Pacto de Mayo: para cumplir el objetivo del gasto público, el ajuste real debería ser del 35%

CóRDOBA.- El 25 de este mes -con o sin la ley Bases aprobada- se firmará el Pacto de Mayo en Córdoba. El presidente Javier Milei reunirá a los gobernadores que apoyaron para suscribir el decálogo de principios que, en el punto cuatro, le pone números a cuánto deberá ser el gasto público consolidado respecto al PBI. Las erogaciones de la Nación, las provincias y los municipio no podrá superar el 25% del PBI. Para tener una referencia, el año pasado rondó el 39,5 por ciento. Desde 1993, solo en 2004 el gasto estuvo en el nivel propuesto por Milei. El ajuste debería ser del 35% en términos reales para alcanzar la meta.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por el economista Nadín Argañaraz, analizó cómo se comportó el gasto público desde 1993. Desde entonces, 2004 -en la presidencia de Néstor Kirchner- fue el momento de menor participación del gasto en el PBI: 25,6%, mientras que 2016 -con Mauricio Macri en la Casa Rosada- se alcanzó el pico de 44,8% del PBI.

Al establecerse un ratio -como lo hace la propuesta del Pacto de Mayo- entre gasto público y PBI, Argañaraz indicó, que en base al 2023, la economía debería crecer 60% (5% anual por una década) o bien el gasto debería reducirse al 35% real. “Es muy poco probable que el Producto evolucione en esos niveles -dijo en diálogo con LA NACION-. Con el ajuste que está realizando hoy el Gobierno, el gasto caerá 6 puntos del PBI y para que llegue al 25% del Producto deberían ser 14 puntos. Queda en claro que es muy grande el desafío”.

Para alcanzar la propuesta de Milei, siempre a partir de los datos de 2023 y en comparación con 2004, se deberían reducir el 81% de los gastos ejecutados el año pasado. Las tres partidas que más deberían bajar en términos reales son los giros para cubrir el déficit de empresas públicas nacionales (con una reducción del 100%), las transferencias de capital desde los municipios (86,4%), y la inversión real directa nacional (57,4%).

Los gastos que necesitarían menor variación serían las transferencias corrientes desde las provincias (achique de 2,3%); intereses de deuda provincial (9%) y el provincial en bienes y servicios (20,7%).

Argañaraz explica que por nivel de gobierno, las erogaciones totales a nivel nacional deberían reducirse 39% en términos reales (a la cabeza dinero para empresas estatales, inversión real directa y transferencias corrientes); las provincias deberían ajustar un 30% (salarios, Seguridad Social e inversión real directa) y los municipios 34% (transferencias de capital desde los municipios, inversión real directa y gasto en bienes y servicios).

Para graficar, en 2023 la mitad del gasto público -más exactamente 51%- lo ejecutó Nación. Del total consolidado, 12,2% del PBI se destina al pago de sueldos y contrataciones del Estado, seguido por 9% de Seguridad Social (en este caso $75 de cada $100 lo realiza la Nación) y el tercer lugar es para transferencias corrientes con 8,2% ($80 de cada $100 lo hace también la Nación y son subsidios a la energía, al transporte, los programas sociales y giros a las universidades, entre otros). Esas tres partidas representan 29,4% del Producto y totalizan 75% del gasto público consolidado argentino.

Para que los números cierren conforme a la propuesta de Milei, el gobierno nacional debería gastar 26% menos en personal, mientras que las provincias y los municipios necesitan reducir esas partidas un 32% en términos reales. En total, la baja debería ser del 36% real

Para el pago de jubilaciones y pensiones el ajuste debería seguir siendo significativo: la administración central tiene que achicar el 35% en términos reales esas partidas y las provincias, el 34 por ciento. En conjunto el 35% real.

Del tercer pilar del gasto -las transferencias corrientes- la disminución real debe ser del 55%; las provincias y municipios deberían mantener y así la contracción real alcanzaría 44%.

En cambio, para equiparar la ecuación con 2004, el gasto en bienes y servicios a nivel nacional debería aumentar 13% en términos reales, mientras que las provincias deberían recortarlo en 21% y los municipios, 35%. En total, habría un achique del 18% en términos reales.

Siempre partiendo de la distribución del gasto público en 2004 y en 2023, la inversión real directa debería caer 57% real a nivel nacional, las provincias deberían contraer 32% y los municipios, 46%. El ajuste global sería de 44% en términos reales.

El gasto público en bienes y servicios debería ajustarse 18% siempre en términos reales (Nación aumentaría 13%; provincias bajarían 21% y municipios, 35%); la inversión real directa tendría que caer 44% (Nación debería aportar una baja de 57%, provincias 32% y municipios, 46%). Lo recursos destinados al pago de intereses de deuda deberían achicarse 24% real mientras que lo destinado a cubrir déficit de empresas estatales debería eliminarse por completo. Las transferencias de capital podrían aumentar 19% real para equiparar el peso de los gastos.

La película en 31 años

Si se considera el gasto primario del sector público (no contempla intereses de la deuda), el año pasado equivalía al 37,4% del Producto. En los últimos 31 años, con un 24% el año 2004 es el de menor participación, mientras que 2015, con un 41,6%, es el pico. El promedio de la serie es del 32,3% del PBI. La Nación tiene la mayor participación.

En un desagregado por ítems, el gasto salarial -que el año pasado representó el 12,2% del PBI- tuvo su nivel más bajo desde 1993 en 2004, con un 7,8% , y el más alto en 2015, con 13,5% del PBI. El promedio de la serie es el 10,7% del PBI. Las provincias (incluida la Ciudad de Buenos Aires) representan el 8% de ese global, la Nación reúne el 2,65% y el 1,65% está en manos de los municipios.

Los recursos destinados a Seguridad Social (no incluye el pago de bonos de refuerzo) registró su punto más bajo en la serie en 2005 cuando fue 5,7% del PBI y el punto más alto en 2017 con 11,7% (el reporte excluye 2020 por la crisis del Covid). Nación es la que ejecuta siempre la mayor parte de este gasto (6,8% del Producto).

La lupa sobre las transferencias corrientes revela que en 1993 se dio el piso, ese año representaron el 3,3% del PBI y en 2020 marcaron el pico, con 9,9%. El promedio de la serie es de 6,1% del Producto Bruto Interno. La Nación siempre es el mayor ejecutor.

En lo que respecta al gasto público en bienes y servicios (incluye el de las empresas públicas en procesos de producción), la partida representó 3,4% del Producto el año pasado, mientras que en 1996 fue el de menos erogaciones del período analizado, 2,6% del PBI y, con 3,5%, 2015 registró el pico. El promedio en 31 años es de 3% del PBI y las provincias son las que lo lideran, seguidas de municipios y Nación.

La Inversión Real Directa (gastos de capital) representó 3% del PBI en 2023. El 2002 -en medio de la crisis post salida de la Convertibilidad- apenas fue del 0,9% del Producto y en 2011 alcanzó el pico con 3,5%. El promedio es de 2,4% y las provincias son las mayores ejecutantes, seguidas por la Nación.

El pago de intereses por deudas -encabezado siempre por Nación- es el sexto gasto más importante; la partida fue de 2,1% del PBI en 2023. El año 1993 con 1,4% señala el piso de la serie y el pico es 5,1% en 2019. A lo largo de los 31 años analizados el promedio es de 2,6% del PBI.

El séptimo gasto con más peso dentro del sector público consolidado corresponde a transferencias de capital e inversión financiera, representó 0,9% del Producto en 2023. Con 0,3% el piso fue en 2002 y con 1,7% se alcanzó el máximo de la serie en 2014; el promedio es de 0,9% del PBI. Las provincias son las de mayor participación, seguidas por Nación.

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