Coronavirus. En Olavarría acusan a La Cámpora por la pérdida de 400 vacunas rusas

El desperdicio de 400 dosis de la vacuna rusa Sputnik V en la ciudad bonaerense de Olavarría derivó en fuertes acusaciones políticas y una investigación judicial que buscará determinar la responsabilidad por la interrupción de la cadena de frío necesaria para preservar las dosis.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales acusaron a La Cámpora y la administración sanitaria provincial por la pérdida. "Son unos irresponsables porque dejaron a todo el personal de salud de Olavarría sin vacunar. La Cámpora no quiso que se encargara nuestro centro de vacunación de 70 años porque Olavarría está conducido por Cambiemos y creyeron que no podían", acusó el titular del gremio de los municipales de Olavarría, José Stuppia. En la zona solo se pudieron utilizar 50 dosis del lote recibido.

Stuppia apuntó, en diálogo con LA NACION, contra el director de la Zona Sanitaria IX, Ramiro Borzi, y el diputado provincial y militante de La Cámpora, César Valicenti: "Llevaron la vacuna a un lugar improvisado: un hospital chico de oncología que nada tiene que ver con el tema de vacunación. Ignoraron el vacunatorio que tenemos".

El sindicalista agregó que si bien Olavarría cuenta con el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche, la vacunación se organizó en el Hospital de Oncología Luciano Alfredo Fortabat, que pertenece al gobierno provincial.

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazaron las acusaciones de Stuppia e indicaron a LA NACION que no iban a sumarse a la polémica. Agregaron que la Justicia "ya tiene todos los elementos para avanzar sobre la denuncia por sabotaje". Desde La Cámpora declinaron hacer comentarios al respecto. Borzi, por su parte, argumentó que hubo situaciones sospechosas que permiten especular que ocurrió un sabotaje.

Stuppia rechazó las explicaciones: "Fue negligencia, pusieron de excusa el sabotaje para cubrirse. Enchufaron los freezers de manera precaria, es mentira que no anduvieron las cámaras. Es un acto de irresponsabilidad de estos gestores".

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, evitó adelantar conclusiones. "Si se confirma un sabotaje, habrá que ir hasta las últimas consecuencias. Las hipótesis que se están manejando son una falla mecánica, eléctrica o un sabotaje. Creo que hubo una falla eléctrica durante el fin de semana largo", afirmó en diálogo con Télam.

El tono había sido otro al ser consultado por LA NACION: "No busco culpables, sino soluciones para lo que venga a futuro. La Justicia está interviniendo, vamos a esperar. Descarto el sabotaje porque no hay puertas violentadas".

Por su parte, el director provincial de Hospitales, Juan Riera, dijo en TN: "Lo más probable es que haya sido manipulado el sistema de control del freezer, porque no encontramos otra explicación". Afirmó que la cámara que se encontraba "dentro de la habitación donde estaba el freezer en un momento dejó de grabar".

Con respecto a la hipótesis de una falla eléctrica, dijo: "Ninguna térmica saltó, no tuvo que ver con una alta de tensión. Hay dos freezers: uno con las vacunas y otro con hielo. El otro nunca se apagó".

La investigación quedó a cargo del fiscal general del departamento judicial de Azul, Marcelo Sobrino, quien señaló que se investigan dos alternativas: que la interrupción en la cadena de frío haya sido causada por "una falla eléctrica en el freezer" o que se manipulara la temperatura para atentar contra la preservación de las vacunas.

Sobrino aseguró que se encargó de solicitar "que la persona de vigilancia preservara la información de las cámaras de seguridad desde el 29 de diciembre y que se informaran todas las personas que podían tener ingreso al lugar, hasta el personal de vigilancia del mismo hospital".

Fuentes con acceso a la causa precisaron que todas las líneas de investigación están abiertas. Confirmaron que una de las posibilidades en estudio es que se haya atentado contra la cadena de frío al bajar la temperatura del freezer. A ella se suma la hipótesis de que las vacunas hayan sido adulteradas: en ese caso, dijeron, podría aplicarse el artículo 200 del Código Penal, que prevé una pena máxima de 10 años de prisión.

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