Ordenó la Corte reabrir la causa por Río Tercero
Se reactiva así la investigación de la explosión de la fábrica militar en 1995, por la que está acusado Menem
La Corte Suprema resolvió que continuará abierta la causa penal por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, en la que está imputado el ex presidente Carlos Menem.
El hecho, que ocurrió el 3 de noviembre de 1995, causó siete muertos, dejó 300 heridos y destruyó casi un tercio de la localidad, ubicada 100 kilómetros al sur de la capital cordobesa.
En 2008, el juez federal riocuartense Oscar Valentinuzzi procesó a Menem por estrago doloso agravado por la muerte de personas, pero dos años después la Cámara de Apelaciones consideró que no había pruebas suficientes y la Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar a un planteo de prescripción de la acción penal.
En cambio, ayer, la Corte, con la firma de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni, rechazó el argumento de las defensas, por lo cual el expediente seguirá abierto y le dio un fuerte impulso a la investigación de la explosión.
Ésta es la segunda mala noticia que Menem, que es un senador aliado del kirchnerismo, recibe en menos de un mes.
El 8 del actual, la Cámara de Casación condenó al ex mandatario por asociación ilícita y contrabando de 6000 toneladas de armas a Ecuador y a Croacia, por lo cual ahora un tribunal oral –que lo había absuelto– deberá fijarle el monto de la pena.
Con esa condena, el riojano se convirtió en el primer mandatario constitucional argentino en ser condenado por un hecho de corrupción y, ahora, con la decisión que adoptó la Corte en la causa Río Tercero, su situación se torna más delicada aún.
Por el momento, Menem, que tiene fueros parlamentarios hasta 2017, no corre el riesgo de ir preso ni por efecto de la condena ni, tampoco, de un hipotético encarcelamiento preventivo que se le pudiera imponer por la voladura de Río Tercero.
Para proceder a su detención, habría que revocarle los fueros parlamentarios y expulsarlo del Senado, a lo que apunta el pedido que formularon los legisladores nacionales del FAP Margarita Stolbizer, Rubén Giustiniani, Norma Morandini, María Eugenia Estenssoro, Jaime Linares y Victoria Donda, quienes acusan al mandatario de "inhabilidad moral".
En la causa abierta por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, las defensas de dos imputados –los militares Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto– alegaron "paso excesivo de tiempo" en el trámite judicial.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a ese argumento, porque a su entender había vencido el tiempo útil para que el Estado impulse la persecución del delito.
Pero la Fiscalía ante la Cámara de Casación y la parte querellante, la abogada Ana Gritti –viuda de Hoder Francisco Dalmasso, muerto en la explosión–, plantearon la nulidad del fallo, y la Procuración General, cuando estaba a cargo de Esteban Righi, apoyó esta posición.
Las víctimas de la explosión sostienen que la explosión de Río Tercero fue una voladura intencional, con el objetivo de encubrir el faltante de armas causado por el contrabando de pertrechos bélicos a Croacia y Ecuador.
Ambas causas, la del contrabando de armas y la de la explosión de la fábrica militar, tienen una relación íntima por el material contrabandeado y por los protagonistas.
Casi todo el armamento que se envió a los Balcanes y a Ecuador pertenecía al Ejército y salió de los cuarteles de esa fuerza. Y parte de ese material, especialmente los cañones, obuses y morteros, realizaba una escala previa en la Fábrica Militar de Río Tercero, donde se los repintaba, desarmaba y acondicionaba en los contenedores.
Es decir, todo indica que la fábrica cumplió un papel esencial en el contrabando, y por eso su entonces director, el coronel Jorge Cornejo Torino, y sus oficiales se encuentran procesados por el contrabando, igual que las autoridades de Fabricaciones Militares.
Según explicó días atrás el abogado patrocinante de las querellantes hijas de Gritti, Horacio Viqueira, la voladura de la fábrica militar podría haber sido provocada para disimular los faltantes de armas y encubrir rastros del contrabando de ese material.
Viqueira explicó que un peritaje arrojó que el 31 de octubre de 1995, tres días antes de la explosión, había 72.405 piezas de artillería (proyectiles, cartuchos y tiros completos) en la unidad militar, mientras que de acuerdo con la documentación aportada por las autoridades de la fábrica había 58.422 unidades.
Una vez más, ahora, ambas causas vuelven a marchar al unísono.
La explosión, un drama en Córdoba
El 3 de noviembre de 1995 explotó la Fábrica Militar de Río Tercero, causó la muerte de 7 personas y la destrucción de gran parte de la ciudad. Con el tiempo crecieron las sospechas de una trama de corrupción
- Un caso que se liga a la venta ilegal de armasContrabando de armas a Ecuador y a Croacia
Entre 1991 y 1995, el entonces presidente firmó varios decretos por los cuales se encubrieron exportaciones irregulares de armas. Parte de ese material pasó por la Fábrica Militar de Río Tercero, para su acondicionamiento
- Condena por el contrabando
Menem había sido absuelto por el contrabando por un tribunal oral. Pero, el 8 de marzo, la Cámara de Casación revocó ese fallo y ordenó que se le fije la pena aplicable al ex mandatario
- Pedido de desafuero
Menem, actualmente, es senador nacional y es aliado del kirchnerismo. Por eso goza de fueros parlamentarios hasta 2017. Hace una semana, un grupo de legisladores solicitó su desafuero, para que pueda ser encarcelado
- Nuevo fallo: Río Tercero
Ayer fue el turno de la Corte. La causa por la voludura de Río Tercero -donde se acondicionaron esas armas- estaba paralizada. Para la Casación, había prescripto. El alto tribunal, ayer, ordenó reabrir el caso. Esto complica la situación de Menem
lanacionarDel editor: qué significa.
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