Ofelia Fernández encendió las redes con su defensa a los servicios públicos esenciales

La legisladora porteña por el Frente de Todos Ofelia Fernández apoyó a través de su cuenta de Twitter el DNU que declaró servicios públicos esenciales a la telefonía celular, a internet y a la televisión paga y en cuestión de minutos su postura generó comentarios a favor y en contra, en relación a la sorpresiva medida que tomó el presidente Alberto Fernández.

"No hay que alterarse por las alarmas que han encendido quienes siempre van a defender a las corporaciones antes que a las personas. No responden ni responderán a la lógica, no comprenden derechos", apuntó la legisladora porteña contra las personas que critican la reciente medida.

Asimismo, la legisladora respaldó la medida al ejemplificar con otros países en donde internet ya es considerado un servicio público. Entre ellos enumeró a Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Alemania y Suecia.

El apoyo de Fernández a la medida dada a conocer por el Presidente, que fue sorpresiva para las compañías del sector, desencadenó una serie de mensajes a favor y en contra. Mientras algunos usuarios adjudicaron la decisión del Ejecutivo como una iniciativa del primer mundo, otros criticaron el decreto al apuntar que todas esas naciones tienen, a diferencia de la Argentina, sus necesidades básicas satisfechas.

El Gobierno anunció que congelará por el resto del año las tarifas de los servicios de telefonía, internet y televisión a través de un decreto, en momentos en que se cumplen cinco meses de restricciones en el país debido a la pandemia de Covid-19.

"Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios", anticipó ayer el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

En la red social Fernández agregó que declaraba a la telefonía celular y a los servicios de internet y televisión paga como servicios públicos y que, a partir del 2021, todo aumento de tarifa tendrá que tener la aprobación previa del Estado.

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