Otra funcionaria bajo sospecha

La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, será denunciada mañana ante la Justicia por presunta comisión del delito de "malversación pública y defraudación" al Estado nacional, luego de la publicación de una investigación en la que se acusa a la funcionaria de manejos irregulares en la contratación de personal y en la administración del presupuesto de la repartición a su cargo.

La presentación judicial la hará el diputado nacional por ARI, Adrián Pérez. "De comprobarse la información publicada por la prensa, estaríamos ante otro gravísimo caso de corrupción en el gobierno de Kirchner, que se suma a los repetidos escándalos en materia de obra pública que ARI viene denunciando desde hace años", sostuvo el legislador en un comunicado.

Pérez manifestó que "si Skanska es el remedio kirchnerista del escándalo IBM-Banco Nación de los tiempos de [el ex mandatario Carlos] Menem, parece que con Picolotti el Presidente encontró a la María Julia Alsogaray de su gestión".

Según una investigación publicada ayer por el diario Clarín, Picolotti fue acusada de contratar en la cartera que conduce a parientes y amigos personales por montos que no bajarían de los 8000 pesos mensuales, de duplicar la estructura de la repartición y de realizar gastos elevados con fondos desviados de su presupuesto a una fundación.

Fuentes de la Casa Rosada confiaron a LA NACION que la funcionaria había hablado ayer del controvertido tema con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a quien le presentará mañana un informe punto por punto sobre el estado de la secretaría.

El artículo afirma que Picolotti viaja frecuentemente "en aviones privados, compró decenas de computadoras de última generación, realizó gastos inexplicables en muebles que nadie usa y alquiló edificios para alojar a cientos de empleados contratados sin motivo".

"No estoy robando; todo es claro como el agua, no hay nada raro", se defendió la secretaria en la nota del mencionado matutino. Ayer la funcionara no respondió a las llamadas de LA NACION.

Según la investigación, los abultados gastos se realizan a partir del desvío de fondos hacia una fundación pública, llamada ArgenINTA, que no requiere los controles de la administración pública. El penalista Daniel Sabsay, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apoyó la iniciativa impulsada por Pérez y condenó los hechos que se le imputan a Picolotti.

"Todos los hechos que tan claramente se describen son como un rosario de actos delictivos. Si se demuestra que hubo un esquema de desviación de fondos, estamos frente a una acumulación de delitos", dijo Sabsay.

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