Otra multinacional admitió en Estados Unidos haber pagado coimas en la Argentina, donde no recibió condena

“Los alfajores del último pago están pendientes”. Así, con esa frase, los ejecutivos en la Argentina de la multinacional de origen estadounidense Stericycle coordinaron el pago de sobornos a varios funcionarios argentinos -cuyos nombres permanecen en las sombras- para obtener contratos millonarios en distintos puntos del país, según la confesión de la propia compañía.

Stericycle, una firma abocada a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, admitió en Estados Unidos que pagó esos sobornos en la Argentina entre 2011 y 2016, al igual que en Brasil y México. Lo confesó tras arribar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de ese país, donde pagará multas por US$80 millones, más otros US$9,3 millones en Brasil. En la Argentina, los pagos habrían sido con especial énfasis a funcionarios provinciales.

Al igual que otras empresas, sin embargo, Stericycle no llegó a acuerdo alguno con el Estado argentino y engrosó una estadística local preocupante. Ahora son al menos doce empresas las que admitieron en Estados Unidos que pagaron sobornos en la Argentina durante las últimas dos décadas, pero ninguna afrontó una condena en el país.

El listado de empresas que admitieron haber violado la Ley de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero (FCPA) abarca a firmas de primera línea mundial como IBM, Ralph Lauren, Odebrecht, LAN y Ferrostaal, como también a otras menos conocidas como Stryker Corporation, Helmerich & Payne, Ball, Biomet y Dallas Airmotive.

Algunas de esas empresas ni siquiera son estadounidenses, como LAN (Chile), Siemens y Ferrostaal (Alemania) y Odebrecht (Brasil) pero quedaron bajo la jurisdicción de ese país ya que la FCPA alcanza a toda empresa de cualquier nación que cotice en Estados Unidos. El resultado en la Argentina es preocupante.

“Los mecanismos contra la criminalidad económica no fueron ni son aplicados en el país para proseguir con la persecución y juzgamiento de este tipo de causas. La impunidad es total. Las personas no son juzgadas y los bienes producto de los ilícitos no son recuperados. En las prácticas comparadas de los organismos de control [de otros países] por lo menos hay sanciones administrativas, acá ni eso”, dijo Nicolás Macchione, miembro del comité directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

“La responsabilidad por la impunidad no es ajena a ningún poder”, aclaró. “El Ministerio Público Fiscal está inmóvil. El Poder Judicial no juzga y cuando lo hace tarda 14 años, además de que tiene integrantes sospechados. Los organismos de control del Ejecutivo tienen herramientas vetustas y no las aplican. Y el Legislativo, solo en materia de evasión, para dar un ejemplo, podría extender herramientas como la figura del arrepentido, la prórroga de jurisdicción o la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero todo eso fue dejado de lado por los legisladores”.

El resultado de todo esto llevó a situaciones paradojales. Hay áreas del Ministerio Público Fiscal, como la Procelac, que impulsan investigaciones, pero Siemens, por ejemplo, que admitió en Alemania y Estados Unidos las irregularidades y delitos que cometió en la Argentina, no las reconoció en el país. Más aún, en Munich y Washington acordó pagar multas multimillonarias, mientras que un ejecutivo argentino, Andreas Truppel, se declaró culpable en Nueva York por violar la FCPA en la Argentina. Pero aquí no fue condenado.

En la misma línea, Odebrecht admitió en Brasil y Estados Unidos que pagó sobornos en la Argentina por al menos US$35 millones, y algunos de sus máximos ejecutivos –como su otrora vicepresidente Luiz Antonio Mameri– confesaron que las coimas fueron al entorno del entonces ministro Julio De Vido, con la ayuda del empresario Carlos Wagner y el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez. Pero las investigaciones locales tampoco registran una condena.

En el caso de Stericycle, que a través de las firmas Hábitat Ecológico SA y SOMA SA acumuló varios contratos con hospitales públicos y privados en el país, “alfajores” o, más sucinto, “alfa” fueron las palabras con las que camufló las coimas. También aludieron a esos sobornos como “IP”, en alusión a las palabras “Incentive Payments”. Es decir, “pagos para incentivar”.

Con casa matriz en Illinois, Stericycle acordó con el Departamento de Justicia pagar una multa por US$52,5 millones para de ese modo cerrar la investigación que comenzó en 2017, en tanto que abonará otros US$28 millones para resolver otra investigación de la SEC, y negoció diferir el proceso penal por tres años a cambio de depurar sus operaciones y mejorar sus procedimientos. Ya renovó parte de su cúpula ejecutiva y su directorio, y designó un jefe de ética.

“Stericycle aceptó su responsabilidad por sus prácticas comerciales corruptas al pagar millones de dólares en coimas a funcionarios en múltiples países”, detalló el secretario adjunto del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polite Jr. “También mantuvo libros y registros falsos para esconder los pagos corruptos que hicieron sus subsidiarias en Brasil, México y la Argentina”.

Según admitió la compañía en Estados Unidos, entre esos tres países pagó sobornos por US$10,5 millones que terminaron por reportarle ganancias por al menos US$21,5 millones entre 2011 y 2016. Los pagos, en su mayoría, los efectuó al contado.

“Stericycle obtuvo al menos US$4,4 millones en ganancias de contratos obtenidos y retenidos de manera corrupta con el gobierno argentino”, abundó el Departamento de Justicia en su presentación. Lo sustentó, por ejemplo, en planillas de Excel en las que el personal de Stericycle aludió a funcionarios que recibieron sobornos para destrabar los pagos por los servicios prestados a hospitales y otros centros de salud públicos.

Uno de esos pagos ocurrió el 27 de septiembre de 2012, cuando dos empleados en la Argentina enviaron un e-mail con precisiones sobre la tajada que le correspondía a un funcionario. Detallaron que se quedaría con el 10% del contrato de un Ministerio de Salud provincial por cerca de 45.000 dólares. Menos de un año después, se repitió la dinámica. “El 30 de mayo de 2013, dos empleados de Stericycle Argentina intercambiaron e-mails sobre pagos pendientes de un Ministerio de Salud provincial. Uno escribió: ‘Debo decirles que cuando hablé sobre este tema, me recordaron que los alfajores del último pago están pendientes”.

Pero lo ocurrido con Stericycle –que en la Argentina pasa a llamarse SGA Environmental SA– dista de reducirse a una anécdota sobre alfajores y coimas, remarcó Macchione, quien da clases de grado y posgrado sobre criminalidad económica en varias universidades. “En los casos de coimas transnacionales o delitos de corrupción transnacionales –destacó–, no alcanzan las normas si no se modifican las prácticas judiciales y se ajusta el funcionamiento de los organismos de control del Estado con competencia en este tema. En estos casos en los que se encuentran implicadas grandes empresas, el Poder Judicial retrocede o solo avanza sobre una sola de las partes. La política criminal en estos casos es la impunidad”.

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