El paro contra el Gobierno se hizo fuerte por la falta de transporte, pero hubo actividad

Desde sus albores, el segundo paro general convocado por la CGT contra el gobierno de Javier Milei exhibió imágenes dispares. El transporte, transformado en la clave del éxito de la medida, respondió en forma casi total a la convocatoria gremial, a pesar de que hubo líneas de colectivos activas. Los comercios fueron los que exhibieron mayor nivel de actividad, y en las calles se notó el efecto de la huelga, pero se mantuvo un flujo de movimiento de gente. Sin embargo, en el sindicalismo celebraron la contundencia del paro y hablaban de la medida más fuerte de los últimos 20 años. Destacaron, además, una salvedad: no hubo cortes y piquetes, como sucedió en las huelgas que se le activaron a las diferentes gestiones kirchneristas y a la de Cambiemos.

La adhesión casi total de los gremios del transporte, el músculo más vigoroso para garantizar alto acatamiento en una huelga, condicionó el normal funcionamiento de actividades que no estaban dispuestas a paralizarse. El Gobierno tomó nota de esta cuestión y desplegó inspectores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para verificar que las empresas de colectivos prestaran servicios. El Estado tiene un rol decisivo porque es el que aporta los subsidios, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la evaluación que se hizo en la Casa Rosada, el 40% de los colectivos funcionó.

El portavoz presidencial Manuel Adorni, en línea con lo que más temprano había declarado el secretario de Transporte, Franco Mogueta, confirmó que se les descontaría el día a aquellos que no asistieran a trabajar. Tampoco les pagarán los subsidios a las empresas que hayan sido cooperativas con el paro de los gremios.

“El paro no tiene contundencia”, dijo por la mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que denunció “ataques mafiosos” a colectivos que circulaban por el conurbano bonaerense. Los impulsores de la protesta, en cambio, celebraron “un paro casi total” y proyectaron comparaciones con lo que fueron las medidas contra Fernando de la Rúa, el 13 de diciembre de 2001, o la del 8 de agosto de 1996, la primera reacción masiva contra Carlos Menem.

La huelga se concretó en un contexto de alta inflación, aunque con una gradual desaceleración, con el Gobierno muy activo para regular las paritarias y dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que contempla fuertes caídas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales y el salario mínimo, y también de los haberes jubilatorios.

Además, tuvo como una de sus finalidades condicionar la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos porque incluye una reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias.

Los gremios intentaban que el impacto de la huelga, que contó con el respaldo político del peronismo y las fuerzas de izquierda, fuera el más contundente de los últimos 20 años. Ni las diferentes gestiones kirchneristas ni la de Cambiemos habían logrado unir el rompecabezas sindical. Hay que remitirse a la crisis de 2001 o al segundo mandato menemista para encontrar una confluencia multisectorial como la que articuló este jueves. Se unieron en rechazo al ajuste y a las reformas libertarias las tres centrales obreras, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y agrupaciones estudiantiles. Hasta se apilaron adhesiones de diferentes centrales sindicales del exterior con advertencias sobre lo que consideran un dramático aceleramiento de la crisis económica y social desde la llegada de Milei al poder.

En el Congreso, avanza en un proyecto de reforma laboral más acotado de lo que pretendía imponer por decreto Milei y la posible vuelta del impuesto a las ganancias a partir de los salarios superiores a $1.800.000, para los solteros, y a $2.200.000, para los casados con dos hijos. Esto abriría un foco de conflicto adicional con los gremios de personal con salarios más altos, como bancarios, petroleros y transportistas. Se trata del mismo tributo a los salarios que Milei, como diputado nacional, votó por eliminar. Eran tiempos de campaña electoral. Ahora, con este atajo, el Presidente busca compensar la caída en la recaudación de las provincias y garantizarse su apoyo a la Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en Diputados y se debate en comisión en el Senado.

Como parte de su estrategia, la CGT buscó con el paro condicionar la votación de la Ley Bases.

“Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, enumeró la CGT en un inédito comunicado conjunto con las dos vertientes de la CTA. En las centrales sindicales hay pocas expectativas de que el paro de ayer modifique el vínculo con el Gobierno.

Así y todo, la CGT llevó adelante el segundo paro general en cinco meses. Lo hizo a pesar de haber abierto un canal de diálogo con el Gobierno, hace un mes, en lo que fue el primer intercambio oficial. Aquel primer mano a mano, del que participó Santiago Caputo, asesor de Milei, sirvió para destrabar la paritarias de los camioneros y acotar los alcances de la reforma laboral. Los gremios, sin embargo, mantuvieron la guardia en alto y resolvieron no abrir un periodo de tregua. En la CGT se atribuyen la representación de otros sectores que están dispuestos a confrontar contra el Gobierno y los sindicalistas creen que podrían capitalizar este momento, en el que el peronismo atraviesa una crisis interna después del revés electoral del año pasado.

La participación del transporte en su conjunto garantizó dificultades para llegar a los lugares de trabajo. La falta de colectivos, trenes y subtes implicó un cambio medular con respecto al primer paro que realizó la CGT, el 24 de enero pasado, cuando los servicios se mantuvieron casi todo el día y los gremios se movilizaron al Congreso para rechazar la Ley Bases. La apuesta de los gremios ayer fue escenificar su poder, condicionar a los legisladores y forzar a Milei a sentarse a negociar con los que el Presidente considera “la casta”.

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