Nuevo revés: la justicia uruguaya ratificó el rechazo al pedido de refugio de Fabián Rodríguez Simón

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón sufrió un nuevo revés judicial en Uruguay. El Tribunal de Apelaciones de ese país confirmó el fallo de la jueza Adriana Chamsarián que rechazó el pedido de refugio político del exasesor de Mauricio Macri, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.

Rodríguez Simón permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza federal María Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.

En el fallo, según reprodujo el sitio La Diaria de Uruguay, se señala que el Tribunal de Apelaciones manifestó que “no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse”. Solo una jueza mantuvo discrepancias con el voto mayoritario, al sostener que “en el caso se vulneraron las garantías del debido proceso al haberse desconocido en particular el derecho del solicitante del refugio a proponer prueba, lo que determina la nulidad de la sentencia dictada”.

El fallo no desata automáticamente el proceso de extradición, que hoy está en manos de la justicia uruguaya.

Rodríguez Simón es representado en Uruguay por el abogado Jorge Díaz, exfiscal de Corte y exprocurador General de la Nación de ese país durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

Cuando lo declaró en rebeldía, la jueza Servini remarcó que el exfuncionario “dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″ y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.

Servini planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.

En el expediente de Servini se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la imputación que obra en la causa.

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