Para los empresarios y la CGT, el bono de $5000 será obligatorio
LA NACIONNicolás Balinotti
En el borrador del decreto presidencial que circula entre empresarios y sindicalistas no figura la palabra "obligatorio". El artículo 1° establece una asignación no remunerativa de $5000"para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado".
Sin embargo, para los principales negociadores de la letra chica por parte de las cámaras empresarias y de la CGT no hay lugar para interpretar que no es obligatorio.
"Dice que abarca a todos los trabajadores del sector privado. Con eso nos alcanza", dijo un asesor legal de un gremio que participó de las gestiones.
En la misma línea se manifestó Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Es tajante, jurídicamente no hay ventanas para interpretar que no es obligatorio. Está la salvedad para los sectores en crisis, que deberán mostrar que no están en condiciones de afrontar el pago", explicó el empresario.
La medida, que llevará la firma del presidente Mauricio Macri , se publicaría pasado mañana en el Boletín Oficial . El pago del bono para los trabajadores del sector privado debería abonarse en dos cuotas de $2500 no remunerativos. La primera se concretaría con el sueldo de noviembre y la restante con el de enero. Del proyecto quedan excluidos los empleados del sector público nacional, provincial y municipal.
El Gobierno caerá así en una contradicción al habilitar las sumas no remunerativas. Desde el 1° de agosto pasado, también a partir de un decreto de Macri, se prohibieron los pagos de este tipo con el afán de recaudar más de los aportes y contribuciones de la seguridad social. Hay solo excepciones para las empresas que estén con un Procedimiento Preventivo de Crisis en curso.
Los empresarios hasta último momento intentaron tallar en la redacción del artículo 4°, en el que se detalla cómo podría computarse la asignación no remunerativa. "Para las actividades que acordaron ya una paritaria anual entre 35 y 40 por ciento el bono es una obligación adicional. Es distinto para los que tienen la paritaria en 15, 18 o 25 por ciento", planteó Funes de Rioja.
El capítulo II del decreto establece un procedimiento previo de comunicación para despidos sin causa. Hasta el 31 de marzo de 2019, los empleadores deberán comunicar cada baja con al menos 10 días hábiles de antelación en el Ministerio de la Producción y Trabajo.
El incumplimiento de este punto, como el del pago del bono, contempla sanciones económicas para el empleador. Los montos dependen de la gravedad del incidente y del universo de trabajadores afectados. "No pagar el bono es un incumplimiento salarial, por lo que tiene sus penalidades", reconoció Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y representante de los empresarios en la Organización Internacional del Trabajo.
En la CGT consideran que al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia ya implica un derecho y la posibilidad de un reclamo en caso de no cumplirse.
La cúpula de la central obrera confía en que surjan sorpresas cuando se publique el decreto. Dante Sica y Jorge Triaca les garantizaron a los sindicatos que serán avisados ante algún eventual cambio de fondo en la normativa. Hasta anoche, el borrador acordado el jueves se mantenía sin cambios a pesar del pedido empresario para revisar la manera de computar el pago del bono.
Tanto en el Gobierno como en algunas cámaras empresarias intuyen que con la oficialización del decreto crecerán los pedidos de preventivos de crisis para evitar hacer frente al bono o negociar una forma de pago en más cuotas o por un monto menor.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que encabeza el economista Claudio Lozano, dirigente de la CTA, argumenta que el bono para compensar la caída salarial por la devaluación debería ser de $75.186.
Las tres vertientes de la CTA y el frente sindical que lideran Hugo y Pablo Moyano consideraron "insuficiente" el bono de $5000 y mantendrán su hoja de ruta de protestas. Por lo pronto, el miércoles próximo se movilizarán al Congreso para rechazar la ley de presupuesto que impulsa la Casa Rosada.
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