Nuevo revés judicial para Moyano en la causa de los remedios
LA NACION
La Cámara Federal porteña resolvió ayer que siga abierta la investigación a la obra social del gremio de los Camioneros, que conduce Hugo Moyano, por presunta defraudación en el otorgamiento de subsidios y reintegros de medicamentos.
El Tribunal de Apelaciones rechazó un planteo de prescripción presentado por uno de los procesados (el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier al momento de los hechos) según la resolución de los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah a la que accedió Télam.
Lorenzo había planteado la prescripción de los delitos cuando el juez del caso, Claudio Bonadio, envió parte de la causa a juicio oral.
Se trata de supuestos ilícitos vinculados a la defraudación en la "Administración de Programas Especiales" mediante el cobro de reintegros por medicamentos de alta complejidad no suministrados a los afiliados.
El juez sigue actualmente con otro aspecto de la investigación en relación con el supuesto desvío de dinero desde la obra social de los camioneros a empresas vinculadas a la familia Moyano. En este tramo de la investigación se pidió ayuda a peritos de la Corte.
Al enviar la otra parte del caso a juicio oral, Bonadio rechazó el planteo de prescripción hecho por el procesado Lorenzo y ahora la Cámara Federal le dio la razón, al concluir que la causa no está prescripta y la investigación debe seguir y llegar a juicio oral.
"Los cargos formulados por el acusador parten de la hipótesis de una maniobra defraudatoria global en perjuicio de la Administración de Programas Especiales, en la cual habrían tomado parte funcionarios públicos y particulares", analizaron los camaristas.
Esta "operatoria continuada estuvo constituida por diferentes eventos interrelacionados entre sí (documentados en expedientes administrativos con distinta numeración), que tienen como denominador común el reconocimiento irregular de subsidios o reintegros por la provisión de medicamentos de alto costo para el tratamiento de enfermedades complejas de afiliados de la obra social de choferes de camiones", agregaron.
Por ello entendieron que la condición de funcionario público cuando ocurrieron los hechos por parte de acusados (como el exauditor de la obra social de Camioneros Daniel Lombardero y el exsuperintendente de Servicios de Salud Juan Rinaldi) evita la prescripción de la causa.
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