Patagonia rebelde. Sangre y fuego, paisajes de una región que perdió la paz
La Patagonia es escenario de conflictos políticos, económicos y sociales cruzados por el denominador común de la irracionalidad y la violencia.
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LA NACIONCarlos M. Reymundo Roberts
BARILOCHE.- Extraña Patagonia la que se recuesta sobre la Cordillera de los Andes. Paisajes de una belleza que corta la respiración son el escenario de conflictos políticos, económicos y sociales cruzados por el denominador común de la irracionalidad y la violencia.
Como una postal deshecha a tijeretazos, esa violencia se vuelca contra la propia geografía: ya quedan pocas dudas de que los incendios que la semana pasada arrasaron 8000 hectáreas de montes y caseríos en Río Negro y Chubut fueron, en su mayoría, intencionales. Muchos ven ahí la mano de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que una y otra vez ha recurrido al fuego como forma de presentar sus reclamos.
El presidente Alberto Fernández aterrizó el sábado pasado en Lago Puelo (Chubut), villa turística que todavía estaba cercada por las llamas, para recorrer la zona y anunciar el inmediato envío de fondos destinados a paliar la emergencia. Pero activistas que se oponen a proyectos mineros en la meseta central de la provincia, a más de 500 kilómetros, lo recibieron con una lluvia de piedras sobre la camioneta que lo trasladaba. Eran 15 o 20 personas; de los cinco detenidos por ese ataque, liberados a las pocas horas, cuatro son docentes. “Hoy ya estarán en las aulas dándoles lecciones a nuestros hijos”, dijo a LA NACION una vecina de Lago Puelo.
El día antes, el intendente de El Bolsón (Río Negro), Bruno Pogliano, hablaba con pobladores del paraje de Cuesta del Ternero cuando, según su testimonio, unas 15 personas que estaban encapuchadas o con la cara pintada de negro lo amenazaron y retuvieron con machetes y cuchillos. Un video anónimo y de cuidada edición que circuló después, para desmentir que haya sido una intimidación, explica que “la vestimenta y las herramientas” del grupo denunciado por Pogliano son las que se usan para combatir las llamas, y que el tizne se debe a que “así quedan las caras cuando se trabaja protegiendo el bosque”.
“Fue la RAM”, declaró la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Otros ataques
También el auto de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, fue atacado meses atrás por un encapuchado cuando intentaba dialogar con mapuches que cortaban la ruta 40 en Villa Mascardi. En noviembre, otro grupo de mapuches con sus cabezas cubiertas invadieron y profanaron la parroquia Nuestra Señora de Luján, en el centro de la ciudad, y golpearon a uno de los sacerdotes.
En la región cordillerana de Río Negro y de Chubut, hechos de esta índole se repiten con tanta frecuencia en los últimos cuatro años que parecen haber sido naturalizados. El debate tras la agresión al auto de Alberto Fernández reparó en el nivel de responsabilidades, pero no en que una veintena de vecinos no encontrara otra forma de reclamo que poner en riesgo la vida del Presidente. Lo que en otras ciudades del país se expresa con piquetes y pancartas, aquí toma el cauce de palos y piedras.
Referentes de diversos sectores consultados por LA NACION coinciden en que el clima de beligerancia es obra de los “antisistema”: no solo mapuches radicalizados, sino activistas que se mueven por fuera de estructuras formales de partidos, gremios o agrupaciones ambientalistas. Abrazan grandes causas, como la megaminería, el agua y la titularidad de la tierra. No son muchos, advierten, pero sí organizados y violentos.
“Lo que se ve en la Cordillera son anarquistas y trotskistas, con los cuales es muy difícil entablar diálogo o negociaciones –dice Alberto Weretilneck, senador nacional y exgobernador de Río Negro–. La RAM directamente no reconoce al Estado argentino y a ninguna de sus autoridades”. Entre las primeras víctimas del ataque a la parroquia de El Bolsón estuvo una bandera argentina, arrancada del mástil y cubierta con pintura roja.
Es una zona de “conflictos complejos”, afirmó el lunes en Neuquén la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
Miguel Pichetto, exsenador por Río Negro, sostiene que “la Patagonia está en riesgo de fragmentación y disgregación por el avance desatado de procesos anárquicos que no se sabe cómo pueden terminar”.
Extremismo mapuche
Se sabe, sí, cuándo empezó el desafío del extremismo mapuche, cabeza de playa de una metodología que ahora es moneda corriente: la usurpación por parte de la comunidad Lafken Wincul Mapu, en 2017, de un predio de la Administración de Parques Nacionales sobre la mítica ruta 40, frente al lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. En el edificio principal, que había sido hotel, iba a funcionar la Escuela de Guardaparques. En la entrada colgaron un cartel: “Territorio mapuche recuperado”. Todos los intentos por retomar el predio, incluso con despliegue de tropas y tanquetas, terminaron en fracaso. A lo sumo 20 personas pudieron más que el Estado argentino. Hoy viven a metros de allí en una construcción precaria semioculta en la espesura del bosque. Se procuran recursos talando árboles que después venden como leña. El edificio fue progresivamente saqueado, vandalizado e incendiado. El martes, una nueva columna de humo se desprendía de sus techos.
A esa usurpación le siguieron muchas otras. Una de las más emblemáticas fue, en abril del año pasado, la del complejo Hueche Ruca (Casa de Jóvenes), del Obispado de San Isidro, también en Mascardi. El cuidador del predio se enteró de que algo pasaba cuando le cayó encima una montaña de piedras. El Obispado apeló a la Justicia, que ordenó el desalojo; el fallo fue confirmado en cuatro instancias sucesivas, pero el complejo de 20 hectáreas sigue en poder de la comunidad Lafken Wincul Mapu, liderada por “Machi” Betiana Colhuan, de 19 años. “La Iglesia se resiste a forzar el desalojo porque quiere evitar que allí corra sangre”, explica Ernesto Saavedra, un abogado de Bariloche que patrocinó al Obispado de San Isidro. Dice que, a estas alturas, de Hueche Ruca queda poco y nada.
La misma suerte corrieron, cerca de allí, instalaciones de Gas del Estado y casas, galpones, maquinarias y autos de particulares: todo reducido a escombros y cenizas. El héroe de los que resisten la avanzada es Diego Frutos, que perdió su casa en Mascardi y terminó en un hospital después de ser golpeado por encapuchados, pero sigue presentando batalla y graba fogosos videos que se viralizan en las redes sociales.
Protección del Estado
“El problema es que la RAM tiene protección del Estado y además está asesorada por abogados que son elementos residuales de los años 70, como Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía [exjefes Montoneros, radicados en el sur]. Aprovecharon que hay sectores mapuches con necesidades no satisfechas y potenciaron sus reclamos”, apunta Saavedra, cuya casa también fue blanco de ataques mapuches.
Weretilneck no cree que Vaca Narvaja y Perdía jueguen un papel relevante. “Ellos no son antisistema; son parte del sistema. A la RAM, el principal asesoramiento le viene de Chile”. En ese país, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es el brazo armado de la reivindicación mapuche y una suerte de hermana mayor de la RAM.
Para Sergio Capozzi, vicepresidente del Pro en Río Negro, no solo hay debilidad del Estado, sino complicidad. “El gobierno nacional hoy de hecho protege a los mapuches radicalizados a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas [INAI, dependiente del Ministerio de Justicia], comandado por Magdalena Odarda, que les ha reconocido derechos de propiedad e incluso los apoya logísticamente”.
Odarda, una abogada cordobesa radicada en Viedma que desde la Coalición Cívica alcanzó una banca en el Senado, en 2017 dejó la agrupación de Lilita Carrió y constituyó un nuevo partido que se alió con el kirchnerismo. Su segundo en el INAI es Luis Pilquimán, mapuche, sorprendido meses atrás cuando trasladaba en un auto oficial a una familia al asentamiento de Villa Mascardi.
“Pero ojo, no nos confundamos: cuando hablamos de los mapuches que desafían al Estado estamos hablando de no más de seis familias”, dice Capozzi. En la misma línea, Weretilneck apunta que en Río Negro hay 61 comunidades de ese origen y hasta escuelas bilingües. “El 99% de los mapuches están integrados a la sociedad”.
Aun admitiendo que se hable de la región como “un polvorín”, dado el contexto de enorme marginalidad y desigualdad en la periferia de muchas ciudades, Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche, también llama a no magnificar el problema. “El análisis que se hace desde Buenos Aires sobrevalua lo que pasa acá. En Mascardi son apenas 10 o 15 personas”.
Las causas de la violencia
En opinión de muchos, si el fenómeno de la violencia no deja de crecer se debe, en primer lugar, a que el Estado se ha mostrado impotente para castigarla. Ni los gobiernos, ni el marco legal, ni la Justicia han sabido ponerle freno. “Se perdió el respeto a las instituciones, a los políticos y a la Justicia, que no penaliza al que viola la ley –dice Oscar Currilén, intendente de El Maitén (Chubut) y exdiputado nacional, de padre mapuche–. El ciudadano común no tiene amparo ante el fenómeno de las usurpaciones. Muchas de las casas que se quemaron en este incendio estaban en terrenos ocupados ilegalmente. Ahora el gobierno se las va a reponer porque, claro, no se puede dejar a la gente en la calle”.
Pichetto sostiene que la muerte del mapuche Rafael Nahuel en noviembre de 2017, durante un enfrentamiento del Grupo Albatros, de la Prefectura Naval, con la comunidad instalada en Villa Mascardi, supuso un antes y un después. “La repercusión de ese caso, que siguió al de Santiago Maldonado, dejó a las fuerzas de seguridad prácticamente inmovilizadas, sin posibilidad de actuar. Les ataron las manos”.
La cuidada estrategia de la RAM, señala Weretilneck, también explica que sus acciones resulten impunes. “Invaden, saquean, destruyen, queman, pero generalmente lo hacen de noche, en la clandestinidad, y no es fácil perseguirlos. Cuando aparecen están encapuchados y sin armas, por lo cual estamos ante la figura de daños o vandalismo, que son delitos o contravenciones de penas chicas y en la mayoría de los casos de jurisdicción provincial, no federal”.
El debate de fondo en esta Patagonia majestuosa, infinita y despoblada sigue siendo la titularidad de la tierra. Ser “dueño” de una propiedad puede significar, aquí, muchas cosas: que se compró cumpliendo todos los requisitos, que hay una habilitación precaria de uso, que fue entregada por algún gobierno pero sin papeles o que es el resultado de una ocupación o una usurpación. A la vera de la ruta 40, cerca de El Bolsón, un cartel dice: “Se venden 20 hectáreas, con título”.
“Para los pueblos indígenas, la tierra es la vida”, ha dicho Pilquimán, el vicepresidente del INAI, que además es miembro del denominado “Parlamento Mapuche”.
“La lucha por la tierra en la Patagonia básicamente se representa como el enfrentamiento entre dos polos, los terratenientes y los mapuches, lo cual hace difícil que se consiga establecer una discusión racional”, dice Cristian Aliaga, periodista y escritor, director del periódico digital El extremo sur.
A veces, los extremos pueden encontrarse. “El 80% de los empleados de las estancias de Benetton [900.00 hectáreas] son mapuches”, apunta Currilén.
Desde una posición cercana a las demandas de las comunidades indígenas, Gonzalo Pérez Álvarez, doctor en Historia y director del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, en Chubut, afirma que aun después de 140 años de la campaña del desierto de Roca sigue imperando en la región la lógica de la conquista. “Pueblos conquistados por el Estado argentino fueron arrasados y nunca se les respetó sus derechos ni hubo políticas de inclusión, lo cual no significa necesariamente que todas las tierras reclamadas por las comunidades mapuches les pertenezcan”. Los militantes de esa causa, dice, “son pocos, pero en algunas ciudades tienen mucho apoyo social”.
Gennuso afirma que subsiste en la sociedad mucho racismo contra los pueblos originarios. “Yo no puedo ser hipócrita porque oigo cuando algunos los tratan de ´indios de mierda´”.
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, no está de acuerdo con que se hable de una región conflictiva en la que impera la violencia, y de hecho no quiso abordar el tema. “Hay hechos puntuales, muy específicos. Hagan ustedes la interpretación que les parezca”. Los intentos de LA NACION para entrevistar al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, fueron infructuosos.
El voraz incendio de la semana pasada, con varios focos simultáneos que solo se explican por una acción deliberada, dejó un saldo de tres muertos y 8000 hectáreas devastadas. En la Patagonia andina, la historia se está escribiendo con sangre y fuego.
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