El Gobierno envía una amplia moratoria al Congreso: beneficia a las empresas pero impone condiciones a las más grandes
La agenda económica no puede seguir esperando a que finalice la cuarentena por el coronavirus. Esa es la premisa que ganó terreno en los últimos días en la Casa Rosada, donde pretenden retomar la iniciativa con una serie de anuncios para el sector productivo, notoriamente alicaído y endeudado por las extendidas medidas de confinamiento.
En esa línea, el Gobierno envió hoy a Diputados un proyecto de ley de moratoria de amplio alcance, que abarcará grandes empresas, pymes, monotributistas y autónomos, de modo de aliviar sus deudas y evitar que se sigan quedando en el camino durante la pandemia.
El espíritu de la nueva iniciativa, bautizada internamente "moratoria universal", es que "incluya a todos". Es decir, a todas las personas humanas y jurídicas sin importar su tamaño, aunque impone condicionamientos para las grandes empresas.
Durante 24 meses las empresas de mayor tamaño no podrán distribuir dividendos, ni "realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria", así como tampoco acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas en el exterior. El Gobierno reconoció que "es la primera vez que en una moratoria se incluyen estos compromisos concretos", con el objetivo que las grandes empresas reinviertan sus utilidades.
El proyecto contempla como contribuyentes a todas las personas humanas y empresas; incorpora a actores como fundaciones, clubes deportivos y consorcios y abarca todo tipo de impuestos, desde Ganancias hasta IVA (solo quedan afuera los aportes a las obras sociales y a las ART).
De esa forma, el proyecto amplía el universo de contribuyentes previsto en el plan de Moratoria 2020 actual, que -en el marco de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- alcanzaba solo a pymes, monotributistas y autónomos con la condición de que tuvieran su Certificado Mipyme.
Los detalles de la iniciativa
Según informaron fuentes oficiales, los beneficios de la moratoria estarán segmentados. Dependiendo del tamaño de las empresas que se adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 cuotas (para las grandes empresas) o 120 cuotas (para personas humanas y pymes) para las obligaciones tributarias y aduaneras; y tener hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones de la seguridad social. Prevé, además, una "condonación parcial de intereses y total de multas".
"Los problemas dejaron de ser finiancieros y pasaron a ser problemas de solvencia serios con la irrupción del Covid-19", reconoció la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un anuncio grabado en la Casa Rosada. "El objetivo es extender a todos los contribuyentes el alcance de la moratoria", agregó la funcionaria, que trabajó en la elaboración del proyecto junto al equipo económico.
Respecto a la financiación, el proyecto prevé que hasta enero del 2021 se pague con una tasa de interés inicial fija de 2% y que a partir de ese momento comience a regir una tasa variable.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas dijo: "Hemos notado un deterioro de la actividad económica que ha implicado a un aumento de las deudas impositivas y un daño que llega a amplias capas del tejido productivo".
"La idea es que las empresas puedan salir de la crisis con una menor carga para que, cuando termine esta pandemia y salgamos adelante con nuevos planes para el crecimiento económico y social, estén reestructuradas sus deudas impositivas y previsionales", agregó.
La fecha de corte será para deudas vencidas a 30 de junio. Habrá tiempo para adherirse hasta el 31 de octubre y las primeras cuotas se empezarían a pagar recién el 16 de noviembre.
Moratoria ante el desplome
El Gobierno está decidido a "blanquear" a todos los contribuyentes, así implique un notable golpe a la recaudación. El presidente Alberto Fernández entiende que es imperioso tomar una serie de medidas para auxiliar al sector productivo, cuando se registró la caída de la actividad más importante en la historia, con un desplome interanual en abril de un 26,4%.
En el primer semestre del año, la AFIP informó que se recaudaron $2,8 billones, lo que equivale a un crecimiento nominal de 26,7%, pero una caída real del 15%, según informó LA NACION. Actualmente, la deuda exigible no regularizada y regularizada asciende a más de 500.000 millones de pesos.
El Gobierno acelera así un nuevo marco de alivio tributario cuando, en Diputados, Máximo Kirchner y Carlos Heller pretendían darle impulso a su proyecto de ley para gravar las grandes fortunas. Tal como publicó LA NACION, los diputados oficialistas esperaban primero contar con luz verde del ministro de Hacienda, Martín Guzmán.
En la Casa Rosada confiaban este martes en conseguir los consensos legislativos para poder avanzar con la moratoria. Argumentaban que la oposición en distintos proyectos de ley introdujo artículos relativos a moratorias para distintos sectores productivos.
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