Otro símbolo kirchnerista que cae en el agujero de la corrupción
El fuego amigo que se disparan las facciones del Frente de Todos apuntan al “Estado presente y que cuida”, una de las banderas emblemáticas del oficialismo
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PARA LA NACIONLuciana Vázquez
La voluntad política mueve montañas. Es capaz, incluso, de ir contra la propia gestión de gobierno y sus autopercibidos logros históricos. Sobre todo, cuando lo que está en juego es el poder dentro de la interna y, muy especialmente, el control de una de las cajas políticas centrales en cualquier estrategia electoral. La cuestión es que la avanzada de Cristina Kirchner contra los planes sociales “tercerizados”, como le gusta caracterizarlos, llega ahora a un momento impensado: la revelación autoinfligida de una corrupción estructural en el centro de una de las políticas más emblemáticas de los años kirchneristas, la social.
Con el informe de la AFIP, el fuego amigo que se disparan las facciones del Frente de Todos apunta ahora al programa Potenciar Trabajo y a las irregularidades en su adjudicación. Se trata del desmanejo de los fondos del Potenciar que este año llegan a 416.260 millones de pesos, la mitad del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social: 874.934 millones de pesos. Nada menos.
De pronto, el kirchnerismo se encuentra con una vocación de transparencia en las cuentas públicas inesperada en su trayectoria política que queda relativizada al instante: la divulgación de los datos revelados por la AFIP es, en realidad, instrumental a los objetivos políticos de la interna que se libra en el Frente de Todos. Se impone una pregunta: de no existir ese conflicto, ¿la AFIP u otro organismo en manos del oficialismo habría dado a conocer alguna vez esos datos?
La exposición pública negativa de la propia gestión resulta un nuevo capítulo de la puja de poder entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. En el eje de la tormenta está Emilio Pérsico, secretario de Economía Social dentro del Ministerio de Desarrollo Social y, al mismo tiempo, líder del Movimiento Evita, aliado interesado del Presidente en la interna que libra con la vicepresidenta. La cruzada anticorrupción en el otorgamiento de planes sociales que inicia la AFIP, cercana a la influencia de Cristina Kirchner, tiene destinatarios políticos puntuales: los responsables de administrar la adjudicación del Potenciar Trabajo. De uno y otro lado del mostrador, del lado del Estado y de las organizaciones y los beneficiarios incluidos en sus listados, algunos de los responsables llevan los mismos nombres: Pérsico y los líderes del Evita.
Desde hace más de 20 años, la política de planes sociales resulta uno de los puntos ordenadores del debate político. A favor o en contra de los planes: dos señales opuestas clave para que la opinión pública haga sus lecturas sobre el posicionamiento de las fuerzas políticas en el espectro ideológico. El “a favor” con el que se identificó el kirchnerismo desde sus inicios, después de 2001, cuando la crisis social demandaba apoyo a los sectores más impactados, es, en parte, base de la noción de “Estado presente” y del “Estado que cuida” que consolidó el Frente para la Victoria. El kirchnerismo llevó los planes de cooperativas a su pico, en 2010, con 657.090 beneficiarios. En 2015, el legado de Cristina Kirchner los redujo a 253.939.
El “a favor” llegó también con la gestión de Cambiemos, cuando el gobierno de los CEOs tuvo que demostrar sensibilidad social. Los beneficiarios de las cooperativas aumentaron 37,94% durante la presidencia de Mauricio Macri. La presidencia de Fernández, con Pérsico en Economía Social, los aumentó en más del 380%: pandemia y crisis por la guerra justificaron la decisión. Según la AFIP, hoy suman 1.383.279 beneficiarios.
Ese anclaje del debate político, a favor o en contra, es tan obligatorio que el mismo Milei debió pronunciarse: Estado chico y eficiente sí, pero de a poco, primero creciendo y después, achicando subsidios. En agosto del año pasado, desde la Villa 31, fue claro: “No voy a sacar los planes sociales”.
Los planes como bandera que organiza el tablero electoral. De Milei a Macri, pasando por el kirchnerismo, la obligación no sólo de posicionarse en relación a los planes, sino de posicionarse afirmativamente, es decir, la promesa de mantenerlos mientras dure el temporal.
El tema de los planes y la idea de un Estado sensible a las necesidades acuciantes de los más vulnerables y con conciencia social se volvió transversal a la política. Está presente no sólo en la justicia social clásica del peronismo, el legado sobre el que se apoya el kirchnerismo. También en el Estado chico del mileismo, que se vuelve razonable ante esas necesidades, o en el fiscalismo de Juntos por el Cambio, que sigue apuntando al déficit cero como utopía deseable pero incorporando ese dilema que representa el gasto en planes.
Con este movimiento de la AFIP sobre el tablero político, los planes sociales suman un nuevo sentido. Ahora son otra prueba de la corrupción estructural de un Estado loteado entre corporaciones que pujan bajo el cielo kirchnerista, que sale a la luz pública como munición gruesa entre facciones.
Esa nueva dimensión, el convertirse en otro capítulo de la corrupción política en mandato kirchnerista, tiene momentos distintos. El primero nació con la presidencia de Fernández: es cuestionable que el líder de una de las organizaciones sociales beneficiadas con el Potenciar sea, al mismo tiempo, el responsable del programa en el Estado, algo que el kirchnerismo nunca cuestionó sino hasta que la interna se recalentó con un Presidente cada vez más empecinado en mostrar autonomía de vuelo político. Es decir, hace pocos meses.
La puerta giratoria, eso de saltar del sector privado a una área del Estado con intereses superpuestos, fue uno de los puntos centrales de cuestionamiento a la gestión de Cambiemos por parte del kirchnerismo. Se dio cuando llevó al Ministerio de Energía y Minería a Juan José Aranguren, que renunció como presidente de Shell y pasó a ser ministro de un área con la que había estado negociando por años en su etapa de ejecutivo. Desde esa perspectiva, el caso del Evita es todavía peor: el secretario de Economía Social ni siquiera tuvo que renunciar al liderazgo en el Movimiento Evita. La superposición de intereses en estado puro.
Ahora llegó el momento del “carpetazo” interno, que se decide divulgar como parte de una interna. La denuncia judicial no sale del Gobierno. Es una decisión de la Justicia, en un gesto razonable.
Hay otro sentido que se suma en el significante político “planes sociales”. Son un mal menor para resolver una urgencia, la vulnerabilidad de vastos sectores de la Argentina, pero empiezan a ser percibidos como parches que hay que dejar en el camino. La política insiste con la reconversión de planes en trabajo. El clientelismo está agotado y la sensibilidad social que implicaban las políticas de planes cayeron en descrédito: contribuyeron al aumento de la pobreza y la informalidad.
Entre 2019 y 2022, el sector de trabajadores que más creció fue el de los informales: un aumento del 13,4%, es decir, 683.000 personas consiguieron trabajos informales. Son los “informales puros”, sin monotributo, que llegan a 5.700.00 trabajadores, según explica la economista Milagros Gismondi, de la consultora Empiria, del exmministro de Economía Hernán Lacunza. El de “los cuentrapropistas”, que sí tienen monotributo y tienen otro grado de informalidad, aumentó el 2,6%: 134.000 personas. Informales y cuentrapropistas llegan a 8 millones. La cantidad de trabajadores formales privados, en cambio, creció 1,4%, apenas 84.000 personas. El empleo público formal creció 3,8%, es decir, se sumaron 114.000 empleados públicos.
“Todo el empleo que se está creando es informal o cuentapropista”, sintetizó Gismondi. Comparado con el último trimestre de 2019, hoy hay 683.000 trabajos más pero el 70% del total del empleo creado es informal. El milagro de reconvertir planes en trabajo no es tarea fácil. Y es más difícil en la Argentina. Con cifras de 2019, el Cedlas de la Universidad de La Plata y otras organizaciones midieron que el 50,3% de los trabajadores estaban en la informalidad, cuando todavía no se había dado un 13% de aumento. En Chile, la informalidad era del 31,9%; en Uruguay, del 24,5% y en Brasil, del 37%.
Del Estado que cuida al Estado ineficiente que fabricó más planes pero no menos pobreza ni más trabajo formal que informal. Al presente del Estado corrupto también en la política de planes sociales. La Argentina cada vez más atrapada en su laberinto.
Por Luciana Vázquez
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