Javier Milei modificó una norma para la designación del Procurador del Tesoro
El Presidente publicó un decreto para nombrar a Rodolfo Barra; “La urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, indicó
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LA NACION
El presidente Javier Milei nombró este miércoles al nuevo Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, a través del decreto 23/2023. Sin embargo, como el exministro de Justicia menemista superaba la edad máxima de 70 años que podía tener quien ejerciera ese cargo, el libertario sumó otra medida para modificar los requisitos para ser designado y eliminó el de la edad.
En este marco el texto oficial indica que la reforma no se haría por ley, sino por decreto, porque “la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
Como fundamento para eliminar el requisito, el decreto alude al derecho a la no discriminación de las personas mayores. “Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor, quedando prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo”, se indicó en el decreto 21/2023.
Barra cumple 76 años en unos días, y el artículo 2 de la ley 18.777 sostenía que “el Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”, por lo que se debió modficar la norma para nombrarlo.
“El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”, planteó el decreto de Milei, que cita también que “el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015, aprobada por la Ley N° 27.360, dispone que la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad” y “que, asimismo, agrega que los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor, quedando prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo”.
De esta forma, Barra, doctor en Ciencias Jurídicas, quedó habilitado para desempeñarse como el jefe de los abogados del Estado.
Además, a través del decreto 25/2023, se dispuso el nombramiento de Martín Rodríguez Giesso como Escribano general del Gobierno de la Nación, un cargo que se encontraba vacante y que depende del Ministerio de Justicia.
Sívori, a la AFI
Milei también dispuso hoy, por decreto, una nueva intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con amplias facultades para su titular, Silvestre Sívori, que fue designado al frente del organismo.
La medida rige por “dos años o hasta que cesen los motivos que dieron lugar a la intervención”, pero ese plazo podrá ser prorrogado por el interventor por hasta dos años más; es decir, hasta el fin del mandato del líder de La Libertad Avanza.
Durante la intervención, Sívori está facultado a “pasar a disponibilidad al personal que estime conveniente” y “disponer la jubilación extraordinaria de aquellos agentes que, sin perjuicio de su edad, hayan reunido los requisitos para obtener la jubilación voluntaria, y no sean necesarios sus servicios”. También podrá “revisar la administración de fondos reservados y de compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades” y “revisar, coordinar y centralizar la información generada y almacenada en las bases de datos de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional”.
En cuanto a los fondos, el mismo decreto prevé que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse (que fue quien promovió a Sívori a la jefatura de la AFI), podrá “efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias destinadas a financiar los gastos que demanden la aplicación de lo dispuesto por el presente decreto”.
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