Omar Yasin | Quién es el secretario de Trabajo al que Javier Milei culpó del aumento de sueldos a funcionarios

Duró apenas tres meses. Omar Yasin, un abogado laboralista del Pro, había sido el elegido de Javier Milei para conducir la estratégica Secretaría de Trabajo, que tiene a cargo la misión de imponer una reforma laboral y gestionar la relación con los gremios en medio del severo ajuste que se propone hacer el Gobierno.

La salida intempestiva de Yasin se explica por la decisión de Milei de responsabilizarlo por la crisis que estalló el fin de semana cuando se descubrió que tanto el Presidente como los ministros y altos funcionarios del Estado habían recibido un aumento del orden del 48% de sus sueldos, a contramano del discurso de austeridad que empuja la Casa Rosada.

Yasin ya se había desempeñado en la gestión de Mauricio Macri como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, bajo las órdenes de Jorge Triaca. En la gestión porteña del Pro ocupó el cargo de director general de Ferias y Mercados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su llegada al actual gobierno nacional había sido sorpresiva, porque Milei en primer lugar había sugerido que en Trabajo desembarcaría Gustavo Morón, otro exfuncionario macrista.

En la gestión de Milei el Ministerio de Trabajo bajó de rango de secretaría y quedó bajo la órbita de Capital Humano, el área que encabeza Sandra Pettovello y que también absorberá a Educación, Salud y Desarrollo Social.

Yasin, de 61 años, es especialista en derecho laboral, profesor adjunto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA y subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Integró los equipos de campaña de Patricia Bullrich que lideraba Dante Sica. Es un funcionario con puentes con el sindicalismo.

En estos tres meses Yasin tuvo protagonismo en la elaboración y defensa de la reforma laboral que se impuso por DNU y que luego quedó frenada en la Justicia (está ahora en manos de la Corte Suprema). También le tocó gestionar la reacción del Gobierno ante el paro nacional que el 24 de enero -en tiempo récord- convocó la CGT.

“La pregunta es si la CGT está en condiciones de hacer un paro. Ante la pasividad de estos cuatro años me parecería intempestivo hacer un paro. No sabemos por qué lo harían. Qué de eso que está en el DNU les provoca esa actitud”, dijo los días previos de aquella medida de fuerza.

A su juicio, el DNU fue “un instrumento para generar trabajo que no reduce ningún derecho de ningún trabajador”.

También defendió enfáticamente la creación de una causal de despido por participar de un bloqueo, producir daños a una empresa o terceros e impedir que un trabajador vaya a trabajar.

“Otro aspecto muy positivo de este DNU es la posibilidad de hacer un fondo de desempleo o de cese, que es voluntario, que está integrado solamente por el empleador, nunca por el trabajador y se crea por convenio colectivo, es decir, que tienen que estar de acuerdo los sindicatos con los empresarios”, dijo en enero, al destacar otro capítulo de la reforma buscada.

Su injerencia en las negociaciones paritarias fue casi testimonial. Se apilaron acuerdos entre las partes sin homologar por parte de la Secretaría de Trabajo, que esperó siempre una señal del ministro de Economía, Luis Caputo, para avalar las subas. Por ejemplo, en estos días hay un conflicto con el poderoso sindicato de los camioneros, que encabezan los Moyano. Pero la falta de homologación del trato entre empresarios y sindicalistas se repite en otros rubros.

Mantuvo también una postura pasiva en los conflictos sectoriales en los que hubo paro u otras medidas de fuerza. Por orden también de Caputo, decidió no dictar la conciliación obligatoria en los reclamos de los gremios aeronáuticos de la semana pasada. Sucedió algo similar con el paro de los maquinistas de tren.

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