Nuevo round por la coparticipación: Nación apela a un duro informe técnico de las provincias contra la Ciudad

Los gobiernos de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires volverán a reunirse este miércoles por la disputa que mantienen en torno a la quita de la coparticipación y los fondos de la seguridad porteña. La reunión está prevista para las 11 en el Ministerio del Interior, y se dará en el día en que vence el plazo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para encontrar una salida política al conflicto.

La tensión, sin embargo, no estará puesta solo en el reloj: la Casa Rosada cifra sus expectativas en un informe presentado por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que fijó un monto por la transferencia de la policía a la Ciudad que va en contra de los deseos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El informe fue aprobado por 21 provincias, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, la abstención de Nación y la ausencia de Corrientes. A excepción de Nación, las tres jurisdicciones que no aprobaron o se ausentaron son de signo opositor.

En un duro informe donde marcó que la transferencia de recursos en 2016 entre los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta estuvo marcada por “una gran desprolijidad administrativa, jurídica y financiera”, el CFI estableció que los fondos involucrados en el traspaso de la policía a la Ciudad a lo largo de ese año, clave para sentar las bases de la negociación actual, alcanzaron los 11.000 millones de pesos. El gobierno de la Ciudad había fijado ese monto en más de 18.000 millones de pesos.

Cerca del gobierno de la Ciudad consideraron el informe como de corte netamente “político” y “no técnico” al tiempo que crecen las posibilidades de que el conflicto se dirima en la Corte Suprema.

Al proyectar esas cifras a la actualidad, el CFI estimó un impacto global de 43.000 millones de pesos. Los números de la Ciudad difieren ampliamente. Durante el año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta advirtió que dejó de percibir alrededor de 86.000 millones de pesos por los cambios en el cálculo de las transferencias por seguridad. Para 2022, estima que la caída de ingresos podría superar los 120.000 millones de pesos.

Hasta ahora, a lo largo de los sucesivos encuentros, las partes no lograron ponerse acuerdo en el monto en discusión. Se trata del más sensible de los tres ítems en los que debían entenderse y respecto de él hubo mutuas ofertas que fueron sucesivamente rechazados por cada una de las administraciones.

El plazo que el máximo tribunal le dio a la Nación y la Ciudad para alcanzar un acuerdo por los fondos de la coparticipación vencía originalmente el 26 de abril, pero ambas administraciones acordaron pedir una extensión de quince días hábiles que vence este miércoles. A partir de lo que suceda en este nuevo encuentro, eventualmente, el plazo podría volver a prorrogarse.

Los equipos que participan de las reuniones, y se mantuvieron en diálogo durante los últimos dos meses son encabezados, en el caso de la Nación, por Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior; y por la Ciudad, por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

El caso se judicializó en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández anunció la quita por decreto de un 1,18 por ciento de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad (tras un aumento decretado por Macri) para destinarlos a pagar un aumento a la Policía Bonaerense de Axel Kicillof, entonces amotinada frente a la quinta de Olivos y otros puntos de la provincia. La quita de fondos se profundizó luego a través de una ley, que estableció que Nación debía abonarle ya no un porcentaje de la coparticipación sino una suma fija a la Ciudad, en concepto de la compensación por la transferencia de la seguridad.

Rodríguez Larreta llevó el caso al máximo tribunal que, tras una primera audiencia entre las partes, el 10 de marzo pasado, ordenó la serie de encuentros semanales que se realizaron desde entonces para que las partes busquen un acuerdo.

En los primeros encuentros las partes lograron ponerse de acuerdo respecto de la forma de transferencia y la actualización. De todos modos, de no mediar un acuerdo también por el monto, se caerá también lo ya consensuado y toda la definición quedará en manos de la Corte.

El caso es de un enorme voltaje político para el máximo tribunal, en especial ante la cercanía de un año electoral y en medio de la avanzada del kirchnerismo duro. Si las partes no logran llegar a una salida política al conflicto, la Corte puede fallar inicialmente sobre la cautelar y ordenar el cese de la quita hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, lo que podría demorar años.

Antes del informe elaborado por el CFI, los gobernadores ya se habían involucrado activamente en la discusión: 19 mandatarios oficialistas presentaron una carta a la Corte criticando con dureza al gobierno de Mauricio Macri y pidieron constituirse como amicus curiae en el caso.

Además, la pelea entre ambas administraciones tiene ribetes eminentemente políticos no solo entre oficialismo y oposición sino también dentro de la propia coalición de Gobierno. No fueron pocos los gobernadores que reprocharon que la decisión presidencial de quitarle fondos a Ciudad se haya dado en septiembre de 2020 y no en diciembre de 2019, apenas asumió el control del Estado nacional.

El punto fue planteado por varios mandatarios provinciales, según pudo saber LA NACION, cuando se reunieron a fines de marzo. Allí, varios de ellos criticaron no solo el tiempo que había pasado desde la asunción de Fernández hasta que se tomó la resolución, sino también que cuando se tomó la decisión haya sido a instancias de un pedido de la provincia gobernada por Kicillof.

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