Otro juez denunció ante la Corte que quieren sacarlo "de manera ilegal"para que no juzgue a Cristina Kirchner
El juez Germán Castelli, pidió a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de per saltum, que frene el intento del kirchnerismo de trasladarlo del tribunal que ocupa. Y denunció que el oficialismo busca sacarlo "de manera ilegal" del tribunal oral porque debe juzgar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en tres expedientes por casos de corrupción, incluido el caso de los cuadernos.
"La actual vicepresidenta de la Nación registra distintos procesos en trámite por la supuesta comisión de graves delitos que habría cometido al amparo del poder ejercido como Presidenta de la Nación en otra gestión de Gobierno. (...) La maniobra ilegal aquí comunicada, tendría, entre otros efectos, que el suscripto sea apartado como juez natural de esos procesos", escribió Castelli. Y recordó que el presidente Alberto Fernández dijo que Cristina Kirchner era inocente en esos procesos. De esa forma, Castelli vinculó al Presidente con maniobra.
El caso de Castelli se suma al de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que ya habían planteado mediante un recurso similar que la Corte se aboque de inmediato a su caso y frene los traslados que se están tramitan en el Senado.
El caso de Castelli es similar al de Bruglia y Bertuzzi, pues es un juez federal trasladado a otro tribunal federal. Para el kirchnerismo del Consejo de la Magistratura, a pesar de ser un traslado horizontal a un tribunal de la misma materia y competencia similar debe contar con un nuevo acuerdo del Senado.
Castelli, al igual que lo habían hecho Bruglia y Bertuzzi, recurrió a la justicia contencioso administrativo federal para que frene su traslado, pero en primera instancia le dijeron que no.
Ahora, Castelli fue directamente ante la Corte en un recurso de per saltum o salto de instancia. Se trata de un recurso que se saltea la Cámara de Apelaciones y pretende una respuesta de la Corte ante un peligro inminente de ser trasladado.
La Corte, por ahora, analiza los recurso de Bruglia y Bertuzzi en este sentido y aún no se pronunció sobre su admisibilidad o no, lo que es interpretado como una buena noticia por los jueces que promovieron el caso.
Castelli pidió a la Corte que declare admisible el recurso y dicte una medida cautelar urgente para evitar su traslado. En 39 carillas le dijo a la Corte que su intervención está justificada por la "notoria gravedad institucional del caso", que podría ser víctima de una "remoción encubierta" del tribunal oral que integra y que, por lo tanto, el conflicto se proyecta sobre el "interés general", pues compromete principios constitucionales y tratados internacionales.
El juez dijo que desde su traslado de un tribunal oral federal de San Martín a un tribunal similar de Capital fue posibilitado porque intervinieron funcionarios y organismos durante las gestiones de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri sin que hubiera objeciones y que tampoco las hubo por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Incluso expresó que la Corte dictó dos acordadas, la 4 la 7 de 2018, que avalaron designaciones similares a la suya propia, en el caso del camarista Bruglia, por ejemplo, que es cuestionado ahora por el mismo motivo.
Al enumerar los antecedentes del caso, mencionó que es nula la decisión del Consejo de la Magistratura por el cual se cuestionó su traslado y dijo que esa facultad no es ni del Poder Legislativo ni del Ejecutivo, sino del Poder Judicial.
El juez terminó argumentado que se trata de una maniobra del oficialismo para sacarlo del tribunal donde están radicadas cuatro causas contra el kirchnerismo. Dijo que fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz quien impulsó su traslado y que fue analizado en el Senado, presidido por Cristina Kirchner y donde el oficialismo tiene mayoría.
Castelli afirmó que "la maniobra ilegal aquí comunicada, tendría, entre otros efectos, que el suscripto sea apartado como juez natural de esos procesos" Y enumeró:
1) El caso de los cuadernos: "causa N° 9.608/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros 19 s/asociación ilícita", en la que se investigan las presuntas entregas de dinero — cohechos- efectuadas por distintos empresarios, que habrían sido anotadas por Oscar Bernardo Centeno, como así también la presunta actividad recaudatoria ilegal llevada a cabo desde las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo Nacional en el período comprendido entre 2003 y 2015 — asociación ilícita-. Recibida en el Tribunal el 20/9/2019.
2) Subsidios en el trasporte: "causa N° 13.820/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet s/asociación ilícita", en la que se investigan hechos vinculados a presuntos pagos ilícitos efectuados a funcionarios con relación al otorgamiento de subsidios a empresas concesionarias de transporte — METROVÍAS S.A., FERROVÍA S.A. e HIDROVÍA S.A.- por parte del Estado Nacional -a través de la Secretaría de Transporte-, dentro del ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Según la base fáctica atribuida en la etapa anterior, la maniobra endilgada habría consistido en el presunto pago indebido a funcionarios por parte de los empresarios titulares de las concesiones de servicios de transporte ferroviario, de un porcentaje de los subsidios recibidos del Estado. Recibida en el Tribunal el 25/9/2019.
3) Dádivas en obras públicas: "causa N° 13.816/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ cohecho y aceptación de dádivas"; desprendimiento del expediente N° 9.608/2018, en la que se imputa que la presunta asociación ilícita allí investigada habría también operado en el rubro específico de la obra pública civil. Recibida en el Tribunal el 14 4/2/2020.
4) Fraude al estado: "a) causa N° 832/2016 (N° Int. 190), caratulada "Daura, Katya Soledad, Desmarás, Héctor Raúl — partícipe necesario-, Enrici, Mario — partícipe necesario- s/ peculado — art. 261, segundo párrafo del Código Penal-"; y su acumulada: b) causa N° 7992/2016 (N° Int. 195/190), caratulada "Daura, Katya Soledad; Parrilli, Oscar Isidro; Nkirjak, Matías Ariel -partícipe necesario-; y Grosman, Javier Alberto -partícipe necesario- s/ defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público -art. 174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7° del CP-". Ambas ingresaron al Tribunal el 22 14/6/2018.
Con estos antedentes, Castelli aseguró:" el suscripto es juez natural de diversos procesos seguidos a la señora Vicepresidenta de la Nación, respecto de los cuales, el Presidente de la Nación se ha pronunciado públicamente acerca de su inocencia, en uso de su derecho de libertad expresión. Y que ha sido su representante en el Consejo de la Magistratura, quien originó el trámite de remoción encubierta del suscripto, que luego el mismo Poder Ejecutivo trasladó al Senado de la Nación y que de prosperar, tendría como consecuencia que el suscripto deje de ser juez natural de esos procesos".
Por eso pidió a la Corte que admita su recurso y que dicte una medida cautelar para evitar su traslado.
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