Otro exfuncionario provincial refutó la acusación del fiscal Luciani

El abogado Mario Ganora pidió hoy al Tribunal Oral Federal 2 la absolución de su defendido, Raúl Osvaldo Daruich, quien se desempeñó jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. En lo que fue la tercera audiencia de alegatos de las defensas del juicio oral de la causa Vialidad, los jueces del Tribunal, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) escucharon las razones que dio Ganora para que Daruich -para quien ambos acusadores pidieron una pena de cinco años de prisión-, no sea sea condenado.

A Daruich se le imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Su responsabilidad está vinculada, según la acusación, al trámite de los procesos licitatorios de los que resultaron adjudicatarias las empresas de Lázaro Báez. Se lo cuestiona por as obras llevadas a cabo por la suscripción de convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Gubernamental de Vialidad Provincial (AGVP).

El abogado buscó desligar al exfuncionario provincial de las responsabilidades que le señalaron los fiscales cuando lo acusaron y dijo que por el organigrama de la Dirección Nacional de Vialidad y de la AGVP él no dio órdenes sino que siguió procedimientos administrativos. Cuestionó que durante la investigación no se haya profundizado -según dijo- en el organigrama de esa dependencia.

“[Daruich] no tuvo en ningún momento la posibilidad de tener a su cargo el manejo de la administración o cuidado de bienes”, dijo Ganora. Agregó que se decidía “más arriba”, en relación a la estructura de la DNV, y negó que Lázaro Báez tuviera injerencia dentro del esquema. Una de los señalamientos que hizo la fiscalía sobre Daruich es que se relacionó con Miguel Salazar, un hombre de Báez que tenía influencia dentro de la AGVP.

El abogado cuestionó la interpretación que hizo la fiscalía de los actos administrativos y también criticó a la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió la absolución de todos los acusados excepto de los funcionarios provinciales. Daruich es uno de ellos, para los que la UIF pidió 5 años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La pretensión de la UIF debe ser descartada”, dijo Ganora.

Además de la de Daruich, esta semana alegaron los defensores de Héctor Garro y Mauricio Collareda, quienes se desempeñaron en su mismo cargo como funcionarios provinciales. Se espera que la próxima semana aleguen los defensores de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, y de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal. Después está previsto que alegue, en sexto lugar, Carlos Alberto Beraldi, abogado defensor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada por fraude al Estado y como la jefa de la supuesta asociación ilícita que direccionó obras públicas viales a Lázaro Báez a lo largo de los tres gobiernos kirchneristas que se sucedieron entre 2003 y 2015. Para la vicepresidenta el fiscal Luciani pidió una condena a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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