Otro vuelo llegó a Ezeiza y completó la carga del avión venezolano cinco días después

No era sólo uno, sino al menos dos los vuelos con carga de autopartes que la empresa SAS automotriz envió a la Argentina en la primera quincena de junio, lo que derivó en un escándalo y obligó al gobierno a dar explicaciones ante la presencia de tripulantes iraníes en territorio nacional.

Según pudo saber LA NACION, la empresa norteamericana de aviación Skylease, con sede en Miami y oficinas en Greensboro, Carolina del Norte, completó de ese modo el transporte de la carga total de cerca de 48 toneladas en autopartes que había comenzado a traer cinco días antes la empresa venezolana Emtrasur, a través del avión comprado a Irán y cuestionado por los Estados Unidos por sus vínculos con el terrorismo y el tráfico de armas.

El sábado 11 a las 5 de la tarde, cinco días después del de Emtrasur con sus 19 tripulantes, el vuelo GG 4551 de Skylease llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza, proveniente de Miami. Allí descargaron el remanente de los cerca de 300 bultos de la carga completa que SAS entregó a la empresa Volkswagen. También según pudo saber este diario, unos 78 bultos quedaron retenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un poco por el escándalo desatado y otro poco porque las guías con el detalle del material abarcaba tanto la carga del primero como el del segundo vuelo.

“Es muy común que una empresa contrate un vuelo, y que si la carga es demasiado grande, lo reparta en otro o más vuelos”, afirmaron a este diario fuentes con conocimiento del sector.

A diferencia del primer vuelo, el segundo regresó de inmediato (pasadas cinco horas de descarga del material y reacondicionamiento) a su lugar de origen, y no pagó los cerca de U$S 4000 que cuesta un avión detenido en pista, según fuentes del sector. No tuvo tampoco problemas de combustible, como sí los tuvo en el que viajaban 14 venezolanos y 5 iraníes, a quienes YPF, Axxion y Shell se negaron a suministrarle el combustible que necesitaba para poder reiniciar su marcha.

La aparición de un segundo vuelo con carga similar y pagada por la misma empresa alimenta la tesis del Gobierno, para quien “no hubo nada raro” en el primer envío de autopartes. “En el primer vuelo hizo ruido que fueran venezolanos e iraníes, pero era el mismo contenido que el segundo”, afirmaron fuentes oficiales. Desde el sector aeroportuario agregaron que Skylease no tiene vínculos con el gobierno de Venezuela, y que desde hace 25 años transporta material de carga en el aeropuerto de Buenos Aires. Fuentes del kirchnerismo con indudable cercanía con Caracas arriesgaban, incluso, que habían sido tres y no dos los vuelos que llegaron al aeropuerto en esos días, pero la versión no pudo ser confirmada por este diario.

En la mañana de este jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti reiteró en conferencia de prensa que el vuelo estaba “en regla” y que ninguno de los tripulantes “tenía ningún tipo de antecedentes”, y adjudicó todo el conflicto a “novelas” que arman “los periodistas”. También justificó todo el accionar de los organismos que intervinieron (AFI, la PSA, Migraciones, la Cancillería), afirmando que “se llevó adelante el procedimiento tomando todos los trámites y medidas que había que llevar”.

De todos modos, subsisten en el Gobierno distintas explicaciones, como la de Agustín Rossi, el titular de la AFI para quien se trataba de “un vuelo de instrucción”, o desde fuerzas relacionadas con el entuerto para quien la hipótesis se orienta a un “ensayo” para alguna acción de inteligencia por parte de la tripulación, sobre todo la de origen iraní, aunque no pudo demostrarse hasta ahora conexión ente los tripulantes y las Fuerzas Quds, brazo de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

En el medio, sectores oficiales cercanos al gobierno de Nicolás Maduro enfatizan que “se allanó ilegalmente el avión de bandera extranjera sin orden de un juez y en ese allanamiento no se encontró nada”, en referencia a la revisación que las PSA realizó del avión en las horas posteriores a su llegada. Avión que, por orden del juez Federico Villena, aún continúa en Ezeiza a la espera de su resolución.

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