Tras la moratoria que impulsó el Gobierno, la Justicia levantó la quiebra de Oil Combustibles

Un año después de que el Congreso aprobara la moratoria fiscal que por primera vez incluyó el impuesto a la transferencia de los combustibles, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa lograron que la Justicia levante la quiebra de su petrolera, Oil Combustibles.

La jueza María Soledad Casazza determinó que López y De Sousa cosecharon el apoyo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la amplísima mayoría de sus acreedores, por lo que estimó no había motivos para continuar con el proceso falencial.

Para López y De Sousa, la resolución judicial significa un paso decisivo en sus esfuerzos por recuperar el Grupo Indalo y posicionarse otra vez entre los empresarios más poderosos de las últimas dos décadas.

Ahora, el proceso judicial está lejos de terminar, tanto para el efectivo pago a la AFIP y otros acreedores, como también de los honorarios de todos los profesionales involucrados, pero López y De Sousa obtuvieron la luz verde judicial antes de que venciera el plazo fijado por el organismo tributario.

Para la jueza Casazza, la tramitación del proceso, que comenzó en 2016 como concurso preventivo, para luego, en mayo de 2018, decretarse la quiebra, resultó por demás complejo, según explicitó en su resolución. “Nos hallamos frente a un pedido de conclusión falencial basado en la causal de avenimiento que reviste ciertas particularidades habida cuenta la envergadura de los acreedores involucrados en la causa, no solo por el monto de sus acreencias, sino además por las diversas vicisitudes jurídicas, administrativas y procesales que se han visto plasmadas a lo largo del trámite del presente universal”, explicó.

Esas vicisitudes se expandieron más allá del fuero comercial. Entre otros motivos, porque López y De Sousa afrontan un juicio oral cuyo principal acusado es el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al haberles permitido acumular más de $8000 millones de deuda por el impuesto a la transferencia de los combustibles.

El trámite del concurso y quiebra de Oil también registró sus propias turbulencias desde el día mismo en que comenzó a tramitarse ya que López y De Sousa buscaron que el expediente se sustanciara en Comodoro Rivadavia, a pesar de las objeciones de la AFIP y los reclamos de la justicia nacional, con sede en Buenos Aires.

Aquel contrapunto concluyó cuando la Corte Suprema confirmó que el concurso debía tramitarse en Buenos Aires, en tanto que la justicia chubutense terminó por condenar a un juez de Comodoro Rivadavia, Gustavo Toquier, por prevaricar en beneficio de López y De Sousa.

Tras la derrota de Mauricio Macri –al que acusan de haberlos perseguido- y el triunfo de Alberto Fernández –quien los había asesorado como abogado-, la situación de López y De Sousa empezó a revertirse. Quedaron en libertad y buscaron recuperar el control de Oil Combustibles y todo el Grupo Indalo.

Ahora, la jueza Casazza consideró que cosecharon el 99,96% de las conformidades entre sus acreedores, en tanto que depositaron el dinero necesario para solventar los reclamos del restante 0,06%, ya fuera porque resultaban inhallables o porque no quisieron avenirse.

La magistrada también calculó una reserva de $5275 millones para completar el levantamiento de la quiebra, tanto para afrontar pagos a la AFIP, como también para cubrir los honorarios de los profesionales –entre otros, abogados, síndicos y contadores- involucrados en el expediente durante estos cinco años.

Para López y De Sousa, la convalidación judicial era el siguiente paso que debían obtener tras conseguir en abril el visto bueno del organismo que lidera Mercedes Marcó del Pont. Por el contrario, lejos pareció la resolución de la Cámara en lo Comercial que en diciembre pasado y febrero de este año concluyó, por unanimidad, que la forma en que ambos gestionaron su deuda con la AFIP fue “ruinosa” y “fraudulenta”.

“Capciosa y falaz”

Con los votos de Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, la Cámara remarcó que López y De Sousa pretendieron esconder lo que realmente ocurría detrás de la contabilidad de Oil Combustibles, a la que utilizaron para inyectarle recursos al resto del Grupo Indalo durante años, fijando en 2011 la fecha de insolvencia de la petrolera.

El fallo de la Cámara complicó los planes de López y De Sousa, quienes sostienen que el colapso de Oil ocurrió en 2016 por el accionar del gobierno de Cambiemos, en vez de en 2011. Pero para los camaristas, esa interpretación es “capciosa y falaz”, mientras que para la AFIP es “pueril”.

Los empresarios llegaron a acumular 192 planes de pagos, recordó la Cámara, y “muchos de tales planes caducaron dejando saldos impagos a refinanciar que se incluyeron en acogimientos de planes de pago posteriores” durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP.

Tras la moratoria impulsada por Alberto Fernández que la oposición denunció como un “traje a medida” de López y De Sousa, ahora sus problemas comerciales vinculados a Oil parecen comenzar a quedar atrás.

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