Rechazan el pedido de Oscar Parrilli para declarar nulo el juicio por el libro “La década ganada”
Los jueces entendieron que ya había pasado la oportunidad procesal y que se debe escuchar la prueba en el juicio; el senador había dicho que no hay delito porque hubo licitación y porque el dinero del adelanto no usado quedó en el Estado
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LA NACIONHernán Cappiello
La Justicia rechazó el pedido que realizó el senador nacional kirchnerista Oscar Parrilli en el juicio oral que se le sigue por haber autorizado el pago de un anticipo de 800.000 pesos en 2013 para imprimir el libro La década ganada, que finalmente no se realizó, al sostener que no hubo delito porque existió licitación, hubo un ganador, nadie lo cuestionó y el dinero quedó en el Estado.
Los jueces entendieron que el auto de elevación a juicio tiene las características formales necesarias como para rechazar el pedido de nulidad, y que la prueba que está en debate debe ser ventilada en el juicio como para tomar una determinación.
La decisión fue unánime de los jueces Germán Castelli, Oscar Méndez Signori y Fernando Canero, el mismo tribunal sorteado para juzgar la causa de los cuadernos de la corrupción. Castelli preside el debate.
Asimismo, los jueces rechazaron el otro pedido que había presentado la expresidenta de la Casa de la Moneda Katia Daura, en otra causa paralela que se juzga en este mismo proceso, donde se cuestiona la manera en que la policía custodiaba a ella y a su familia. Los jueces entendieron que este planteo de excepción de falta de acción era improcedente en esta etapa del juicio y que debió haberse planteado con anterioridad.
El juicio oral continuará el 4 de julio a las 9.30 con las indagatorias de los acusados, empezando con los de la causa de Daura y su seguridad. Parilli pidió declarar pero lo hará en las próximas audiencias.
El exjefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, abogado de Parrilli, había argumentado que en la contratación del libro, que finamente no se hizo “no hubo daño, ni lucro indebido de los funcionarios ni de terceros”. Lo expuso al plantear las cuestiones preliminares en el primer día del juicio oral que se le sigue a Parrilli, que está acusado de defraudar a la administración pública.
Ibarra dijo que el único motivo porque el que se llegó a este juicio oral es “porque lo instruyó el juez [Claudio] Bonadio”, ya fallecido. Así lo planteó: “El único motivo para sostener esta causa es que el juez que la instruyó fue Bonadio y no pudo ni siquiera poner en el papel lo que exigía el Código” para que se configure el delito de administración en perjuicio del Estado, por lo que la causa llegó a juicio.
En la primera audiencia de juicio se leyó el requerimiento de elevación a juicio que realizó el fiscal Carlos Rívolo, donde consta que se pagaron 800.000 pesos para imprimir 100.000 libros por 8 millones de pesos y que el trabajo finalmente no se hizo.
La Casa de la Moneda ganó la licitación y gastó más de 2.659.000 pesos en comprar el papel especial para la impresión, que fueron depositados en la imprenta Anselmo Mordillo, que exigió el pago de 1.658.000 pesos por el servicio de guarda de ese material que no fue usado. Por eso, la fiscalía dijo que hubo un perjuicio al Estado y que la licitación había sido amañada.
En su respuesta a la acusación fiscal, Ibarra dijo que en la licitación “hubo empresas privadas”, que no fue objetada y que la compulsa de precios la ganó la Casa de Moneda, que ofreció el precio más bajo, cuando otras compañía llegaron a cotizar hasta 15 millones de pesos por el trabajo.
Dijo Ibarra que la plata quedó en el Estado y nunca salió de allí, y que el adelanto de 800.000 pesos fue pagado porque lo exigía el pliego de condiciones. “Entonces en una licitación con otras empresas privadas, no objetada, donde ganó la de menor precio y la plata no salió del Estado, cuesta creer que esto se trate de una defraudación”, dijo el abogado.
El abogado defensor de Parrilli dijo que no se cumplieron los requisitos que exige el Código para que se configure el delito, pues no hubo lucro indebido “ni se buscó beneficiar a ninguna persona del planeta Tierra o causar daño, no hay una sola palabra”. “No dice ni en castellano ni en lenguaje técnico que se armó una licitación para procurar un lucro indebido para sí o terceros”, insistió Ibarra. El abogado defiende, además, a Javier Grosman, quien estaba en la Unidad Bicentenario que encargó la realización del libro.
Le contestó la fiscal Dafne Palopoli, que dijo que basta para la acusación con que se compró el papel y que la licitación para el libro “fue amañada para un fin que no se concretó”. Explicó que el perjuicio está dado por “el menoscabo del patrimonio por la acción infiel del agente [del Estado]” y que para ello ocurra “no es indispensable que haya habido un beneficio para el agente o para un tercero”.
“Con la sola causación del daño al erario público se concreta el delito, con ello es suficiente”, dijo la fiscal Palopoli y pidió rechazar el planteo.
Servicio de seguridad excesivo
Además de los cargos por el libro, en este juicio también se juzga otra causa contra al extitular de la Casa de la Moneda Katya Daura. Allí se la acusa de la contratación de un servicio de seguridad excesivo para ella y su familia, que incluía el rastreo mediante GPS en sus autos.
El defensor de Daura, Matías Molinero, pidió descartar de plano esa acusación al sostener que es delito y que directamente esa parte del juicio no se haga. Técnicamente planteó una “excepción por falta de acción penal”. Enumeró una norma específica de la Policía Federal que crea una unidad que brinda seguridad a la Casa de la Moneda, a su titular y a su familia, en su casa permanente o transitoria y en sus traslados.
Dijo que la sola existencia de esa norma justifica la asignación de la custodia para ella y su familia porque allí está expresamente establecido. El defensor oficial Sergio Stiezel, que defiende a otros acusados relacionados con ese aspecto del caso completo el planteo en el mismo sentido,
La fiscal Palópoli, a su turno, les respondió que debían rechazarse esas objeciones porque en primer lugar ya habían sido realizadas y rechazadas oportunamente y además porque indicó que esa norma de la Policía Federal es posterior a que Katia Daura hubiera establecido ese operativo especial de seguridad para ella y su familia.
Los jueces del tribunal oral leyeron su decisión por la tarde en la que rechazaron los planteos de los defensores
Por Hernán Cappiello
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