Para el Grupo Indalo, la causa contra Oil Combustibles fue una “persecución”

Fabián de Sousa, accionista del Grupo Indalo, afirmó que la causa por retención de impuestos de Oil Combustbles buscó destruirlos como grupo económico, señaló que se trató de una “persecución de actores de la política, de la Justicia y de los medios” y acusó al ex titular de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos, Alberto Abad, al abogado Ricardo Gil Lavedra que litigó por el organismo y al periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon, quien publicó la investigación sobre la maniobra que terminó con la condena de Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP.

De Sousa brindó una conferencia de prensa en la que destacó que la Justicia lo absolvió junto a su socio Cristóbal López tras concluir que los alcanzaba el beneficio de la duda y que, por tanto, no delinquieron al solicitar múltiples planes de pago a la AFIP, aunque el entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray sí terminó condenado por haber otorgado esos planes. Ese fallo, que ahora confirmó la Cámara de Casación, lo había dictado el Tribunal Oral Federa N° 3, con la firma de Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, en tanto que Andres Basso votó por condenar a los tres.

Al confirmar la decisión del tribunal oral, los camaristas de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, remarcaron el juicio oral debió celebrarse para esclarecer de ese modo lo ocurrido y concluyeron que Echegaray delinquió como titular de la AFIP, en tanto que Barroetaveña invocó que López y De Sousa quedaban amparados por el beneficio de la duda.

Tras conocerse el fallo de la Casación, De Sousa brindó una conferencia de prensa en un hotel de Palermo.“Se nos persiguió con la cárcel y la humillación de nuestros familiares”, lamentó, al recordar los dos años que permaneció detenido al igual que López, para luego criticar a Fabián Rodriguez Simón, un asesor del expresidente Mauricio Macri al que acusó de participar en las presuntas maniobras de persecución y que buscó refugiarse en Uruguay. “Los paladines de la República están fugados desde hace tres años”, lamentó.

Durante la conferencia de prensa, De Sousa mostró fotos de una hostería en el sur, de la refinería de Oil, del Banco Finansur y de otras empresas que integran el Grupo Indalo y afirmó que durante los dos años en que permanecieron detenidos con prisión preventiva sufrieron severos perjuicios económicos y daños materiales. Insistió en que Abad y otros funcionarios no buscaron cobrarle la deuda fiscal que mantenía Oil Combustibles con la AFIP, sino “aniquilarnos, anularnos, perseguirnos”.

“No querían beneficiar el interés general, sino la aniquilación y apoderarse de los activos de terceros”, remarcó el empresario, en abierta contradicción con las conclusiones a la que arribó la Justicia en lo Comercial. En dos resoluciones que emitió a finales de 2020 y a principios de 2021, la Cámara de Apelaciones de ese fuero concluyó que el proceder de López y De Sousa al frente de esa petrolera fue “ruinoso” y “fraudulento” desde 2011; es decir, desde el momento mismo en que la adquirieron.

Durante su conferencia de prensa, De Sousa señaló además que tras el primer fallo absolutorio que dictó el tribunal oral, él y López comenzaron a reconstruir el Grupo Indalo, pagaron a los acreedores y restablecieron la actividad económica de las empresas. “Tenemos un moor sustativo que nos permitió sobrevivir”, manifestó, y reivindicó la imparcialidad de los jueces que los absolvieron. “Tenemos el orgullo de haber sido absueltos por un tribunal oral designado durante el gobierno por Mauricio Macri”, dijo.

“No damos por terminada la persecución”, insistió. “Hemos aprendido en este tiempo y el principal error que cometimos es no dar la cara ante la sociedad, pero no podemos decir que esto no vuelva a suceder”, señaló, para luego recordar que hay una investigación penal en manos de la jueza federal María Servini en la que ellos denunciaron una persecución judicial durante el macrismo, causa en la que Abad figura como uno de los investigados. En junio de 2022, cabe aclarar, la Cámara Federal porteña sobreseyó al ex subdirector general de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Eliseo Devoto, y a la entonces directora de Asesoría legal Impositiva, Marina Lamagrande, en tanto que confirmó las faltas de mérito de Alberto Abad y el entonces subdirector general de Recaudación, Sebastián Paladino. Por su parte, el luego titular del organismo, Leandro Cuccioli, ya había sido sobreseido.

Esa “persecución”, según De Sousa, respondió a su posicionamiento político. “No somos muchos los que defendemos un modelo de país y por eso se los eligió como un demonio social”, planteó e insistió en que su lugar es del lado “del campo nacional y popular”.

Cabe aclarar, sin embargo, que LA NACION reveló en septiembre de 2013 -cuando Cristina Fernández de Kirchner ocupaba la Casa Rosada- y en marzo de 2016 -cuando Macri llevaba cuatro meses como Presidente- que López y De Sousa habían apalancado la expansión del Grupo Indalo en los miles de millones de pesos que debieron girar a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia del combustible (ITC), pero que utilizaron para comprar empresas y financiar sus operaciones.

Aquella revelación periodística provocó la apertura de una investigación penal que meses después llevó a la detención de los dueños del Grupo Indalo y a la condena, años después, del entonces titular de la AFIP, Echegaray, por el delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional, sentencia que confirmó ayer la Cámara Federal de Casación Penal. De este modo, la Justicia dio por probado un delito, tal como había revelado LA NACION.

Durante el juicio oral, sin embargo, López y De Sousa terminaron absueltos. Dos de los tres jueces del tribunal oral concluyeron que no se logró probar que hayan actuado por dolo, aunque sí que desarrollaron maniobras reprochables en perjuicio del fisco nacional. Y que gracias a esas conductas reprochables -que incluso llevaron al tercer miembro del tribunal oral a votar por su condena- construyeron su imperio de 170 empresas. Ahora, la Cámara de Casación confirmó la condena de Echegaray y la absolución de López y De Sousa por, entre otros motivos, el beneficio de la duda.

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