Ordenan nuevas medidas de prueba en la causa de las cooperativas que contrató Mayra Mendoza

El juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó una serie de medidas de prueba en el caso que investiga el presunto desvío de fondos en el municipio gobernado por Mayra Mendoza.

En las últimas horas de la semana, el juez envió nuevos pedidos de información a escribanías y organismos del Estado para recabar más información sobre los imputados y las entidades bajo sospecha por operaciones en sociedades e inmuebles, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

También se mandaron a peritar los teléfonos y las computadoras que habían sido secuestradas durante los allanamientos ocurridos el mes pasado en las cooperativas y las oficinas de una de las empresas ligadas a ellas. Por estas horas los funcionarios judiciales de Quilmes analizan la información contable que recibieron de la AFIP, de la UIF y de entidades bancarias.

La causa se enfoca en las contrataciones millonarias a un conjunto de cooperativas supuestamente relacionadas con funcionarios municipales del entorno de la intendenta Mendoza, quien está imputada pero, por ahora, los principales sospechados de haber articulado el desvío de fondos a través de la contratación de cooperativas son el exsubsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que renunció cuando se hicieron públicas las acusaciones, y quien fuera su socio, el abogado Martín Bordalejo.

También está en la mira José Alejandro Scozzari, contador de varias empresas vinculadas a la causa y contratista del municipio. El caso está en manos del juez Armella y de la fiscal Silvia Cavallo.

En las últimas semanas entregaron información a la Justicia la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. Cada informe de la AFIP (en total son dos) tiene 9.000 páginas. De la documentación recolectada surge que la maniobra se replicó en, al menos, un municipio más, y que para estas operaciones se manejaron altas cifras de dinero en efectivo.

También surge de la información entregada por la UIF y la AFIP que las supuestas cuentas offshore a las que habrían desviado fondos los exfuncionarios implicados en la maniobra no están declaradas en Argentina. El próximo paso podría ser librar exhortos internacionales para rastrearlas, una medida que ya fue impulsada en la otra causa por estos hechos que está en Comodoro Py.

En paralelo, en Comodoro Py hay otra investigación por los mismos hechos. El fiscal de ese caso es Ramiro González y el juez es Ariel Lijo. En ese caso fueron impulsadas medidas de prueba similares a las del expediente que hay en Quilmes, pero además se enviaron exhortos a la ciudad de Miami para conocer más sobre las firmas a las que habrían sido desviados los fondos.

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