Pandora Papers: una offshore suma misterio a la desaparición de US$7 millones en la empresa de jugos Baggio
La sociedad en las Islas Vírgenes Británicas podría ser la pieza faltante en la feroz interna familiar entre los hijos del fundador
- 6 minutos de lectura'
Detrás de cada envase de jugos Baggio hay mar de fondo. Incluye una pelea entre hermanos, una disputa por el control de la empresa, una causa penal por la supuesta desaparición de casi US$7 millones, facturas truchas, quema de pastizales y la irrupción de la Unidad de Información Financiera (UIF) por presuntas maniobras de lavado. Y a ese cóctel, los “Pandora Papers” suman un eslabón adicional: el refugio offshore de activos por US$7 millones.
Creada a fines de los años ‘50 por Rufino Baggio, la empresa RPB SA es una de las principales procesadoras de jugos de frutas envasados del país, con base en Gualeguaychú. Pero la muerte de su fundador en 2005 desató una interna feroz entre sus hijos. Las acciones se repartieron entre sus herederos. Su viuda Celia Munilla vendió las suyas a uno de sus hijos, Rufino (“Pino”), tornándolo titular del 50% del paquete. Pero no le dejó dirigir la compañía, porque ella conservó su usufructo y eligió para eso a otro de sus hijos, Juan Alejandro.
La pelea fraterna escaló casi de inmediato hasta que alcanzó un punto de inflexión en febrero de 2020, cuando la propia empresa denunció una “estafa” contra “parte de la familia Baggio”. A través de una solicitada que publicó en los medios de comunicación reportó la desaparición de US$7 millones.
La supuesta estafa derivó en una investigación judicial que tramita en Gualeguaychú y abarca otros posibles ilícitos. De presunto vaciamiento a lavado, y de facturas truchas a infracciones a la ley penal cambiaria, y registra ramificaciones internacionales que llevan la ruta del dinero hasta Hong Kong.
Pero mientras eso ocurría en la Argentina, los documentos que integran los “Pandora Papers” revelan una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas, en septiembre de 2018, llamada “LSH Global Ltd”, con activos estimados por US$7 millones.
Creada con la ayuda del bufete panameño OMC –el mismo que ayudó con sus operaciones offshore al presidente chileno Sebastián Piñera y la cantante colombiana Shakira–, “LSH Global Ltd” se encontraría bajo el control de la viuda de Baggio, Celia Munilla.
Consultados por el equipo local de ICIJ, desde la empresa se limitaron a remarcar que “los activos mencionados han sido correcta y oportunamente declarados ante la AFIP”, aunque evitaron precisar la fecha en que se declaró el entramado offshore, ni aportaron documentación respaldatoria.
La documentación disponible sobre “LSH Global Ltd” a la que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra LA NACION junto a Infobae y elDiarioAR, aporta más detalles. Entre otros, que el “propósito de la sociedad” serían las “inversiones líquidas”. Su “movimiento de capital estimado” rondaría US$1 millón. Y sus “activos estimados de la sociedad” se cifrarían en US$7 millones de dólares.
Las revelaciones sobre operatoria offshore no se agotan allí. De acuerdo a los documentos disponibles, LSH Global Ltd tendría una cuenta bancaria en el banco Oppenheimer & Co de Miami, y se consigna “herencia” como el origen declarado de los fondos. ¿Ubicación de los registros contables? En la ciudad de Jackson, estado de Wyoming.
Otro dato relevante en relación a LSH Global Ltd es que figura Celia Munilla como su beneficiaria final, aunque aparece otra empresa como accionista detrás de esa compañía offshore. Se llama Woodland Assets LLC, con la misma dirección para los registros contables: la ciudad de Jackson, Wyoming.
Menos de dos meses después de la fecha de constitución de LSH Global Ltd, en tanto, los “Pandora Papers” también dan cuenta de otro documento. Se trata de una escritura relacionado con Woodland Assets LlC, en la que se consigna a Juan Alejandro Baggio como su beneficiario principal y a su esposa y a sus cinco hijos como secundarios. Con dos detalles adicionales. Como “protector inicial” aparece Guillermo Strasser, con domicilio en Gualeguaychú, junto a la firma de la viuda Celia Munilla, dando su conformidad.
Sospechas de lavado
Mientras tanto, en la Argentina, los problemas judiciales comenzaron a sucederse tiempo después. En particular, entre fines de 2019 y enero de 2020, cuando la Justicia inició una investigación penal por ocho transferencias de fondos a Hong Kong.
Esa investigación comenzó cuando Juan Alejandro Baggio, como presidente del directorio de la empresa familiar, recibió una llamada de un ejecutivo del Banco Santander, intrigado por ocho transferencias a Hong Kong. Alertado por esa llamada, Juan Alejandro Baggio radicó una denuncia penal, en la que consignó que nada sabía de esos movimientos de dinero.
A esa denuncia se sumó la de su hermano, “Pino” Baggio. Desconfió de la demora de casi un mes por parte de los miembros del directorio –que responde a su hermano Alejandro– en detectar el fraude, sostuvo que le retacearon información y que le resultaba llamativo que nadie hubiera detectado que las facturas que sustentaban esas transferencias a Hong Kong eran apócrifas. “Alejandro robó plata de la empresa, hizo algo ilícito, y sacó dinero lícito que era de la empresa y la pasó a una actividad ilícita, o sea plata negra fuera del país”, afirmó al ratificar su denuncia en sede judicial.
Consultados por el equipo local de ICIJ, desde la empresa sostuvieron que “con relación a la vinculación entre la supuesta información comentada en vuestro email y el fraude electrónico cometido contra RPB en diciembre de 2019, podemos confirmarles que no existe vinculación alguna. Cualquier información adicional pueden contactarse con el Juzgado interviniente”.
La investigación quedó a cargo del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, quien sobreseyó a Alejandro Baggio en octubre de 2020 por considerarlo ajeno a la maniobra delictiva. Por el contrario, estimó que estaba ante una presunta defraudación por parte de dos responsables del área de Finanzas de la empresa y tres empleados del Banco Santander.
Desde el Banco Santander defendieron la actuación de sus empleados. “Obraron de acuerdo a la ley y en ningún momento se violó el protocolo”, indicaron ante la consulta del equipo local de ICIJ. “No hay pruebas para incriminarlos, y por eso presentamos una queja en (la Cámara de) Casación. Estamos tranquilos de que se cumplieron con los controles”.
Según reconstruyó la Justicia, desde la empresa salieron ocho transferencias de dinero con destino al Standard Chartered Bank de Hong Kong por un total de US$ 6,8 millones entre el 5 y el 16 de diciembre de 2019. Las recibió la empresa Hong Kong HRJ Trade Limited, que figura como emisora de las facturas apócrifas.
Ese dinero se giró de inmediato a otras 19 cuentas, para desde esas cuentas enviarse a otras 17 cuentas en Hong Kong y otras 16 cuentas en Estados Unidos, en los bancos Citibank, JP Morgan Chase y Bank of America. Para cuando el exhorto judicial argentino llegó a Hong Kong en la cuenta inicial del Standard Chartered Bank quedaban solo 6423 dólares.
Conforme a los criterios de
Otras noticias de Pandora Papers
Pandora Papers. Una investigación publicada por LA NACION ganó el Premio al Periodismo de Investigación FOPEA 2022
Pandora Papers. Sale a la luz el entramado offshore de los negocios paralelos entre Argentina y Venezuela
Pandora Papers. Surgen sociedades en paraísos fiscales de figuras reconocidas del polo
Más leídas de Política
1El Colegio de Abogados de la Ciudad repudió la fiesta del fiscal Ramiro González
2La Justicia dispuso el desalojo de la ocupación ilegal en el Parque Nacional Los Alerces
3Escala la pelea en la Corte Suprema: Lorenzetti estalló contra sus colegas, que le respondieron con dureza
4Alarma en la Corte Suprema. La Justicia investiga una serie de llamados a comisarias de alguien que se hace pasar por Horacio Rosatti
Últimas Noticias
“Se pasó 20 metros”. El Gobierno le pidió explicaciones a Chile por un helicóptero militar que violó el espacio aéreo argentino
Dinero, control policial y culto a la personalidad. El sistema que montó Gildo Insfrán en Formosa y que la Corte buscó clausurar
