Para la Justicia, Lázaro Báez era el lavador de la asociación ilícita por la que está acusada Cristina Kirchner

Lázaro Báez tenía asignado el rol de lavador de la asociación ilícita que se le atribuye haber liderado a Cristina Kirchner en la causa en que se la juzga acusada de favorecer con millonarios contratos de obra pública al empresario patagónico. Esta es la conclusión más resonante de las razones que tuvieron los jueces Adriana Palliotti y Néstor Costabel para condenar a Báez por lavado de dinero y la que más complica la situación de la vicepresidenta.

Para entender cómo funciona el esquema hay que considerar que se tratan de dos causas paralelas. Una es el expediente de Vialidad, donde la vicepresidenta está siendo juzgada, acusada de ser jefa de una asociación ilícita junto a Julio de Vido, José López y el propio Báez, entre otros. La otra causa, que ya concluyó con condenas, es aquella la que Báez fue sentenciado por lavar el dinero que le generaron las obras asignadas y que se investigan en la causa de Vialidad.

Ahora los jueces explicaron que Báez había organizado su propia usina de lavado de dinero y hasta pensaba comprar un banco en Panamá, porque tal era el flujo de dinero a blanquear que no le bastaba contratar servicios de terceros. Y fueron más allá: señalaron que entre los roles que tenía cada uno en la organización se había pactado que asumiera el de blanqueador de fondos.

Así, los jueces que condenaron al empresario escribieron: “Báez, en su carácter de un organizador más de la asociación ilícita allí ventilada, y de beneficiario de los fondos públicos desviados fraudulentamente en su favor”, convirtió a Austral Construcciones en “una empresa pantalla, para que fluyeran hacia sus arcas -y se confundieran en su patrimonio- sumas millonarias de dinero detraídos del Estado, en colusión, claro está, con los exfuncionarios públicos de entonces e integrantes de ese consorcio delictivo”. Así se refirieron los jueces a los acusados que están siendo enjuiciados en la causa de Vialidad Nacional, incluida Cristina Kirchner, donde se investiga la asignación supuestamente fraudulenta de esas obras patagónicas.

Este es la consecuencia más complicada que tiene esta condena a Báez para Cristina Kirchner. Pues los dos jueces Palliotti y Costabel expresaron que “por haberse pactado [dentro de la banda] que Lázaro Antonio Báez sería el recipiendario de flujos financieros millonarios, desviados desde el Estado Nacional por quienes compartían membresía con aquél en la asociación ilícita, hasta debió avanzar sobre la toma de control de una financiera ya constituida -SGI S.A. [La Rosadita]-, estructuró un ducto onshore y offshore para canalizar el torrente de dinero ilícito”.

Los jueces hablan de un acuerdo previo de voluntades y asignación de roles para que Báez controle el flujo de dinero “como un integrante más de la matriz de corrupción estatal y corporativa montada para la asignación fraudulenta de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz”.

En ese momento es que señalan “como probabilidad”, que los “ambiciosos planes” del empresario “involucraran el anhelo de adquirir alguna entidad financiera con sede en el exterior”. El indicio en que sostienen esta afirmación es una eventual gestión de Fabián Virgilio Rossi para “la probable adquisición de un banco con sede en Panamá”. Esto le permitiría conectarla con su holding y “expandir su propia usina de lavado de dinero”.

La operación de lavado de dinero por la que Báez fue condenado, para los jueces, está determinada por su sociedad con la organización que es juzgada en la causa contra Cristina Kirchner y por eso debía mantener el control personal sobre la operación. “La especial naturaleza de esta fuente o vertiente preponderante, generadora del torrente de flujos financieros millonarios detraídos del Estado, aunado a que Lázaro Antonio Báez, en colusión con exfuncionarios públicos, integrase, como un organizador más, esa asociación ilícita, son extremos que no deben desdeñarse para explicar el sesgo y modalidades de ejecución de esta operación de lavado de dinero, pues explican, de algún modo, el celo puesto por aquél en mantener las maniobras bajo su férreo control -y hasta donde fuese esto posible-, decidiendo y ejecutando las gestiones en un entorno acotado, no solo familiar sino también profesional”, afirmaron.

Los jueces aseguran que esta operación de lavado, llevada adelante desde la organización que integró y que “incrustó” en Austral Construcciones”, permitió maniobras de autolavado (es decir de blanqueo de sus fondos) y “se convirtió en una forma de asegurar el agotamiento material –o concreción– de los plurales planes delictivos de la asociación ilícita, de la que tomó parte junto a los exfuncionarios públicos de entonces”.

Dijeron los jueces que los fondos que lavó Báez eran “los dineros detraídos del Estado Nacional”, producto del fraude. Eran dineros públicos, que ingresaron a su patrimonio contaminados por la manera fraudulenta con que fueron generados. No son los mismos billetes como para hacer una trazabilidad, dijeron, pero que “no hayan sido imputados por esta operación de lavado de dinero, ninguno de quienes, además de Lázaro Antonio Báez, están siendo enjuiciados en la causa ‘Vialidad’, no resulta óbice para efectuar estas valoraciones”.

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