Oficina Anticorrupción. "El gobierno sigue adelante, sin pausa, en el camino de la impunidad", dijo Patricia Bullrich
LA NACION
Con motivo de un supuesto "reperfilamiento" de la Oficina Anticorrupción, hoy se anunció que dicho organismo, a cargo de Félix Crous, no intervendrá más como querellante en las causas que involucren a funcionarios y exfuncionarios públicos. "El gobierno sigue adelante, sin pausa, en el camino a la impunidad", dijo la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, como parte de su reacción a tal medida, expresada en un texto que publicó en las redes sociales bajo el título "¿La Oficina Corrupción o la Argentina antitransparencia?".
Bullrich preparó inicialmente dicho posteo en su cuenta oficial de Facebook para "hablar acerca de la imposibilidad de generar acuerdos mínimos y necesarios para salir de esta trágica situación en la que estamos los argentinos". Tras la resolución, fue tajante. "La voluntad de colaborar siempre está, pero en los temas que la sociedad necesita resolver de forma urgente. Para consagrar la impunidad de los funcionarios, no cuenten conmigo", sostuvo.
La exministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos indicó: "Después los funcionarios oficiales se encargan de inundar las redes sociales cargando culpas contra la oposición, desconociendo la división de poderes y enojándose con los miles de argentinos que salen a la calle en todo el país, a pedirles que reflexionen y se ocupen de los problemas reales que tiene la sociedad".
En cuanto a los "problemas reales", Bullrich -una de las figuras más importantes de Juntos por el Cambio, el espacio opositor de mayor representación- puntualizó: "Que se pongan del lado de los argentinos de bien que sufren las ocupaciones de sus tierras, en vez de mirar para el costado cada vez que aparece una nueva usurpación".
"Que se combata a la delincuencia, no que se fustigue a las fuerzas y se liberen presos a mansalva. Que se atienda la dramática situación económica, acompañando a los cuatro millones de empleados y dueños de comercios que se quedaron en la calle, en vez de proponer una reforma judicial a la medida de la vicepresidente [por Cristina Kirchner], y que tiene un costo de cuatro mil millones de pesos. Que se ponga en la agenda la vuelta a clases, y no que los chicos sigan en sus casas, mientras pierden un año que difícilmente puedan recuperar en el futuro", requirió, además, la presidenta de PRO.
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