Odebrecht: revés de la Corte para Julio de Vido y exfuncionarios de AySA por supuestas coimas en la construcción de dos plantas de tratamiento
Rechazó el máximo tribunal los recursos del exministro y de Carlos Ben por no dirigirse contra una sentencia definitiva
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos del exministro de Planificación Julio de Vido y del extitular de AySA Carlos Ben, en una causa donde están investigados por el supuesto cobro de sobornos por la construcción de dos plantas potabilizadoras donde intervenía la empresa brasileña Odebrecht, investigada en Argentina, Brasil y decenas de países por el pago de coimas.
La Corte, con la firma de todos sus jueces señaló que se trataba de planteos de los acusados que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva.
La Sala I de la Cámara Federal no hizo lugar al recurso de queja por apelación denegada, mediante la cual la defensa de Julio de Vido pretendía cuestionar una medida del juez Sebastian Casanello, que mandó designar a un contador y a un ingeniero como peritos oficiales para determinar el perjuicio económico de la maniobra investigada. A partir de la sentencia de la Corte Suprema, queda firme la decisión de no revisar en Casación el rechazo del planteo de nulidad efectuado por la defensa de De Vido. Lo mismo sucederá con los recursos planteados por Ben.
En esta causa se investiga el direccionamiento en las licitaciones de dos proyectos de infraestructura, señalando que las maniobras habrían comenzado aún antes de la publicación de los proyectos de las obras. Se investiga además si existió administración infiel en perjuicio del Estado, dado que se generaron mayores costos que los previstos en las obras y se extendieron los plazos.
Asimismo, se investiga el “pago de dádivas” por parte de las empresas ganadoras a los funcionarios para asegurarse las adjudicaciones de las obras u otras ventajas.
El recurso de queja presentado por la defensa de Carlos Ben apuntaba contra la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que dejó firme el procesamiento dictado por el juez Casanello por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, lo embargó hasta la suma 790 millones de pesos y le prohibió la salida del país.
Las dos obras de AySA bajo investigación involucraron a las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, asociadas con empresas argentinas. Se trata de la contratación para las obras “Planta Depuradora Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos-Supercemento-José Cartellone, y “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada al consorcio de empresas Esuco-Camargo Correa. Se sospecha que los empresarios habrían pagado sobornos para direccionar las contrataciones y también para reactivar pagos adeudados a las empresas.
En esta causa fue procesado como intermediario en la recepción de sobornos Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, contadores argentinos y tres profesionales uruguayos que participaron en la estructura jurídica y financiera de la sociedad off shore de Montevideo, que recibía transferencias consideradas sobornos que Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas (especialmente creada para pagar coimas), enviaba en forma clandestina a funcionarios públicos.
Esta causa ya fue elevada a juicio oral por el fiscal Federico Delgado, que dijo que en ambas obras “hubo “pagos de sumas superiores a las previstas para cada licitación, extensión de los plazos originales, aumentos de presupuestos y otras múltiples adendas a los contratos originales”.
“Nos encontrábamos ante licitaciones simuladas, que funcionaron como un disfraz para dar apariencia de legalidad formal a decisiones que se habían concebido con anterioridad”, dijo el fiscal.
Por Hernán Cappiello
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