Ocupación de tierras. "No aceptamos delincuentes", dijo el intendente de Pinamar, Martín Yeza

En medio de una preocupación creciente de los jefes comunales por la ocupación de terrenos en la provincia de Buenos Aires, y de fuego cruzado entre los dirigentes, en Pinamar realizaron tareas de desalojo y demolieron construcciones que se instalaban en una propiedad privada. "Desde la municipalidad y junto a los vecinos no aceptamos delincuentes", escribió en su cuenta oficial de Twitter el intendente Martín Yeza, quien refuerza día a día su posición de desacuerdo ante la toma de tierras.

Esta semana, Yeza también comunicó a través de sus redes sociales que había presentado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y pedido la destitución del fiscal de ocupaciones y flagrancias, Eduardo Elizarraga. "No tengo nada que decir sobre su persona pero sí sobre su función. La fiscalía nace para luchar contra las usurpaciones y no fue así", remarcó en su anuncio.

A su vez, el intendente de Pinamar dijo que pasaron cinco años en los que debieron "rogar que solicitara desalojos" ante las usurpaciones. "¿Saben lo que es tener 30 personas traídas de otra ciudad a ocupar tierras municipales y que el fiscal que debiera proteger a los ciudadanos de eso no haga nada?", se preguntó Yeza, quien también detalló situaciones puntuales.

"En el último enero habían construido unas paredes y el techo, eran cuatro personas y solicitamos el desalojo. Hablando con el comisario, el fiscal le dice: 'Si se acercan a la vivienda, métalos presos'. ¿Hablaba de los usurpadores? No, de los funcionarios municipales", relató sobre un primer episodio.

Pero no fue solo eso, Yeza también hizo referencia a otros delitos: "A esto se le suman otras faltas de actuaciones ante casos de abuso sexual, de acoso sexual, de estafa. En donde directamente archivaba las causas mediando pruebas testimoniales y materiales. Mientras tanto los vecinos le recriminan a la intendencia".

Sobre esas manifestaciones de los habitantes de Pinamar, expresó que hace un mes llegaron "vecinos preocupados por una usurpación en su barrio" y, en cuanto a ello, comentó: "El fiscal, durante cinco meses, no permitió actuar. Luego de múltiples reuniones y presión social cedió al allanamiento. ¿Quiénes estaban? Un asesino prófugo con pedido de captura y un prófugo por violación".

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