Panama Papers. La IGJ pide que se anule una sentencia que favoreció a Macri por "fraudulenta"

Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que depende del Poder Ejecutivo, pidió que una sentencia que favoreció al expresidente Mauricio Macri, vinculada al caso Panama Papers, fuera anulada por "fraudulenta". Esa sentencia, firmada en 2017 por el juez civil Andrés Guillermo Fraga, determinó que Macri "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá).

La causa en la que Fraga había fallado a favor del expresidente había sido iniciada por el propio Macri ante el fuero civil, al que le pidió una "acción declarativa de certeza" sobre su participación en Fleg Trading y Kagemusha.

En una presentación de 63 páginas, Nissen sostuvo que la sentencia que favoreció a Macri debía ser anulada porque, afirma, se trató de un caso de cosa juzgada fraudulenta. La demanda presentada por el titular de la IGJ (que depende del Ministerio de Justicia) le tocó al juez civil Luis Bournissen.

La doctrina de la cosa juzgada fraudulenta, a la que alude Nissen para que la sentencia firmada por Fraga quede sin efecto, permite reabrir causas cuando su cierre fue producto de maniobras fraudulentas.

LA NACION se comunicó con los abogados a cargo de los frentes civiles de Macri, que se remitieron a lo que él había dicho en ese expediente. Este no es el primer movimiento que hacen organismos del Estado contra el expresidente. La Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por el abogado Carlos Cruz, pidió la inhibición de los bienes de Macri en el expediente penal vinculado a la firma Vicentin, donde se investigan irregularidades en la forma en que el Banco Nación otorgó créditos a la agroexportadora durante el macrismo. Y la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Félix Crous denunció a Macri y a exfuncionarios de su gobierno por supuestas maniobras para malvender propiedades el Estado.

Nissen planteó que la demanda de Macri fue tramitada en el fuero civil, cuando debería haber sido tramitada en el fuero comercial. "Cuando se tratan de ventilar cuestiones litigiosas que tienen como sujetos pasivos de la relación jurídica a dos sociedades mercantiles extranjeras y a una persona humana que niega su carácter de integrante de las mismas, resulta de toda evidencia la competencia de la justicia comercial para entender en dicho conflicto", detalló.

Macri había afirmado, mediante una acción declarativa contra su padre Franco, que nunca fue socio de su padre en la sociedad de Bahamas Fleg Trading Ltd, ni accionista ni director. Lo mismo dijo en cuanto a la otra firma offshore, Kagemusha S.A.

También sostuvo el titular de la IGJ que "se violó flagrantemente el debido proceso en cuanto todo el desarrollo del juicio se efectuó sin que se hayan citado a las personas jurídicas directamente involucradas", es decir, que no se dirigió la demanda a las firmas extranjeras.

"Jamás un juez especializado en materia comercial hubiera autorizado semejante desatino. De ahí la necesidad de recurrir a un fuero incompetente, el civil, ajeno a la materia, para perpetrar, sin mayores obstáculos, la violación del orden público societario", escribió Nissen.

Y planteó que Macri recibió "una sentencia firme en el fantástico plazo de poco más de ocho meses, privilegio al cual no pueden acceder el resto de los ciudadanos argentinos a los que se les exige el acatamiento del debido proceso adjetivo".

Tal como reveló LA NACION en 2016, producto de la investigación conocida como Panama Papers, en los documentos de Fleg Trading consta que la firma fue creada en Bahamas en marzo de 1998 con acciones al portador y un capital inicial de 5000 dólares. Sus primeros directores, según el estatuto constitutivo, fueron Mauricio Macri, su padre Francisco (Franco) Macri y su hermano Mariano.

En los duros términos de la demanda, Nissen apuntó, también, a marcar una estrategia conjunta entre el abogado patrocinante de Mauricio Macri en esa demanda, Fabián Rodríguez Simón, con el de Franco, Jorge Anzorreguy. "Más allá del esfuerzo del entonces Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, como de sus abogados apoderados, por querer simular una especie de 'pelea' con su padre por el escándalo de los Panamá Papers, lo cierto es que toda la conducta desplegada por el señor Francisco Macri y su letrado patrocinante fue absolutamente funcional a los deseos de su hijo. Resulta absolutamente evidente que todo el proceso judicial de marras ha sido -cuanto menos- una 'mise en scene' de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último", planteó.

El titular de la IGJ señaló en su presentación, además, que en base a ese fallo firmado por Fraga, la jueza Elizabeth Alejandra Paisán sobreseyó al expresidente en una causa por enriquecimiento ilícito. Esa causa había tenido origen en supuestas irregularidades en las declaraciones juradas impositivas correspondientes a los años 2007 a 2015, cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En la primera informó que su patrimonio ascendía a $68 millones, mientras que lo redujo a $52 millones en la segunda.

En el fuero penal, el juez Sebastián Casanello consideró que no existió lavado con Fleg Trading, en un fallo que causó alivio para el expresidente y que luego confirmó la Cámara Federal. En 2018, Macri envió al Senado un pedido para que ascendieran al juez Andrés Fraga de su cargo de juez civil de primera instancia a la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo.

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