Pablo Tonelli: “Es paradójico que el Presidente critique el funcionamiento de la Corte cuando él no puede manejar el Poder Ejecutivo”

Después de casi seis años de integrar el Consejo de la Magistratura, el diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) admite que esa experiencia le hizo cambiar de opinión sobre cómo debería funcionar este organismo clave en el Poder Judicial. Por caso, ahora sostiene que sería beneficioso que sea presidido por un juez de la Corte Suprema ya que, a su juicio, esto permitiría no solo solucionar los serios problemas presupuestarios que afronta el Consejo sino también atemperar los conflictos políticos que con frecuencia perjudican su labor.

La presencia o no de un juez de la Corte Suprema en el organismo que selecciona y controla a los jueces es el punto principal de discusión con el oficialismo en el Congreso. Tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma de 2006 de Cristina Kirchner sobre la actual composición del Consejo, el Gobierno envió un proyecto de ley en el que propone una integración de 17 miembros, sin representación alguna del máximo tribunal.

La animadversión del Gobierno con la Corte es indisimulada: no solo cuestionó el fallo de los jueces supremos sino que, además, adhirió a la marcha convocada por sectores kirchneristas para el próximo 1° de febrero contra la Corte.

“Lo verdaderamente grave es que el Poder Ejecutivo, en la voz del Presidente de la Nación, se sume a una marcha en contra la Corte para promover la salida de sus jueces por una vía no constitucional. Esto sí es una violación a la división de los poderes. El Presidente no puede inmiscuirse en las causas judiciales: se lo prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional. Por eso creo que la actitud de Alberto Fernández está fuera de lugar. Resulta paradójico que el Presidente enfrente a la Corte y diga que tiene un serio problema de funcionamiento cuando él, que lleva las riendas del Gobierno, tiene un pésimo manejo del Poder Ejecutivo. Porque, la verdad, no emboca una”, afirmó Tonelli en diálogo con LA NACION.

–¿Qué opinión le merece el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura?

–Era previsible. La reforma de 2006 rompió el equilibrio entre los estamentos que pregona el artículo 114 de la Constitución Nacional. Hay una coincidencia generalizada en que aquella ley que impulsó Cristina Kirchner le asignó mayor preeminencia a la representación de la política en el Consejo. Lo que sí resultó una sorpresa fue que la Corte fijara un plazo tan breve, de 120 días, para que el Congreso dicte una nueva ley orgánica o que, en su defecto, el Consejo complete su composición de 20 miembros (como rezaba la ley original) con la incorporación de siete nuevos consejeros.

–¿Cuál será la estrategia de Juntos por el Cambio? ¿Impulsarán la sanción de una nueva ley o dejará que se venza el plazo para que la composición del Consejo se complete con 20 miembros?

–Nuestro espacio tiene la aspiración de que se sancione una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Vamos a hacer lo posible para que haya una ley. Es la decisión más republicana y democrática. Pero si esto no ocurre dentro del plazo que planteó la Corte, a mediados de abril deberían integrarse siete nuevos consejeros: un juez de la Corte, dos abogados, dos legisladores, un representante de los jueces y un académico. En el Consejo estamos muy activos en los últimos días definiendo la reglamentación para la elección de los nuevos representantes, pero lo óptimo sería que el Congreso sancione una nueva ley orgánica.

–¿No le parece sugestivo que la Corte haya dictado su fallo 15 años después de sancionada la reforma de 2006?

–Sí, puede resultar llamativa esta demora, pero la responsabilidad no es exclusiva de la Corte Suprema. Sucesivos gobiernos han prometido que enviarían al Congreso sus propuestas para modificar la integración del Consejo, pero no lo hicieron. La Corte no tuvo alternativa y finalmente dictó su fallo. Estamos acostumbrados a que ciertas resoluciones de la Justicia demoren años; basta observar lo que ocurre con las causas sobre corrupción, una verdadera vergüenza. Se estiran los plazos y las causas se hacen eternas. Esa es una demora injustificada.

–¿Pero este fallo que se dicta ahora no abona las críticas del Gobierno contra la Corte? El viceministro de Justicia, Martín Mena, advirtió que interfiere en los demás poderes del Estado.

–Para nada. La Corte resolvió en el ámbito de su competencia. Se podrá coincidir o no con el contenido del fallo y a nadie se le puede negar el derecho a criticarlo, pero de ninguna manera se puede decir que la Corte incurrió en un exceso o que pretendió interferir en otros poderes.

–Uno de los puntos que genera discusión es si un juez de la Corte debe o no integrar el Consejo. El Gobierno está en desacuerdo. ¿Usted qué opina?

–Efectivamente, este será uno de los puntos más difíciles de resolver en el debate parlamentario. En Juntos por el Cambio hay varios proyectos presentados, queremos arribar a una postura unificada y, en nuestro debate interno, nos vamos inclinando para que un juez de la Corte integre el Consejo. En las actuales circunstancias creo que sería lo más beneficioso.

–¿Por qué?

–Por una cuestión presupuestaria. El Consejo de la Magistratura hoy tiene un presupuesto que apenas si le alcanza para pagar los sueldos del Poder Judicial. No cuenta con partidas suficientes para atender los problemas de infraestructura de la Justicia, que son muchos. Por contrapartida, la Corte Suprema es rica, cuenta con miles de millones depositados en plazos fijos que están ociosos. Creo que si la Corte presidiera el Consejo podría ser una solución a este desequilibrio presupuestario. Además, podría servir para morigerar los conflictos internos entre los distintos estamentos. No pensaba lo mismo años atrás, pero ahora creo que sería beneficioso que un juez de la Corte presida el Consejo. Podría ayudar a atenuar las pujas políticas y a concentrarnos en nuestra labor específica.

–¿Qué le parece el proyecto que presentó el Gobierno? Propone una integración con 17 miembros.

–Es razonable como cualquier otra integración. También es equilibrada: cumple con el mandato constitucional y con el fallo de la Corte. Tengo dos discrepancias. La primera es que no contempla la representación de la Corte. La segunda tiene que ver con el modo de elección de los dos académicos: el oficialismo propone dos representantes elegidos por los decanos de las facultades de Derecho y por el Consejo Interuniversitario Nacional, respectivamente. Yo creo que deben ser elegidos por todos los académicos.

–El Gobierno aún debe ocupar la vacante que dejó Elena Highton en la Corte y tiene pendiente el nombramiento de un nuevo procurador general. ¿Cree que Juntos por el Cambio debería acordar con el oficialismo estas designaciones o esperar a 2023?

–Cuanto antes sean cubiertas estas vacantes mucho mejor. Pero esto requiere diálogo y consenso. Lamentablemente, hasta ahora el oficialismo poco y nada hizo al respecto. Hace dos años envió al Senado el pliego de Daniel Rafecas y ni siquiera lo puso en consideración de la comisión pese a que Juntos por el Cambio anticipó su disposición a debatir el asunto, incluso a aprobar la postulación. En cuanto a la Corte, el Gobierno no dio ningún paso. Hasta ahora solo dijo que la vacante sería ocupada por otra mujer. Está dejando vencer los plazos del decreto 222 del presidente Néstor Kirchner para iniciar el proceso de designación.

–Este año no es electoral. ¿Qué leyes en materia institucional impulsará Juntos por el Cambio?

–La ley más urgente es la de la boleta única. Sin duda es la iniciativa que creemos prioritaria a debatir este año. También sería muy bueno iniciar el tratamiento de la ley de ficha limpia. Además, deberíamos avanzar en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en más distritos, un proceso que viene demorado. Este año no electoral deberíamos aprovecharlo para avanzar en los temas institucionales pendientes.

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