Pandemia: el Gobierno envía el proyecto para regular las medidas y las clases por ley
Fernández firmó la iniciativa anoche, antes de viajar a Europa y se remitiría al Congreso mañana; replica los parámetros sanitarios del DNU; buscan validar las restricciones por ley
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LA NACIONMaia Jastreblansky
El Gobierno enviará mañana al Congreso un proyecto que busca fijar parámetros objetivos y medidas sanitarias para administrar la pandemia con la fuerza de una ley. El Presidente le dio el visto bueno final a la iniciativa ayer a la tarde en Olivos, antes de embarcarse en su gira europea, para que el trámite parlamentario se acelere. Quiere contar con una herramienta que le brinde criterios objetivos para tomar decisiones, pero también mucho más poder para ordenar restricciones en todo el país.
En el entorno de Alberto Fernández presentarán a la iniciativa como una instancia de diálogo y de participación política. También como una oportunidad para terminar con las inagotables definiciones vía DNU. “Vamos a mandar este proyecto de ley para que se debata. La oposición va a tener una posibilidad para incorporar las cosas que considere y aportar”, dijo ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en AM 750.
El proyecto, según pudo saber LA NACION, tiene exactamente los mismos indicadores que se fijaron en el último decreto de necesidad y urgencia (DNU), que estableció cuatro categorías según tres factores: aumento de los contagios en los últimos 14 días (razón), cantidad de casos sobre la población (incidencia) y ocupación de las camas de terapia intensiva. Así, dividió al país en cuatro grupos -bajo, medio y alto riesgo y alarma epidemiológica- con distinto nivel de restricciones.
Puntos polémicos
Según pudo reconstruir LA NACION en base a altas fuentes oficiales, la iniciativa oficial incluirá dos puntos polémicos para encarar el debate con la oposición, en particular con Juntos por el Cambio. Por un lado, estipulará la suspensión de las clases presenciales en caso de que los parámetros indiquen que existe una “alarma” epidemiológica, algo que la Ciudad, no solo resiste de plano, sino que considera contrario al fallo de la Corte que avaló la autonomía porteña en materia educativa.
“El fallo dijo que aún si hubiera una ley del Congreso, la conclusión de la Corte en torno a la vulneración de la autonomía de la Ciudad en materia educativa se mantendría vigente”, advirtieron ayer cerca de Larreta.
Tampoco se conoce qué consenso habrá en otras provincias. Ayer, por ejemplo, Santa Fe resolvió volver a las clases presenciales en dos departamentos considerados críticos, a contramano del DNU.
Por otro lado, el proyecto implicaría, desde lo jurídico, la delegación de facultades al Gobierno y a las provincias. El titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, ya advirtió que su bancada en el Congreso no le otorgará facultades “extraordinarias” a Fernández.
En Juntos por el Cambio remarcaron que la Constitución fija que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público”. “Una ley no puede ir en contra de la Constitución”, deslizó Horacio Rodríguez Larreta cuando fue consultado sobre la idea del Gobierno.
Sin embargo, desde la crisis del 2001 existieron leyes que contemplaron la delegación de facultades en materia económica que se extendieron en el tiempo. De hecho, a poco de asumir, Fernández sancionó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que delegó facultades al Poder Ejecutivo justificado por la existencia de una “emergencia”.
El objetivo del Gobierno es saldar las discusiones políticas en torno a las medidas sanitarias con un instrumento que evite nuevas judicializaciones y eventuales actos de desobediencia de las provincias.
Fernández se inspiró en el modelo que aplicó Angela Merkel en Alemania semanas atrás. Cuando se desató la disputa con la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, en los despachos oficiales de la Casa Rosada compararon que la ley alemana fijó que las escuelas deberán cerrar y pasar a la educación remota en aquellas regiones donde haya más de 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, una cifra superada ampliamente en el AMBA.
Según señalaron fuentes de la Casa Rosada, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, ya comenzó las conversaciones con los gobernadores para lograr que la iniciativa tenga el mayor consenso posible. “Estamos trabajando desde la política en la generación de acuerdos”, dijo esta semana una importante fuente oficial.
“Alberto lo firmó. Se manda el lunes”, dijo un importante funcionario anoche, antes de que Fernández despegara con rumbo a Lisboa. En la hoja de ruta de la semana próxima también está previsto que se inicie el debate de la ley electoral para postergar la fecha de las PASO y de los comicios generales para septiembre y noviembre, respectivamente.
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