Para el Ministerio de Justicia, hasta que no haya una sentencia que diga que son "tomas de tierras", las usurpaciones no son ilegales

En el informe ante el Senado que efectúa esta tarde el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el Ministerio de Seguridad volvió a despegarse de las usurpaciones y consideró que las toma de tierras no son un problema "prioritariamente" de inseguridad. Además, la cartera que comanda Sabina Frederic considera que hasta que una sentencia judicial no diga que se trata de una "toma de tierra", no se puede hablar de un hecho ilegal.

La posición de Frederic quedó expresada en al menos cinco preguntas de las que los senadores le hicieron a Cafiero antes de su visita a la Cámara alta, y que el jefe de Gabinete giró a cada dependencia para que respondiera dentro del Informe de Gestión 127, que cuenta con 706 páginas.

La pregunta número 11 de las 760 que respondió el Ejecutivo, del senador fueguino Pablo Blanco (UCR), decía: "Ante las declaraciones de la Ministra de Seguridad Interior, Sabina Frederic, respecto de que las tomas de tierras no son un tema de Seguridad sino una cuestión habitacional, ¿Qué actitud adoptará el Gobierno en defensa de la propiedad estatal y privada frente a estos delitos?".

La respuesta fue: "El Ministerio de Seguridad informa que el planteo realizado por la Ministra de Seguridad ha sido que la problemática del acceso a la vivienda y la toma de tierras no puede reducirse a un abordaje secundario".

"En este sentido y al tratarse de un tema complejo que tiene varias aristas (entre ellas la seguridad), cabe señalar que ante una toma de tierras es el Poder Judicial el que define el criterio a adoptar y ordena al Ministerio de Seguridad Nacional o Provincial y a las fuerzas policiales y de seguridad que les dependan, como auxiliares de justicia, la acción a adoptar", agregó el ministerio en su respuesta.

En el siguiente párrafo, explicaron: "Pero además Argentina es un país que posee enormes desigualdades, entre las cuales el acceso a la vivienda (cuyo déficit se estima en 4 millones de viviendas) y la toma de tierras son una expresión de las mismas, por lo que se debe comprender que la solución de los problemas sociales mediante el uso de la fuerza es una última ratio ante la conflictividad".

"Por ello, es fundamental comprender que, incluso el Poder Judicial, advierte que el problema de la toma de tierras es, por un lado, un problema del orden legal y, por el otro, un problema estructural", dijeron, y agregaron: "Es por ello que, en muchas ocasiones, la demora en sentencias u órdenes se relaciona, antes que, con negligencias, con el análisis de cada situación".

En este punto es donde la cartera de Frederic sumó un argumento más a las posturas expresadas en las últimas semanas: "Una vez que la situación se define como 'toma de tierras' mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal. Pero incluso en ese caso, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales y de seguridad que le dependen solo podrán actuar como auxiliar de la Justicia, es decir, ante la emisión de una orden judicial".

"La actual gestión entiende el derecho a la seguridad como la generación de los mecanismos que reduzcan la violencia, el delito y la ilegalidad de maneras progresivas, inteligentes y, en la medida de lo posible, pacíficas", dijo el ministerio sobre su visión de los conflictos.

Luego cerró: "Por ende, se reitera que es evidente que no se trata prioritariamente de un problema de seguridad, sino de justicia la que debe determinar la resolución de la tensión entre el derecho a la propiedad privada de los damnificados y el derecho a la vivienda de los sin techo. Y, como tal, se trata de un problema multidimensional que no puede reducirse a esquemas represivos y punitivitas pues, como tales, no implican resolver el problema de las personas ni el derecho a la vivienda que consagra nuestra Constitución Nacional".

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