes”. Emplearán armas no letales para despejar y “la concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que incidiesen en la libre circulación de vehículos”.

Hoy, el abogado Daniel Valmaggia presentó un recurso de amparo para que la Justicia declara inconstitucional el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público y pidió suspenderlo de manera inmediata. El expediente quedó en manos de Santiago Carrillo, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Número 3. “Con el protocolo se está declarando un Estado de Sitio al pulverizar los artículos 14, 14 bis y 16 de la Constitución, que refieren al libre derecho a reunirse, a peticionar ante las autoridades. Además, lo que hace la normativa es darles a las fuerzas de seguridad el control operacional de la prohibición de la reunión con fines pacíficos”, argumentó Valmaggia.

En el Ministerio de Seguridad esperan que la Justicia rechace esa presentación en las próximas horas. “Estamos esperando la respuesta”, señalan.

Mientras tanto, el gobierno de Axel Kicillof ratificó que no planea adherir al protocolo antipiquetes que diseñó Bullrich. Javier Alonso, sucesor de Sergio Berni en Seguridad, dijo que tienen una “metodología propia”. “Es una decisión de ellos, nosotros tenemos nuestra forma de trabajar en nuestro ámbito de competencia”, apuntó en diálogo con Radio 10.

Alonso evitó confrontar con Bullrich y criticar la nueva doctrina, pese a que tomó distancia. En cambio, Carlos Bianco, uno de los colaboradores más estrechos de Kicillof, dijo que le nuevo protocolo “criminaliza la protesta”. En la Casa Rosada esperaban que los funcionarios bonaerenses cooperen en los ingresos a la Capital.

Conforme a los criterios de

Conocé más