Obra pública. Un informe desnuda sobreprecios y dilaciones en un proyecto clave para 4,3 millones de personas

Hugo Alconada Mon

LA NACION

El proyecto es complejo. Tanto, que se divide en tres. Y resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 y debía terminarse en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Luego pasó para 2022 y ahora se espera que sea durante el primer semestre de 2023. Sólo uno de sus tres tramos, o lotes, debía costar $1258 millones, pero ya supera los $23.250 millones y sigue subiendo. Debía ser un proyecto transparente, pero quedó atado a la política y la cartelización empresaria.

El proyecto se llama Sistema Riachuelo e integra el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo. Lo ejecuta Aguas y Saneamiento Argentinos SA (Aysa), con financiamiento del Estado nacional y del Banco Mundial, y tiene un objetivo altruista y necesario: mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del Conurbano, con beneficios indirectos para cerca de 4,3 millones argentinos.

Ese objetivo loable y necesario, sin embargo, quedó envuelto en controversias y cuestionamientos, según surge de decenas de fuentes y documentos consultados por LA NACION durante los últimos meses; entre ellos, documentos internos de Aysa, el informe 2018 de la Auditoría General de la Nación (AGN), y el último y hasta ahora desconocido informe que completó la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a principios de este año.

En ese informe, el actual titular de la Sigen, Carlos Montero, quien fue designado por el presidente Alberto Fernández, objetó el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el proyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.

Comparaciones

A esos documentos internos y de la AGN y de la Sigen se suma, también, la elocuencia de comparar qué ocurrió con los dos tramos que financió y controló el Banco Mundial con respecto al que financió y controló el Estado nacional. Los tres tramos registran problemas, pero resultan evidentes sus muy distintos sistemas de gestión y sus muy diferentes grados de avance y transparencia, y de estabilidad o turbulencia, de las empresas a cargo de las obras, además de las renegociaciones de plazos y costos. Mientras que los dos tramos a cargo del Banco Mundial avanzaron entre el 85 y 90 por ciento, el del Estado nacional avanzó mucho más lento: recién llega al 30 por ciento de su ejecución.

De hecho, al analizar el proyecto desde su gestación, la Sigen terminó por concentrarse en uno de los tres lotes: el que financió y controló el Estado nacional. No le gustó lo que encontró. Al punto que, en una decisión inusual, le recomendó a Aysa “analizar la instrumentación de acciones tendientes a evaluar y determinar la correspondencia de asignación de responsabilidades por el desempeño en la gestión de planificación, contratación y ejecución de la obra”. En otras palabras, pidió cabezas, sumarios o denuncias. Pero hasta el cierre de esta edición, eso no ocurrió.

Aysa, cabe aclarar, no es una empresa más con participación estatal. Conforma el trípode dorado de grandes compañías, junto a YPF y Aerolíneas Argentinas, y su presupuesto monumental siempre quedó bajo la sospecha de la cartelización empresaria, el financiamiento electoral clandestino de múltiples políticos, y el enriquecimiento ilícito de algunos de sus funcionarios. Entre ellos, de su titular hasta 2017, Carlos Ben. Debe afrontar un juicio oral por su presunta administración fraudulenta de Aysa durante la construcción de las plantas de Paraná de las Palmas y Berazategui tras una investigación del juez federal Sebastián Casanello.

Disparidad en la ejecución

En lo que respecta al Sistema Riachuelo, en tanto, el informe de la Sigen sintetizó la notable disparidad que se registra en el avance de los tres lotes, bajos las riendas del Banco Mundial o del Estado nacional, a lo largo de sucesivos gobiernos:

Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarca la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más varias obras complementarias. Su objetivo es transportar los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, luego procesado en las causas Cuadernos y Lava Jato. El contrato comenzó a ejecutarse en enero de 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 90% a abril de este año.

Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional, abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del Lote 1, más una Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Merece un párrafo aparte. El contrato comenzó a ejecutarse en junio de 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 30%, también a abril.

Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarca la construcción del Emisario Riachuelo que trasladará los efluentes pre tratados en las obras del Lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: la italiana Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, luego fue procesado en la causa Cuadernos- y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en enero de 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 85%, también a abril.

Desde entonces, los porcentajes de avance de los tres lotes mejoraron, pero no tanto para el Lote 2, según confirmaron desde Aysa a LA NACION. Y eso a pesar del esfuerzo y los riesgos que asumieron los responsables directos de la ejecución de las obras y los técnicos y operarios, que continuaron con las obras a pesar de la pandemia de Covid-19. Pero los contratiempos los exceden a ellos. De hecho, esos problemas comenzaron en la gestación misma del proyecto, allá por 2008.

Veto de origen

¿Por qué? Porque el proyecto empezó con un veto de origen. El entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenía datos de que la firma Degremont deseaba competir en la licitación por ese lote. Para el kirchnerismo eso era inaceptable. ¿Por qué? Porque había sido la operadora local de Suez, el grupo francés que controlaba Aguas Argentinas hasta que Néstor Kirchner la expropió y convirtió en Aysa. Ese fue el motivo verdadero y excluyente, según explicitó la AGN en su informe de 2018.

En ese contexto, el Ministerio de Planificación Federal que lideraba Julio de Vido rearmó sus planes. Decidió que el Banco Mundial financiaría los lotes 1 y 3 –que, por tanto, quedarían bajo su supervisión-, en tanto que el Lote 2 quedó bajo el financiamiento y control del Gobierno. ¿Conclusión? El tramo que definieron De Vido y sus acólitos terminó en manos del consorcio integrado por las empresas Esuco, JCR, CPC y C&E, que firmó el contrato en octubre de 2014. Empresas, todas, cercanas al poder.

¿Esuco? Es la empresa de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que confesó en la causa Cuadernos cómo pagó sobornos y lideró la cartelización de la obra pública durante años. ¿JCR? La constructora de Juan Carlos Relats, el empresario que alquiló Los Sauces, uno de los hoteles de los Kirchner en El Calafate. ¿CPC? La constructora de Cristóbal López. ¿C&E? La empresa que desde hace años arrastra el mote dentro de Aysa de ser una de las preferidas de José Luis Lingeri, el poderoso líder del sindicato de los trabajadores de Obras Sanitarias.

Tal es el poder de Lingeri dentro de Aysa que el primer dato relevante que consignó el comunicado de prensa inaugural de Malena Galmarini al asumir, el 12 de diciembre de 2019, fue que ella se convertía “en la primera presidenta mujer” de la empresa y que su acto de asunción “contó con la presencia” del sindicalista, incluso antes de mencionar al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Antes y después de firmar los contratos con los tres consorcios ganadores, sin embargo, el Sistema Riachuelo afrontó múltiples tropiezos. ¿Un ejemplo? Todos los cálculos debieron replantearse cuando las obras del Lote 1 se toparon con un gasoducto que no había sido tomado en cuenta por las entonces autoridades de Aysa al desarrollar el anteproyecto, ni en los pliegos licitatorios. Eso conllevó obras adicionales y a excavar más profundo, incrementando los costos, que ya venían en ascenso, tendencia que sigue hasta hoy.

El Lote 2

Por su parte, el consorcio del Lote 2 acumuló múltiples falencias, según alertó la consultora contratada para inspeccionar la obra. Entre ellos, demoras en la generación del proyecto ejecutivo, los elaborados técnicos y la documentación respaldatoria, además de que el consorcio paró sus actividades en 2018 mientras pedía otra “recomposición contractual”.

No sólo eso. También en 2018, ya en tiempos del macrismo, fue necesario contratar de manera directa a una empresa del Lote 1 para que se encargara de obras del Lote 2. ¿Costo adicional? 14 millones de euros. ¿Empresa beneficiaria? Ghella, la empresa italiana que para entonces ya se encontraba salpicada en el capítulo argentino del Lava Jato, como una de las empresas involucradas junto a Iecsa y Odebrecht en el consorcio que había pagado sobornos para quedarse con el soterramiento del tren Sarmiento.

Allí no terminó todo. Porque durante el primer semestre de 2019, el consorcio a cargo del Lote 2 anunció su decisión de ceder su contrato porque CPC, la constructora de Cristóbal López, había entrado en concurso preventivo. Lo cedió a Impregilo, el grupo italiano que era socia de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec.

Tanto ex funcionarios macristas involucrados en aquella cesión como las autoridades actuales de Aysa coinciden, sin embargo, en que la política no habría influido en la cesión a Impregilo. Unos y otros remarcan que había sido una de las empresas que había precalificado en los inicios del proyecto para quedarse con el Lote 2, además de que estaba a cargo del Lote 3.

Hoy, las obras avanzan. Los responsables de Aysa confían en que la inauguración será a fines de 2022 o, a más tardar, durante el primer semestre de 2023, lo que también ilusiona al Banco Mundial. Entre otros motivos, porque ya comprometió más de US$ 1100 millones al proyecto -convirtiéndolo en su obra más grande en América Latina-, y acordó con Galmarini cubrir la financiación remanente del Lote 2. Con los riesgos financieros y reputacionales que conlleva esa decisión.

Para la Sigen, el proyecto debe servir de lección para futuras obras. Detalló que el Sistema Riachuelo acumula numerosas objeciones, “incompatibilidades programáticas”, “demoras”, “insuficiente grado de investigación de la zona donde se implantaría el proyecto”, “deficientes condiciones pactadas” y mucho más. Sus objeciones abarcan el diseño del proyecto, el proceso licitatorio, y su ejecución y renegociación, desde sus primeros pasos en adelante.

Ahora, la gestión Galmarini busca terminar con el proyecto. Para eso negoció con el Banco Mundial, pero antes aprobó dos adendas (la 253/20 y la 257/20) y una redeterminación de precios (la 266/20), llevando el plazo final a agosto y luego a noviembre de 2022, aunque ahora se estima que será durante el primer semestre de 2023, y elevando el monto final, sólo para el Lote 2, a “valores básicos” a $ 1539 millones, más IVA, aunque a valores actualizados por inflación supera los $ 19.220 millones, más IVA. Es decir, más de $ 23.250 millones.

Para bien y para mal, todos saben que no puede haber vuelta atrás. El dinero “enterrado” en el proyecto es ya demasiado como para detener las obras. Eso está fuera de discusión porque perjudicaría a millones de personas que viven en el área metropolitana. Por eso el Lote 2 es clave. Como expuso la AGN en su informe de 2018, cualquier nuevo contratiempo en ese tramo “podría comprometer al total de las obras del Sistema Riachuelo”. O dicho de otro modo: sin el Lote 2 terminado, de nada sirven los tramos 1 y 3.

Mientras tanto, en marzo de este año, el directorio de Aysa analizó el informe de la Sigen que reclamó cabezas por todo lo ocurrido: “Debiera analizar –le indicó a Galmarini- la instrumentación de acciones tendientes a evaluar y determinar la correspondencia de asignación de responsabilidades por el desempeño en la gestión de planificación, contratación y ejecución de la Obra en cuestión”.

Pero hasta ahora no se conocen sumarios internos, sanciones, ni denuncias penales.

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