Ordenaron levantar el secreto bancario del ministro de Axel Kicillof y se complica su situación
El juez federal de Campana ordenó medidas contra Jorge D’Onofrio, el funcionario massista del gobierno bonaerense y su ladera, la concejala de Pilar Claudia Pombo
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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en una investigación por presunto lavado de dinero derivada del caso que investiga un esquema de presuntas coimas con las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Además de D’Onofrio, González Charvay ordenó las mismas medidas también contra Claudia Pombo, la ladera política del ministro en Pilar, concejala de ese distrito y que fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante por el avance del caso.
En una decisión firmada ayer, el juez extendió el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil a otros investigados: Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D’Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
Según se estableció en el fallo de González Charvay, el Banco Central deberá solicitarle información sobre D’Onofrio y los demás investigados a las distintas entidades bancarias, con el objetivo de relevar “si son titulares de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y moneda extranjera, todo ello correspondiente al período 29 de diciembre de 2021 hasta el día de la fecha inclusive”.
La denuncia en el juzgado federal la radicó el 5 de septiembre Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que brinda equipos y sistemas para el cobro de infracciones de tránsito. La firma había visto una merma considerable en su recaudación, que atribuye a la trama de “gestores” que se contactaban con infractores para quitarles las multas del sistema a cambio de pagos de alrededor del 50% del monto, hechos que se investiga en la Justicia de La Plata junto a sospechosas contrataciones con las concesionarias de la VTV.
En la presentación de Camani, se hizo un cálculo aproximado del monto que implicaría la porción de los “gestores” de las fotomultas: se puntualizó que solo un 2% de las multas se abonan por las vías legales y quedan “unas 340.000 infracciones que alcanzarían alrededor de $60.000 millones mensuales que estarían al alcance de ser gestionadas por canales ilegales”.
El juez también le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) “que informe si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)” sobre los movimientos bancarios de los acusados. Y extendió esa solicitud a las autoridades de España, donde D’Onofrio y Pombo podrían tener sociedades comerciales, según pidió investigar el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas, que impulsó la imputación de los denunciados que motivó las medidas que ordenó el juez. En especial, el pedido es investigar la firma Cattleya Blue SL, que en el requerimiento de instrucción del fiscal aparece como una sociedad que Pombo habría constituido junto al juez Quattrochi, “justamente juez provincial de faltas ante el Juzgado Provincial de La Plata y San Isidro (subrogante), engranaje medular en la estructura clandestina de cobro de multas montada y denunciada”. Según lo denunciado, “en el marco de dicha sociedad, explotarían dos restaurantes, actividad a la cual estaría ligado de forma directa el mismísimo D’Onofrio”.
Otro de los pedidos del magistrado es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le brinde información sobre bienes muebles e inmuebles de los acusados. A la Caja de Valores, le requirió datos sobre tenencias de acciones y bonos. A Interbanking SA, le requirió precisiones sobre transacciones por medios electrónicos. Posibles tenencias de criptomonedas, operaciones en Mercado Pago, movimientos con la Cuenta DNI del Banco Provincia, también son pedidos del juez.
Además, González Charvay pidió saber si D’Onofrio, Pombo y el resto de los acusados poseen aeronaves o embarcaciones, solicitó sus declaraciones juradas e información de ambos como contribuyentes de la Municipalidad de Pilar, donde Pombo es una aliada del intendente Federico de Achával (Unión por la Patria). El juez no imputó todavía a D’Onofrio y el resto, aunque sí ordenó las medidas siguiendo los pedidos del fiscal Bringas.
Charvay, en la última resolución en el caso, rechazó a Camani como querellante y remarcó que la investigación está en “estado embrionario”. El denunciante apelará, a través de su abogado, Pedro Aribe.
La causa en La Plata
En paralelo, el fiscal platense Álvaro Garganta, que tiene a su cargo la investigación sobre las fotomultas y la VTV, analiza información recopilada en procedimientos recientes. según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, tiene en su poder 22 cajas con pliegos y otra documentación del Ministerio de Transporte.
En el entorno de D’Onofrio, en tanto, consideraron que el fiscal Garganta recibió de parte del ministerio todo lo solicitado y “más información aún”, Ante la consulta de este diario, indicaron que “quedó claro que no hubo información privilegiada, ya que era pública, y que además ese servicio se contrata por cuenta y cargo de los concesionarios de la VTV, con lo cual el ministerio es totalmente ajeno”.
Desde el Frente Renovador, recordaron a LA NACION que, “hace cinco meses le dijimos a [Axel] Kicillof que se necesitaba un cambio” en el área de Transporte. por ahora, el gobernador mantiene a su ministro en el cargo.
En este expediente, la firma Secutrans aportó recientemente información sobre un edificio en Calle 6, La Plata, que utiliza el ministerio y estaría vinculado a Sebastián Desio, titular de la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, contratada por concesionarias de la VTV para brindar servicios tecnológicos por los que cobra el 8,5% más IVA de cada verificación. Garganta investiga la relación entre Desio y D’Onofrio. Secutrans planteó que esa propiedad fue adquirida, en agosto de este año, por una sociedad que tiene el mismo domicilio que una inmobiliaria que sería de Desio y que esa sociedad tiene como socia a una mujer que sería empleada doméstica de la esposa de un hermano de Desio.
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