Nulidades en el caso Odebrecht en Brasil ilusionan a los acusados de corrupción en la Argentina
Las defensas creen que se caen las imputaciones, pero los fiscales de las causas que se tramitan en la Argentina consideran que no hay razones para debilitar la acusación
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Las nulidades dispuestas a fin del año pasado en Brasil de las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, que permitieron probar allí el pago de sobornos a políticos y empresarios, alentaron a los acusados en la Argentina de pagar y recibir sobornos sobre la idea de que las acusaciones se debilitaban y todo quedaba en la nada.
Por eso es que plantearon que se desestimen esas acusaciones aquí dado que lo que señalaron los “arrepentidos” brasileños fue anulado en Brasil a pedido del presidente Luiz Inàcio Lula da Silva por decisión del juez de la Corte Suprema brasileña José Dias Toffoli. Lula estuvo preso y fue condenado por evidencias de este proceso, conocido como Lava Jato y donde ahora fueron anulados estos acuerdos de colaboración con Odebrecht.
Las revelaciones que hizo Odebrecht, que admitió sobornos multimillonarios en toda América Latina, no tuvieron consecuencias penales en la Argentina. A diferencia de lo ocurrido en Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú, con decenas de condenas penales y pago de multas.
En la Argentina, cabe aclarar, hay dos investigaciones que se encuentran muy avanzadas, con decenas de exfuncionarios, empresarios e intermediarios con procesamientos confirmados por su presunta participación en los sobornos vinculados a dos proyectos: la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas y la extensión de las redes troncales de gasoductos. Ambas pesquisas llegaron ya a tribunales orales que deben iniciar los juicios. Sin embargo, está estancado el caso por el soterramiento del tren Sarmiento. Todavía se encuentra en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que no decide sobre la situación procesal de los indagados.
En la Argentina, las noticias de Brasil motivaron que los acusados en la causa de las obras de Odebrecht para la construcción de las plantas potabilizadoras de AySA plantearan sus recaudos. Esa causa está en el Tribunal Oral Federal N°7. Los jueces recibieron en enero una comunicación de la Coordinación General de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, preguntando si persistía el interés por las declaraciones como arrepentidos de dos exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria Da Silva.
Ambos “arrepentidos” denunciaron pagos de sobornos para tres obras en la Argentina, pero esas declaraciones nunca llegaron oficialmente al país, ni a las causas abiertas aquí. Solo aportó su contenido mediante una declaración testimonial el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que lo obtuvo de sus fuentes.
En las tres causas hay empresarios de Odebrecht y exfuncionarios argentinos acusados, entre ellos Julio de Vido y José López.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pidieron a todos los acusados que opinen si estaban interesados en esas declaraciones, aun luego del fallo de la Justicia de Brasil. Los abogados contestaron que esas declaraciones eran nulas, porque fueron anuladas en Brasil.
Sin embargo, la fiscal del caso, Fabiana León, persistió en su idea y quiere incorporar las declaraciones de los arrepentidos. Los jueces aún debe responder si hacen lugar o no a una serie de pedidos de nulidad que plantearon las defensas y luego deben decidir qué prueba admiten y cuál no. Los abogados pidieron además que se incorpore al caso el fallo del juez de la Corte de Brasil Dias Toffoli.
“Hay planteos de nulidad de la causa y ofrecimientos de prueba. Se verá si prosperan o no los planteos de nulidad. Y de no prosperar se analizará la prueba. El tribunal no va a ir más allá y remitirá lo que la fiscalía pide. La nulidad del acuerdo en Brasil es un tema de las partes”, dijo a LA NACION una fuente judicial.
En esta causa en particular ocurre algo similar a lo que sucede en los otros dos expedientes del caso Odebrecht en la Argentina: como esas declaraciones nunca fueron incorporadas como pruebas, no fueron tenidas en cuenta para los procesamientos y la elevación del caso a juicio, con lo que la nulidad de esos acuerdos en Brasil podría no tener impacto en las causas aquí.
Se pidió que se libre un exhorto para que Brasil mande la resolución del Tribunal Supremo en donde se declara la nulidad. Aunque eso está por verse ya que aún debe resolver el tribunal oral. Dependiendo de su decisión es que se sabrá si habrá juicio oral este año.
Peritaje contable
Las defensas acá están mirando otra cosa, más allá de esta circunstancia internacional. Su atención está puesta en un peritaje contable que no terminará antes de cinco meses. Ese trabajo aparentemente se encamina a confirmar que no hubo perjuicio para el Estado con esta contratación, lo que es una carta fuerte que piensan jugar en un eventual juicio oral.
La Cámara Federal le pidió tres veces (la última a mediados del año pasado) al juez Martínez de Giorgi que resuelva si procesa o no a exfuncionarios del kirchnerismo y a empresarios ligados al macrismo sospechados de pagar y recibir coimas por la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, de US$1500 millones, que se encuentra paralizada.
Los imputados aquí son el exministro de Planificación Federal De Vido, Angelo Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero.
Esta es la tercera vez que la Cámara Federal hace este reclamo al juez. El fiscal del caso, Franco Picardi, viene instando al juez a que dé una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.
En este expediente sí se incorporó la declaración de Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. Admitió que autorizó “pagos indebidos” por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.
Las defensas ya plantearon que se debe declarar la nulidad e ignorar esta declaración a la luz del fallo de Toffolli en Brasil. El juez Martínez de Giorgi pidió el fallo a las autoridades de Brasil, para tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión.
En los tribunales, de todos modos están confiados en que una eventual nulidad de la declaración de Mameri no afecte la acusación. En la fiscalía de Picardi están estudiando el caso, el alcance de la nulidad y los recursos que quedan para que esa decisión quede firme.
De todos modos, si se cae la declaración de Mameri, entienden en tribunales que no es relevante para la acusación: “Es importante, sirve, pero hay otros elementos de prueba que se fueron obteniendo en la investigación, que hace que no sea determinante. Si se cae, no cambia la evidencia sobre el direccionamiento de la licitación y algo más valioso, como lo es el recorrido de la ruta de los sobornos”, dijo una fuente de los tribunales.
El caso Odebrecht es uno de los más representativos de corrupción en América Latina. Odebrecht admitió pagos en 12 países. Y confesó que sólo en la Argentina se pagaron 35 millones de dólares entre 207 y 2014. La admisión ocurrió en 2016, cuando una corte de Estados Unidos dio a conocer un documento parte de un acuerdo judicial por el que las firmas Odebrecht y Braskem se declararon en Nueva York culpables de violar normas contra sobornos fuera del país.
La Argentina aún no avanzó en castigos a los responsables del pago de sobornos, a los intermediarios, ni a los que los recibieron. Tampoco recuperó dinero involucrado. Ahora los acusados hicieron planteos con la idea de que una sentencia de la Justicia de Brasil pueda allanarles el camino.
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