Ordenan que la investigación por el pago de una coima que compromete a Insfrán vuelva a la justicia formoseña

Sobre el cierre del año judicial, el capítulo formoseño del “caso Ciccone” dio un nuevo paso hacia la impunidad. La jueza federal de Formosa, María Belén López Mace, se declaró incompetente y dispuso que el expediente pase a la Justicia local, que ya en 2012 intentó cerrarlo sin investigar lo ocurrido.

López Mace consideró que es la Justicia formoseña la que debe analizar si el gobierno de Gildo Insfrán le pagó una coima de US$ 2 millones al entonces ministro de Economía, Amado Boudou, para destrabar el canje de la deuda que la provincia mantenía con el Estado nacional, tal y como confesó Alejandro Vandenbroele, uno de los intermediarios de ese soborno.

La oposición formoseña intenta evitar, sin embargo, que el expediente pase a la Justicia local. Plantea que al remitir la causa desde Buenos Aires, la Cámara Federal porteña determinó que era la Justicia federal con asiento en esa provincia la que debía asumir la instrucción. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Hernández, sabe que resultará difícil retener la investigación en el fuero federal, y centra sus últimas esperanzas en la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Resistencia, Chaco.

Hernández redobló la apuesta. También pidió que se admita a la UCR como querellante en la investigación y que se cite a declarar al gobernador Insfrán y al propio Vandenbroele, tras invocar el “derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva”. El titular de la UCR formoseña recordó, además, que la Cámara Federal de Resistencia ya le reconoció su derecho a intervenir como querellante en otra “causa penal donde se investigan hechos de corrupción que causaron un importante perjuicio al patrimonio estatal”.

La jueza López Mace deberá ahora definir los pasos a seguir en un expediente que no registró movimientos sustanciales desde hace quince meses, según reconstruyó LA NACION. Es decir, desde que la Cámara Federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py ordenó enviar la investigación a Formosa en octubre de 2020. Desde entonces, el expediente apenas se movió. Salvo, justo antes de la feria judicial, para disponer la incompetencia del fuero federal, en línea con un dictamen que presentó el fiscal federal Luis Benítez, quien recomendó remitir la causa a la Justicia provincial.

El expediente se inició a partir de una investigación de LA NACION, que reveló en 2012 el pago de $7,8 millones –unos dos millones de dólares al cambio entonces vigente- a la firma The Old Fund en mayo de 2010 por parte del gobierno de Insfrán. Le pagó por su supuesto asesoramiento para el canje de la deuda pública que Formosa acumulaba con el Estado nacional.

Ese supuesto asesoramiento, sin embargo, jamás ocurrió. Se trató de un contrato ficticio para que Boudou, por entonces ministro de Economía cobrara una comisión a cambio de darle luz verde a esa reestructuración financiera, según confesó luego Vandenbroele. Detalló que The Old Fund emitió su factura 003, manuscrita y tras anular las dos primeras, para efectivizar ese cobro.

El pago de ese “retorno” incluyó, sin embargo, un giro adicional. Porque el 30% del dinero que el Fondo Financiero Provincial (FonFiPro) le transfirió a The Old Fund terminó días después en las arcas de Estrategias de Imagen y Comunicación SA, una firma que controlaba Martín Cortés, un conocido operador de Insfrán que con el paso de los años se convirtió en director, presidente y accionista del Banco de Formosa. Al decir de los investigadores, esa transferencia del 30% configuraría sería el “retorno del retorno”.

La investigación judicial sobre ese soborno, sin embargo, jamás terminó de despegar. A fines de 2012, la Justicia formoseña archivó el expediente sin ordenar medidas de prueba relevantes ni indagación material alguna sobre la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Se apoyó en la versión de los hechos que le proveyó el gobierno de Insfrán.

El entonces juez provincial Héctor Suhr dispuso el archivo del expediente. Consideró que no se había corroborado “un móvil distinto al que debe sustentar los actos realizados, tutelando la hacienda pública y el prestigio de la Administración”. Tiempo después pasó a gozar de su jubilación como magistrado.

Desde el Ministerio Público Fiscal formoseño tampoco impulsaron la investigación. La entonces fiscal provincial Marisa Vázquez concluyó que no le correspondía dictaminar, pero en ese mismo escrito dictaminó la “inexistencia de elementos” incriminatorios y sostuvo que The Old Fund había “realizado y luego cumplido los objetivos” de asesoramiento trazados. Dos años después, el gobierno de Insfrán apoyó su designación al frente de una de las dos decisivas fiscalías federales en la capital provincial.

La pesquisa, sin embargo, resurgió cuando la Justicia federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py ahondó en lo ocurrido. Al punto que con las mismas evidencias que Suhr y Vázquez descartaron toda ilicitud, concluyó lo contrario. Esa sospecha se confirmó cuando Vandenbroele se acogió al régimen del arrepentido, en noviembre de 2017, y confesó el cobro de la coima. “La operación estaba avanzada”, detalló. “La llevaban adelante el gobernador Insfrán y el ministro de economía Amado Boudou. Solo había que simular un asesoramiento con la provincia para cobrar una comisión”.

Pero en 2020, la investigación se detuvo. El juez federal a cargo del caso Ciccone en Buenos Aires, Ariel Lijo, y la Cámara Federal porteña concluyeron que la pesquisa debía continuar en Formosa. Y allí se encuentra desde fines de ese año, casi sin movimientos. Al punto que Vandenbroele contactó a la Defensoría Oficial para requerir su asistencia, pero le replicaron que no sería necesario porque el expediente permanecía inmóvil.

Hernández tiene la esperanza de mover el expediente al pedir ser aceptado como querellante. “Solicitamos que se cite a declarar a Alejandro Paul Vandenbroele y al gobernador Gildo Insfrán, y que se produzcan de manera urgente las demás medidas probatorias tendientes a continuar la investigación tal como lo ordenó la Cámara”, planteó en su escrito. “Esto resulta impostergable, habida cuenta del tiempo transcurrido y la falta de un desarrollo procesal en la investigación”, insistió.

La Justicia federal optó, sin embargo, por desprenderse del expediente. Pero en los tribunales ordinarios tampoco tienen apuro, ni interés, por recibirlo. Lo definen como “una brasa caliente”.

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