Para evitar otro desplante de Máximo Kirchner, el Gobierno modificará el presupuesto por decreto

Entre los compromisos que asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno prometió que el 15 de este mes presentará una modificación del presupuesto en la que formalizará las reducciones del gasto público, la emisión monetaria y del déficit fiscal acordados con el organismo. A sabiendas de que este ajuste significará un nuevo golpe difícil de digerir para el kirchnerismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, esquivará al Congreso y modificará el presupuesto por decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández.

La Casa Rosada quiere evitar más complicaciones en su ya vapuleada gestión económica. El debate parlamentario de un nuevo presupuesto adaptado a los ajustes comprometidos con el Fondo hubiese recrudecido aún más el enfrentamiento con Máximo Kirchner y sus acólitos en el Congreso que, en abierto desafío al presidente Fernández, vetaron el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de 44.500 millones de dólares con el organismo.

Con el DNU el Gobierno también se evita un nuevo bochazo de la oposición que, en diciembre pasado, rechazó en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2022 por considerar “irreales” sus principales proyecciones macroeconómicas. Por caso, Guzmán estimaba que este año el índice de inflación iba a ubicarse en torno al 33% anual cuando la mayoría de las consultoras privadas la situaban por encima del 50%.

En rigor, la decisión de modificar el presupuesto vía DNU resulta un salvoconducto perfecto no solo para el Gobierno sino también para la oposición, que se hubiera visto envuelto en un brete similar al que padeció cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el acuerdo con el FMI para su ratificación. En efecto, si la Casa Rosada hubiese sometido el presupuesto modificado al debate parlamentario, los opositores estarían nuevamente ante el dilema de aprobarlo –y, con ello, quedar pegados al ajuste presupuestario– o de rechazarlo, lo que hubiese implicado un golpe quizás letal a la ya alicaída gestión económica de Fernández.

Igualmente, ni bien el Gobierno haga efectivo su DNU se escuchará un coro de críticas opositoras por haber esquivado al Congreso. “Es una señal mala en términos institucionales. Porque no se trata simplemente de una modificación de los pisos y los techos presupuestarios sino de una reformulación integral del presupuesto a partir de los nuevos parámetros macroeconómicos que se acordaron con el Fondo”, planteó el diputado Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio.

Los ajustes por venir

La modificación del presupuesto se maneja con el mayor sigilo en el Gobierno. Ningún área quiere admitir si sufrirá alguna reducción en sus partidas presupuestarias y los distintos ministerios insisten en que no recibieron consultas del Ministerio de Economía ni enviaron prioridades.

Hay un objetivo primordial, según explicaron fuentes oficiales: ajustar la política monetaria a los parámetros definidos con el FMI, estableciendo límites a la dependencia de la emisión. Es decir, “menos expansión”. Para eso, estarían repasando “punto por punto” los gastos de las áreas.

Una de las variables de mayor rispidez política es el déficit fiscal. El presupuesto modificado deberá contemplar un déficit primario del 2,5% sobre el PBI. La meta es más ambiciosa que la del proyecto de presupuesto 2022 –que la ubicaba en 3,3%– y 1,5 puntos porcentuales por debajo que la de 2021, lo que significará una reducción del 37,5%.

Para cumplir con esta meta de ajuste, el FMI puso en la mira los subsidios energéticos que en 2021 representaron el 2,1% del PBI. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION evitaron anticipar si se incluirá en la modificación presupuestaria el esquema de segmentación y aumento de tarifas que se elabora en la secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez. Lo cierto es que Economía se comprometió a reducir las partidas energéticas en un 0,6% del PBI, con aumentos cercanos al 20% para los sectores de menores ingresos, entre 43% y 45% para la mayoría de los clientes, y de hasta el 200% para los hogares a los que se les aplicará la segmentación.

Capítulo aparte es la inflación. Las estimaciones oficiales, que la estimaban entre 38% y 48% a principios de este año, ya fueron tiradas por la borda. Los funcionarios del equipo económico descartan reducir la suba de precios durante 2021 y se concentran en buscar contenerla por debajo del 60%. En el Gobierno aceptan que sincerarán una cifra más cercana al 50%, aunque no necesariamente estará plasmado en el DNU que firme Alberto Fernández ya que –estrictamente– no se trata de un proyecto nuevo, sino que de una adecuación al presupuesto 2021, prorrogado.

Uno de los gastos que se podrían ver reducidos son los relacionados con la obra pública. Según el acuerdo, se deberá dar prioridad a proyectos que estén en curso de ejecución y, entre los más grandes, a aquellos con estudios de prefactibilidad y factibilidad. Será la base para el armado del presupuesto 2023, año electoral.

Además, el Gobierno acordó reducir las transferencias a las provincias, a través de las cuales se ejecutan múltiples obras de menor monto como repavimentaciones, mejoras viales, urbanas y de infraestructura.

“A fin de liberar recursos para las prioridades clave, procuraremos racionalizar otros gastos. Tomaremos acciones para limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”, promete el texto.

Todos estos ajustes en el gasto hubiesen desatado un verdadero conflicto político en el Congreso si la modificación del presupuesto se enviaba para su discusión a los legisladores. La vía del decreto evita este trauma a la vez que le garantiza al Gobierno cumplir con el FMI: solo el rechazo expreso de ambas cámaras lo dejaría sin efecto, una situación inverosímil en la actual coyuntura parlamentaria.

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