Paro de transporte. El universo de los sindicalistas que pueden frenar los vuelos en el país
Basta con que un sector adopte una medida de fuerza para que toda la actividad se detenga; el conflicto se agudizó por la intención del Gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas, que tiene poco más de 10.000 empleados; la semana que viene, volverían las escenas de pasajeros varados en los aeropuertos
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LA NACIONNicolás Balinotti
Si el Gobierno no fuerza una conciliación obligatoria, el miércoles próximo habrá un paro nacional de transporte, que nació en rechazo a la intención oficial de privatizar Aerolíneas Argentinas, entre otras demandas. Esto deja en evidencia la articulación de los gremios aeronáuticos con Pablo Moyano, integrante del triunvirato de mando de la CGT y número dos del sindicato de los camioneros.
En el universo aeronáutico hay alrededor de 15.000 trabajadores distribuidos en ocho gremios que tallan en el sector. La gran empleadora es la estatal Aerolíneas Argentinas, con 10.500 personas. El resto forman parte de las nóminas de las low-cost o de otras empresas del rubro.
El gobierno de Javier Milei intentó avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas a través de la Ley Bases, pero no pasó el filtro de la oposición en el Congreso. Por eso, el Presidente emitió hace un mes un decreto que la declara “sujeta a privatización”. En paralelo, habilitó dos proyectos en la Cámara de Diputados que van en el mismo sentido, pero que por ahora no tienen visos de progresar. Uno es impulsado por Pro y el otro por la Conciliación Cívica. Milei reconoció que puede haber otra salida. “La estamos proponiendo privatizar y, si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregársela a los empleados”, dijo la semana pasada en LN+.
A diferencia de otras actividades, los aeronáuticos marcan un récord en la tasa de sindicalización, con picos de más de 90%, salvo en los casos de las low-cost Flybondi y Jet-Smart. ¿Les dará Milei el manejo de Aerolíneas Argentinas a los gremios?
El rompecabezas de sindicatos aeronáuticos se agrietó cuando el Gobierno avanzó con el plan de retiros voluntarios y la reducción de la estructura, y se plantó en su política salarial con ofrecimientos en paritarias de 7% en mayo y un 0% para los siguientes cuatro meses. La mayoría de los sindicatos rechazó la oferta y se abrió el conflicto que derivó en una sucesión de paros que afectaron a miles de pasajeros. Esa pulseada aún no está saldada.
Los dos únicos que aceptaron el aumento de mayo fueron la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, a cargo de Ricardo Cirielli, y la Unión del Personal Superior Aeronáutico, al mando de Rubén Fernández. “Lo aceptamos, pero seguimos un 60% abajo de la inflación”, aclaró Fernández, un aliado histórico de Hugo Moyano, que ahora tomó distancia del bloque combativo que impulsa Pablo. Calculan los sindicatos que la caída salarial en comparación con la inflación fue del 77% desde que comenzó la gestión de La Libertad Avanza.
Con Cirielli y Fernández apostando al juego propio, el resto de los sindicatos decidió unirse y armar un bloque común, en el que conviven dirigentes de la CGT, de las dos vertientes de la CTA, peronistas y hasta trotskistas.
El sindicato más poderoso, por su cantidad de afiliados e influencia, es la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza el kirchnerista Edgardo Llano. Tiene 8000 afiliados, muchos de ellos afiliados a La Cámpora, y nuclea a maleteros, administrativos, sector de rampa, de free-shop y de check-in, entre otros. También cobraron protagonismo Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Pablo Biró (Pilotos), ambos alineados con el moyanismo. Al margen de las posturas y las divisiones, el sector aeronáutico es particularmente sensible a la conflictividad gremial porque basta con que adhiera una sola rama para que la actividad se detenga.
Detrás de la pulseada entre Aerolíneas y los gremios
La pulseada entre Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos se extiende mucho más allá de la pelea por un incremento salarial y la posible privatización de la aerolínea estatal. Para ambas partes está en juego la redefinición de la política aerocomercial y un cambio en las condiciones laborales, con reducción de costos, flexibilización de leyes y controles y hasta el posible final de los convenios colectivos.
Los gremios clásicos y tradicionales rechazan de manera unánime la decisión de abrir cada vez más rutas a las low cost, a las que consideran como un desafío a su poder de representación. No poder afiliar a los trabajadores de las líneas de bajo costo inquieta a los sindicalistas. Leen con preocupación que se agranda el mercado, pero que se les achica su negocio, según interpretan fuentes oficiales.
El Gobierno se encontró en la justicia laboral con un obstáculo en su intento por neutralizar a los sindicatos de esta actividad. En un fallo de primera instancia, el Juzgado de Trabajo N° 42, a cargo de Ricardo Hierrezuelo, dejó sin efecto los decretos presidenciales que establecían al servicio aeronáutico como esencial. Hierrezuelo reforzó su argumento con la resolución del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que blinda el derecho de huelga y lo considera legítimo.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, un histórico habitué de las conferencias anuales de la OIT, reconoció en reserva que instrumentar la esencialidad no sería una tarea sencilla. Si se resuelve en el corto plazo la judicialización del decreto, la cartera laboral debería convocar a una comisión de garantías para acordar la implementación de la esencialidad. La comisión estaría integrada por dos representantes de la compañía (en este caso, Aerolíneas Argentinas), dos representantes sindicales y dos académicos vinculados al derecho laboral.
Cordero ya definió que el experimentado abogado Guillermo Comadira presida la comisión en caso de conformarse. De no alcanzar un acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo podría intervenir de manera directa. “¿Cómo definimos qué avión sale y cuál no?”, se preguntaron en un despacho oficial. “Si no cumplen con las conciliaciones obligatorias podría haber medidas contra los gremios, desde sanciones económicas hasta la quita de la personería gremial”, respondió Cordero recientemente frente a un auditorio de estudiantes. Surge un problema ante el paro de transporte del miércoles próximo: los aeronáuticos tienen agotadas las instancias de conciliación, por lo que en ese sector la huelga sería inevitable.
Pasajeros varados y nuevo paro confirmado
En el comunicado emitido para ratificar el paro de transportes del próximo 30 de octubre, el conflicto aeronáutico ocupa un lugar de relevancia entre los argumentos esbozados. “Es en reclamo al ajuste impulsado por el gobierno de Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza”, consignaron.
La llamada Mesa Nacional del Transporte confirmó la medida de fuerza tras un encuentro que fue encabezado por Moyano, escoltado por su hijo Pablo. Participaron Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Brey (Aeronavegantes) y Biró (APLA), expulsado días atrás del directorio de Aerolíneas Argentinas, otro capítulo de la disputa.
“En su doble rol de dirigente del gremio APLA y como director de la compañía, tan solo este año, Biró participó y promovió 13 medidas de fuerza contra la aerolínea, muchas de ellas escudadas en supuestas asambleas informativas que en realidad eran paros encubiertos. Como agravante, y ante los esfuerzos de la compañía por mitigar el impacto de estas acciones en los planes de viaje de sus pasajeros, las medidas fueron adaptadas por los gremios para provocar el mayor daño posible en la operación, corriendo los horarios de las protestas para afectar la mayor cantidad de vuelos posibles”, acusó la empresa.
Las imágenes de pasajeros varados durante jornadas interminables por las medidas de fuerza se convirtieron este año en postales del complejo conflicto, que sigue latente y abre nuevos frentes. El próximo miércoles se pueden volver a repetir.
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