“La obra del siglo”: la indefinición de Alberto Fernández une en un reclamo a radicales y kirchneristas mendocinos

MENDOZA.- La tan mentada “obra del siglo” mendocina se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, con un futuro incierto. Por eso, en la tierra cuyana todo el arco político comienza a levantar la voz contra los detractores del megaproyecto hidroeléctrico, principalmente la provincia de La Pampa, y le exige al gobierno nacional de Alberto Fernández que defina qué pasará con Portezuelo del Viento, en Malargüe, una obra que ya está en proceso de licitación internacional a la espera de la adjudicación.

Así, funcionarios, legisladores locales y nacionales y diversos dirigentes del frente oficialista radical y de la oposición justicialista se unen, a pesar de las diferencias, para llevar un solo mensaje a la audiencia solicitada en Casa Rosada: que el Presidente laude “de una vez por todas” a favor de la obra, sin más dilaciones ni excusas con los plazos para responder.

Lo llamativo es que Mendoza asegura que el pedido de laudo se activó a mediados del 2020, mientras que en el Gobierno nacional indican que recién ahora se están realizando solicitudes para que se expida Fernández, pero que no hay presentaciones oficiales de documentación para darle curso a la pretensión mendocina. “No hay nada aún presentado, el proceso de laudo no está vigente”, indicaron desde la Casa Rosada.

En tanto, según pudo saber LA NACION de fuentes del Poder Ejecutivo Nacional, el apoyo del mandatario argentino verá la luz solo cuando la mayoría de las jurisdicciones que componen el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), entre las que se encuentran también Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, se hayan puesto de acuerdo. El gran escollo es un estudio de impacto ambiental integral que reclaman, mientras que Mendoza asegura que ya se realizaron todas las evaluaciones pertinentes con universidades nacionales y que no está dispuesta a volver a empezar. Caso contrario, en el gobierno del radical Rodolfo Suarez prometen activar un Plan B, con otras obras hidroeléctricos sobre ríos de jurisdicción local.

Por eso, la audiencia solicitada con el Presidente, de la que no se conoce aún la fecha, se trata del último intento del gobierno mendocino junto con la oposición para torcerle el brazo a la máxima autoridad nacional; sobre todo para que diga qué quiere hacer en el corto plazo con la esperada megaobra, consensuada años atrás luego del perjuicio sufrido por la promoción industrial, por un total de más de 1000 millones de dólares. El dinero es enviado en cuotas regularmente por la Nación. Además, en el Poder Ejecutivo local aseguran que esperan la definición presidencial antes de avanzar con la licitación, sobre todo para evitar cualquier reclamo posterior por vía judicial.

El gobernador Suarez mantiene diversos encuentros con los diferentes referentes políticos para juntar avales. Ya lo hizo con todos las autoridades provinciales y comunales del radicalismo. Este mediodía será el turno con el justicialismo, previo a la audiencia que solicitó a comienzos de mes el gobernador al presidente.

Se espera la participación de la senadora nacional kircherista y titular del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti, con los intendentes y los principales diputados nacionales, entre los que se destaca Adolfo Bermejo. Ambos serían los encargados de llevarle a Fernández un documento de la Cámara de Comercio de Malargüe, consensuado días atrás con los legisladores nacionales por Mendoza, para lograr el apoyo final a la obra, que tiene un plazo de ejecución de cinco años y apuesta a lograr una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es hoy el más grande de Mendoza.

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