Para que un cambio sea posible hace falta voluntad política

¿Qué podemos hacer para combatir la corrupción en nuestro país? Desde hace muchos años, la Argentina es percibida interna y externamente como un país con una fuerte presencia de corrupción. Surge de percepciones de expertos e inversionistas, y surge de encuestas realizadas a los ciudadanos. Lo que nos preguntamos cuando aparecen estos datos, o en los momentos trágicos cuando le vemos la cara a la corrupción, es qué tenemos que hacer para combatirla.

Hay una respuesta integral que tiene que ver con la educación y la cultura, con nuestro comportamiento y el de nuestros funcionarios. Mejorar todo eso, castigar con nuestro voto, fomentar una cultura de la transparencia y una educación en valores son respuestas que surgen rápidamente.

Sin embargo, si observamos qué hacemos hoy para combatir la corrupción veremos otros indicios de nuestras debilidades. Actualmente en nuestro país no existen organismos de control que sean tenidos en cuenta seriamente a pesar del importante rol institucional que la letra dice que tienen. La Oficina Anticorrupción no lleva adelante investigaciones relevantes que involucren a funcionarios públicos.

La Auditoría General de la Nación trabaja siguiendo proyectos y programas, pero rara vez es escuchada por el propio Congreso de la Nación, que es para quien trabaja. El control interno que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) tiene que hacer del Poder Ejecutivo brilla por su ausencia.

¿Nos podemos seguir preguntando qué pasa con la corrupción en nuestro país después de observar a las instituciones que la deben investigar?

Básicamente, se la controla poco y nada. Las causas que llegan a la Justicia, si es que subsisten, se dilatan en promedio de 10 a 14 años. Lamentablemente, muchas veces terminan prescriptas. Básicamente en nuestro país hablar de corrupción es hablar de impunidad.

No se investiga. Cuando se investiga se dilatan los procesos, y finalmente nadie es castigado. La impunidad es el socio ideal de la corrupción, y parece que en la Argentina esta asociación funciona aceitadamente.

La situación requiere voluntad política para ser revertida. Al fortalecimiento de los organismos de control deben sumarse legislación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos de corrupción, la introducción de la figura del cooperador para fomentar las denuncias de corrupción, como también incorporar medidas adecuadas para la protección de partícipes, testigos y denunciantes de corrupción.

Al mismo tiempo, se deben analizar los tiempos en los cuales las causas prescriben, para que esto no termine siendo una estrategia de las defensas de funcionarios poderosos que gozan de los recursos necesarios para dilatar los procesos.

Quizás algunas de estas medidas que consideramos necesarias puedan ayudar no solamente a que la percepción de la corrupción mejore, sino también a que la vida de los argentinos esté protegida de este flagelo.

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