Ordenan 27 allanamientos en una causa contra intermediarios de planes sociales denunciados por el Gobierno por extorsión
Dispuso las medidas la Cámara Federal a pedido del fiscal; la causa se inició por una presentación de Patricia Bullrich en base a llamadas al 134; el Polo Obrero dará una conferencia de prensa
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LA NACION
La Cámara Federal porteña ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales que fueron denunciados por el Gobierno, acusados de haber extorsionado a beneficiarios de planes para que acudieran a marchas o entregaran parte de los ingresos que cobraban del Estado.
En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo, relató una fuente oficial que trabaja en el caso.
Entre los investigados hay dirigentes del Polo Obrero. LA NACION se comunicó con Eduardo Belliboni, referente de esa agrupación, que dijo que en el transcurso de la jornada darán una conferencia de prensa con referentes de las organizaciones allanadas.
La decisión de allanar la tomó la Sala I de la Cámara, que hizo lugar a un pedido del fiscal del caso, Gerardo Pollicita. Firman el fallo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Pollicita le había solicitado los allanamientos -además de una serie de detenciones- al juez de la causa, Sebastián Casanello, que el 19 de abril entendió que era prematuro disponerlos. Pollicita apeló. La Cámara revocó esa decisión del juez e hizo lugar a lo solicitado por el fiscal.
En los últimos días, el juzgado de Casanello, que tiene delegada la instrucción del caso en la fiscalía de Pollicita, avanzó con los allanamientos con total hermetismo. También la Cámara había considerado que era peligroso que lo dispuesto tomara difusión y ordenó expresamente en su fallo “mantener la reserva” para que no se frustraran las medidas. Por eso, si bien el fallo se firmó el jueves pasado, se conoció recién hoy.
Los allanamientos fueron en domicilios particulares de personas cuyos teléfonos buscaba la Justicia y en diferentes sedes de comedores populares identificados como “Rivadavia I”, “La Carbonilla”, “Mariano Ferreyra”, “Kuña Guapa” y “Caminos de Tiza”. También en depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas, de acuerdo con el fallo de la Cámara.
Tras las primeras publicaciones periodísticas, el Ministerio de Seguridad difundió esta mañana un comunicado en el que dio cuenta de los “27 allanamientos” y precisó: “Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha”.
La denuncia del Gobierno fue en base a los reclamos recibidos en la línea 134, habilitada el 19 de diciembre pasado por el Ministerio de Seguridad para recibir denuncias de amenazas, aprietes o extorsiones. Según informó el Gobierno, recibieron más de 20.000 llamados en menos de una semana.
En su fallo, la Cámara recordó que “se denunció la recepción de diversos llamados en la línea 134, con el objeto de que se investigue la conducta presuntamente ilícita de quienes, actuando como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
El tribunal recordó además que se delimitó la instrucción a “los 45 llamados sobre hechos que versaron en esta ciudad”, por la ciudad de Buenos Aires.
En la causa se investiga además cómo se canalizaron los supuestos fondos ilícitos obtenidos vía extorsión. Para eso, se levantó el secreto fiscal respecto de los acusados. Según la hipótesis del fiscal, el dinero se habría canalizado a través de cooperativas, pero se desconoce su destino final.
Para Casanello, no era momento todavía para avanzar con los allanamientos y, primero, debían ser citadas a declarar como testigos 12 personas. La Cámara, en cambio, coincidió con el fiscal: dijo que postergar estas medidas “genera una prolongación de la pesquisa y la posible consecuencia de que se frustre la preservación de los elementos probatorios necesarios para la investigación”.
Para el fiscal era central hacerse de los “dispositivos electrónicos” de los imputados. Lo mismo entendió la Cámara, que dijo: “La mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí”. En paralelo con los allanamientos, Casanello ordenó los secuestros de teléfonos y computadoras.
El fallo de la Cámara revocó además la decisión del juez de dejar sin efecto una serie de intervenciones telefónicas en curso y de citar a testigos.
LA NACION
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