Pacto de Mayo. Cuáles son las provincias más desfasadas en su nivel de gasto público

CÓRDOBA.- El Consejo de Mayo que debe tener a sus integrantes confirmados a mediados de agosto, tiene entre los temas a abordar el de la baja del gasto público. El punto 3 del acta firmada en San Miguel de Tucumán establece “la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”. No hay fecha de cuándo debería arribarse a ese nivel que hace referencia al “consolidado”, el que ejecutan los tres niveles del Estado. La que más debe achicar es la Nación; las provincias y los municipios realizan entre 38% y 44% del gasto, dependiendo el año.

Ante los reclamos de recortes, los gobernadores vienen planteando que también ellos están usando la “motosierra”, la mayoría obligados por las circunstancias. Por ejemplo, la Rosada intensificó con el paso de los meses el recorte de las transferencias discrecionales (por fuera de la coparticipación) devengadas: arrancó en 62% real promedio interanual y terminó el primer semestre en 79% según datos del Iaraf. Corrientes, con 86% de caída real acumulada es la más afectada, mientras que CABA con 42% y Santa Cruz, con 43,5%, las menos.

Este tema volvió a surgir ayer en la reunión de los gobernadores de JxC con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le plantearon que ellos estaban haciendo un ajuste más fuerte que la Nación.

Entre enero y junio los gobernadores recibieron $4 billones menos que en 2023 de Nación, entre coparticipación (bajó 12% real interanual) y giros discrecionales. Las recaudaciones propias también están impactadas por la recesión. Así, en general, están concentrados en las prestaciones básicas porque “no hay plata”.

Los gobernadores todavía no definieron quién los representará en el Consejo de Mayo. Como ya contó este diario, no están focalizados en el organismo al que le ven poca operatividad. Hay algunos nombres barajándose pero ninguna resolución tomada. Para discutir el nivel de gasto, insisten algunos mandatarios, hay que definir “claramente” las funciones de cada nivel estatal.

El punto 6 del pacto apunta a la “rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”. Para que haya cambios en el régimen se requiere de un consenso total, lo que parecería inalcanzable, como lo viene siendo desde la reforma constitucional del ‘94 que puso un plazo de dos años para tener nuevo esquema. También hay una reforma impositiva incluida en el acta firmada.

Un estimado del gasto público total para las provincias en 2023 es del 17,3% respecto del Producto Geográfico Bruto (PBG), según cálculos de Politikon Chaco que dirige Alejandro Pegoraro. El segmento “servicios sociales” con 10% es el que más peso tiene, seguido de “administración gubernamental” con 3,8%; “servicios de seguridad”, 1,7%; “servicios económicos”, 1,5% y deuda pública 0,4%.

El mapa es muy heterogéneo. Con 54,8% de gasto total sobre PBG Formosa encabeza el ranking. Le siguen con 45,2% Catamarca; con 36,7% Misiones; La Rioja, 36,1% y Chaco, 34,7%. En la provincia gobernada por Raúl Jalil es en la única en la que los gastos de administración superan a los servicios sociales: 19,7% frente a 18,3%. Es ese último ítem, en todos los distritos, el que tiene la participación más fuerte a nivel global.

Después se acomodan con 27,2% Tucumán; 26,7% San Juan; 26,6% Jujuy; 26% San Luis; 24,2% La Pampa; 23,5% Entre Ríos y Salta y 20,8% Tierra del Fuego. Todo el resto de las jurisdicciones está por debajo. Cierran la tabla, con los niveles más bajos, CABA con 8,1%; Buenos Aires, 15,2% y Chubut con 16,7%.

Los números no son una evaluación de si la gestión de los recursos es eficiente o no, simplemente, una foto del peso que tienen los gastos sobre la producción de la provincia; el PBG es el equivalente al PBI de un país.

El año pasado, la mitad del gasto público lo ejecutó Nación. Del total consolidado, 12,2% del PBI se destina al pago de sueldos y contrataciones del Estado, seguido por 9% de Seguridad Social (en este caso $75 de cada $100 lo realiza la Nación) y el tercer lugar es para transferencias corrientes con 8,2% ($80 de cada $100 lo hace también la Nación y son subsidios a la energía, al transporte, los programas sociales y giros a las universidades, entre otros).

Para que los números cierren conforme a la propuesta de Milei en el acta de Mayo, por ejemplo, la Nación debería gastar 26% menos en personal, mientras que las provincias y los municipios necesitan reducir esas partidas un 32% en términos reales. En total, la baja debería ser del 36% real.

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