Nuevo revés para el exsenador Edgardo Kueider: la fiscalía pidió que la Cámara de Apelaciones rechace su pedido para anular la sesión que lo expulsó
El senador removido había hecho un nuevo planteo basado en cuestionamientos al rol de Victoria Villarruel, pero el fiscal Rodrigo Cuesta afirmó que la voluntad de los legisladores fue clara
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El fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Rodrigo Cuesta pidió rechazar la apelación con la que el exsenador Edgardo Kueider insistió en cuestionar la validez de la sesión que determinó su expulsión del Senado, el 12 de este mes, días después de que fuera sorprendido por un control aduanero intentando cruzar con más de 200 mil dólares sin declarar el puente internacional que une Brasil con Paraguay.
Kueider quedó detenido en el país vecino bajo la imputación de tentativa de contrabando, al igual que su secretaria, quien lo acompañaba.
Se trata de un nuevo revés para el dirigente entrerriano. El juez Enrique Lavie Pico había rechazado in limine su planteo, y ahora el fiscal coincidió con los argumentos del magistrado.
Para Kueider, según dejó planteado en los escritos que presentó en la Justicia, la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel no podía presidir la sesión que determinó su suerte, dado que Javier Milei se encontraba rumbo a Italia, y ella debió reemplazarlo al frente del Poder Ejecutivo. Además, cuestionó que los senadores no hayan habilitado una instancia de defensa antes de eyectarlo de la Cámara alta.
Kueider encontró un aliado inesperado: en medio de su abierta disputa con Villarruel, el propio Milei sostuvo desde Italia que la sesión era inválida, aunque aclaró que apoyaba la decisión del Senado.
El argumento del entrerriano es que el enroque entre el Presidente y la vicepresidenta se dispara de manera automática ante la ausencia del primero. Y, por lo tanto, el acta que se firma frente a escribano –trámite que no llegó a realizarse antes de la votación– es un mero ritual que se realiza solo a los efectos de dejar un registro formal del cambio en la Jefatura del Estado.
Sin embargo, Lavie Pico, y ahora el fiscal ante la Cámara, desestimaron los planteos de Kueider al sostener que la Justicia no debe inmiscuirse en un acto del Poder Legislativo contemplado por la Constitución -sobre el cual no se detecta ninguna irregularidad- y que el accionar de Villarruel al presidir la sesión no tuvo influencia alguna en la votación que selló la salida de Kueider. Ahora, tras el dictamen del fiscal, resta que resuelva la Cámara.
El fiscal Cuesta señaló que la apelación de Kueider “no se hace cargo del argumento central” del juez Lavié Pico, quien, al rechazar el planteo del entrerriano, subrayó la nula incidencia que tuvo el papel de Villarruel en ese resultado y que su voto está reservado para romper una supuesta paridad. No fue el caso, puesto que 60 senadores decidieron expulsarlo y apenas seis se pronunciaron en contra.
“La integridad de la voluntad de la Cámara de Senadores -en los términos exigidos por la Constitución Nacional- no se encuentra así puesta en tela de juicio y no se advierte el vínculo directo entre el supuesto vicio procedimental invocado por el amparista y la lesión constitucional que alega”, dijo el fiscal Cuesta.
También desestimó el tramo de la presentación en el que Kueider se refiere a su inocencia. “La remoción objetada se adoptó por inhabilidad moral sobreviniente en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y no por la comisión de un delito”, precisó.
“Siendo que la acción de amparo se encuentra reservada a los supuestos en los que exista una colisión efectiva de derechos y no es un medio apropiado para el planteo de cuestiones teóricas respecto a las condiciones de ejercicio de las atribuciones de los órganos de gobierno, el rechazo in limine de la acción resuelto por el juez de grado se ajusta a las exigencias contempladas en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley N° 16.986″, concluyó el fiscal.
Además del proceso judicial que enfrenta en Paraguay, Kueider es investigado por la Justicia local en una causa por enriquecimiento ilícito. La jueza Sandra Arroyo Salgado, al frente de ese expediente, ordenó una serie de allanamientos y pidió su extradición, un trámite que se realiza a través de la Cancillería de ambos países. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes paraguayas, el envío todavía no llegó a manos de la fiscalía del país vecino.
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