Olivosgate: el expediente entró en un laberinto y se podría demorar la investigación sobre Fernández

La causa penal que afronta el presidente Alberto Fernández por la violación de la cuarentena “reforzada” quedó en el aire y durante los próximos días tendrá como protagonistas a tres jueces, tres fiscales y, eventualmente, dos cámaras del fuero federal que definirán dónde debe tramitar el expediente conocido como Olivosgate y evitar cualquier sospecha de “fórum shopping”, según pudo reconstruir LA NACION.

El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente y ordenó remitir el expediente al Juzgado del mismo fuero “en turno” en San Isidro. Así lo decidió miércoles pasado, sólo horas después de que su colega Lino Mirabelli comenzara su turno, en desmedro de Sandra Arroyo Salgado, la jueza que la Casa Rosada quiere evitar a toda costa.

Colaboradores de Casanello defendieron su decisión. Afirmaron que se declaró incompetente en la primera oportunidad que tuvo, al abordar el planteo de inconstitucionalidad que presentó una de las defensas, ajeno al dato de que la jueza Arroyo Salgado se encuentra en turno en San Isidro los meses pares y su colega Mirabelli, los impares.

“El juez actuó exactamente igual en ese expediente que en todos los demás. Recibió la denuncia y delegó su sustanciación en el fiscal”, afirmaron a su lado. “Así lo hizo antes en la denuncia contra el Presidente y [Hugo] Moyano, que quedó en manos de[l fiscal Carlos] Rívolo, que consideró de inmediato que no era competente y se lo devolvió a Casanello, que la mandó a San Isidro. Esta otra denuncia, en cambio, le llegó al fiscal [Ramiro] González, quien tomó medidas de prueba durante unas semanas”, agregaron.

La decisión de Casanello de remitir la causa a San Isidro, sin embargo, todavía no se concretó. Tanto el fiscal que tenía delegada la investigación en Comodoro Py, Ramiro González, como todos los acusados y la querella, tendrán tiempo hasta las 9.30 de la mañana del martes para apelar la remisión del expediente a San Isidro.

El fiscal González dejó trascender que no apelará. Considera que el Ministerio Público Fiscal es uno solo y que, por tanto, da igual si la investiga él o a uno de sus colegas de San Isidro, ya sea Federico Iuspa o Fernando Domínguez.

No obstante, al menos una de las defensas de quienes participaron en la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, sí apelaría la decisión de Casanello, según reconstruyó LA NACION, llevando el expediente a la Cámara Federal de Comodoro Py y, de ese modo, ralentizando su tramitación.

Ése es otro de los objetivos de la Casa Rosada. El primero es evitar que la exmujer del fiscal Alberto Nisman, Arroyo Salgado, quede a cargo del expediente, ya que consideran que tiene “animadversión” contra el Gobierno. El segundo es dilatar las definiciones de esa investigación –y, por tanto, una eventual sanción- todo lo posible.

Tanto si nadie apelase la decisión o si la Cámara Federal confirmara la incompetencia de Casanello, la pesquisa se remitiría entonces a San Isidro, donde lo recibiría el juez Lino Mirabelli junto al fiscal Fernando Domínguez. Pero allí no se terminan los eventuales giros que podría registrar el expediente.

Senderos en San Isidro

Tras analizar los hechos y avances registrados en ese expediente, Mirabelli podría rechazarlo –y devolvérselo a Casanello-, o mantenerlo en su Juzgado y pedirle a su colega Arroyo Salgado que le envíe lo que ella tenga para evaluar quién debe quedarse con la pesquisa en San Isidro. Luego podría quedarse con la causa o remitirle todo a Arroyo Salgado, quien ya recibió una denuncia en agosto que podría registrar una conexidad objetiva o subjetiva con los hechos y las personas bajo investigación en Comodoro Py.

En ese sentido, el fiscal en turno con Arroyo Salgado, Federico Iuspa, ya presentó un dictamen en el que fijó su parecer y que la jueza entendió que impulsó la acción penal, dándole un nuevo argumento para sostener que debe quedarse con el expediente. Hasta el momento, sin embargo, Arroyo Salgado no fijó su posición. Dos semanas atrás, le solicitó a Casanello acceder al expediente de Comodoro Py “ad effectum videndi”, pero no le planteó luego un pedido de inhibitoria.

Es decir, no le exigió que le entregue la investigación, ni argumentó que ella es la jueza “natural” de esa pesquisa para de ese modo ahuyentar cualquier sospecha de “fórum shopping”. Cómo se desarrolle la interacción entre Mirabelli y Sandra Arroyo Salgado, a su vez, podría abrir otra puerta en el proceso, habilitando la intervención del tribunal superior común a ambos, la Cámara Federal de San Martín, que hasta el momento se mantiene expectante.

Esa Cámara ya fijó su posición sobre las restricciones sanitarias en otros expedientes. Así, convalidó la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno –rechazando el pedido de amparo que presentó un abogado que reclamó por su libertad ambulatoria-, y confirmó múltiples procesamientos dictados en primera instancia. Entre otros, de quienes participaron en un torneo de pádel en Pilar –en el que participó un funcionario de Tigre-, de un preparador físico que agredió a un guardia y de un joven que volvió de un viaje y fue a una fiesta de 15, contagiando a decenas de invitados.

En cuál Juzgado quede el expediente no resulta anecdótico para la Casa Rosada. Mirabelli convalidó las salidas alternativas a una condena que acordó la Fiscalía en otros casos de violación del artículo 205 del Código Penal, en tanto que Arroyo Salgado se inclinó por otorgar “probations”, una opción que la ley veda para los funcionarios.

Desde el Gobierno recuerdan, también, otro antecedente reciente de Mirabelli: desestimó otra denuncia contra el Presidente, su pareja y Hugo Moyano, su pareja y su hijo menor, Jerónimo, tras concluir que no comieron un asado en la quinta de Olivos, entre las 12.55 y las 18.40 del sábado 22 de agosto de 2020, en plena cuarentena. Aunque afirman que no fue por una cuestión social, sino por temas gremiales.

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