Nuevo foco de tensión: la Justicia reclama actualizar partidas presupuestarias y analiza una reunión con Milei

La principal preocupación en la Justicia por estas horas es por los fondos para el funcionamiento del Poder Judicial, al punto de que la Corte Suprema analiza pedir reuniones de alto nivel con el Gobierno para destrabar el problema presupuestario que se preanuncia para este año dado que según sus cálculos el presupuesto actual alcanza hasta abril o mayo.

Por eso es que un informe que circuló en el Consejo de la Magistratura sobre el crédito vigente, los gastos y su proyección en 2024 al que accedió LA NACION propone a que se solicite un incremento de crédito presupuestario al PEN por un monto total de 315.965 millones de pesos, que es el total del déficit proyectado para 2024.

Se recomienda en forma paralela trabajar en una compensación temporal de partidas a la Corte Suprema para hacer frente a los gastos en las construcciones y equipamiento a la espera de la aprobación del incremento, como así también a compensar entre proyectos de inversión.

El trabajo prevé que en cuanto a los gastos del personal hay un déficit de crédito de 283.000 millones de pesos, el cual impactaría en agosto 2024, aunque se destaca que esta proyección no contempla que se den otros aumentos de sueldo en todo el año, excepto el que otorgó la Corte el 1 de febrero, retroactivo a diciembre.

“El crédito presupuestario no llega al primer semestre”, se sinceró un funcionario judicial. “Si se sigue así en mayo no podés prender la luz”, exageró un funcionario del Consejo de la Magistratura que habló de “parálisis judicial”.

Es que la Justicia no escapa a lo que ocurre con el resto de los servicios que dependen del financiamiento del Estado, como la educación o el transporte público, que vieron recortadas sus prestaciones ante la falta de financiamiento.

La Corte ya dio un aumento del 12,5% retroactivo a diciembre para los jueces, funcionarios y empleados y ahora pidió un 18%, pero para el gremio es insuficiente.

Las reuniones de funcionarios de menor rango se vienen sucediendo para destrabar el día a día. Los interlocutores son funcionarios del Ministerio de Justicia, como el subsecretario Sebastián Amerio pero también de la jefatura de gabinete de Nicolás Posse y del Ministerio de Economía de Luis Caputo que buscan destrabarle problema con funcionarios de la Corte.

En el Poder Judicial el conflicto se suscitó luego de que el Gobierno prorrogó el presupuesto del año pasado, como en el resto del Estado. La mayoría del dinero es la que administra el Consejo de la Magistratura para pagar los sueldos de los 22.000 empleados, funcionarios y jueces y el que administra la Corte para sostener su estructura de unos 4000 empleados, que además del personal propio incluye la morgue, el cuerpo de peritos, mandamientos, notificaciones, la oficina de violencia doméstica, entre otros.

Es decir que el crédito presupuestario que está gastando el Poder Judicial asciende a unos 263.000 millones de pesos, dijeron fuentes del Consejo de la Magistratura. Es decir que ese monto es el que se está consumiendo y no hay a la vista idea de que pueda extenderse.

La Corte había estimado en octubre del año pasado un presupuesto total de 820.436 millones de pesos, de los cuales 168.171.111 eran para la Corte y 652.264.898 para el funcionamiento de los tribunales federales y nacionales en todo el país, que administra el Consejo de la Magistratura. El 95 % se va en sueldos.

La ley de autarquía financiera asimismo otorga un 3,5% de la recaudación al Poder Judicial, pero los gremios judiciales, calculan que debe elevarse al 4,4 por ciento para que sea suficiente para atender las demandas.

Fuentes del Consejo de la Magistratura, de los estamentos de jueces, abogados y legisladores señalan que el presupuesto actual alcanza hasta abril o mayo. El dinero es el tema de debate en el Consejo de la Magistratura que no se reunió formalmente en 2024, entre otras cuestiones porqué aún resta que el Poder Ejecutivo designe a su representante.

Su cargo es clave, ya que es único representante del Gobierno de Javier Milei en el Consejo, más allá de sus aliados del Pro y el radicalismo, en el Congreso. La falta de definición sobre quien es el funcionario es uno de los temas que frena las reuniones del Consejo, donde ya se incorporaron el resto de los concejeros, incluido Luis Juez.

Este representante es el destinatario de los reclamos presupuestarios de los concejeros y aspiran a que sea un funcionario que tenga llegada con los dueños de la billetera en el Poder Ejecutivo.

No hay definición del candidato, aunque si hay una puja entre los que propone el ministro de Justicia y los que promueve Santiago Caputo. Los nombres que circulan son los mismos que el año pasado: Diego Guerendiain y Amerio. Excepto que aparezca un tapado. El macrismo tenía sus postulantes que quedaron atrás en la pulseada, al menos antes de que se reflotara la alianza entre La Libertad Avanza y el Pro.

A pesar de que no hay reuniones del plenario del Consejo de la Magistratura, la semana próxima se reunirán la Comisión de Administración donde se debatirá el problema presupuestario y la de Acusación, donde se analizan los casos de los jueces expuestos a juicio político.

Sin definir ternas para nombrar magistrados, los nombres de los 70 pliegos de los candidatos a jueces que serán elevados por el Gobierno en marzo, son materia de conversación entre los concejeros de los diversos estamentos y colores políticos y en la propia interna del Gobierno. Los nombres los definió Javier Milei con el ministro Mariano Cúneo Libarona, pero pujan por sus candidatos el PRO, el radicalismo, y la interna del Gobierno con postulantes más cercanos a Amerio, a Posse, a Santiago Caputo y hasta sectores de la nueva AFI. Intentó incluso colocar sus candidatos el histórico operador judicial macrista de origen radical Daniel Angelici, pero no salió contento de una reunión con el ministro Cúneo Libarona cuando le dijo que sus elegidos estaban bochados, confió un concejero de la magistratura cercano al espacio.

Mientras no hay temas que votar el asunto sobresaliente es el dinero, pero no hay mucho optimismo en el Consejo de la Magistratura. “No sé si Milei está para darle plata a la Justicia que le hace la vida imposible con el DNU”, dijo un consejero a LA NACION.

Otro, integrante del Consejo, en las antípodas políticas señaló: “Estamos expectantes con el Poder Ejecutivo y que se pongan la pilas. Estamos con ganas de trabajar y sacar ternas, pero, estamos igual que en diciembre a la espera de definiciones que no llegan. Siempre estamos esperando algo”.

Otro concejero fue menos dramático, pero pronosticó: “Ahora no se siente la falta de plata, en la primera mitad del año, pero después va a haber problemas”.

Resta asimismo nombrar el administrador del Consejo de la Magistratura, una decisión que pasa por el presidente de la Corte y del Consejo Horacio Rosatti. Se barajó en diciembre el nombre de un cuadro técnico del propio concejo, pero no hay definición. De todos modos, sin presupuesto, hay que administrar la pobreza.

Los judiciales, incluidos jueces, obtuvieron de la corte el 1 de febrero un aumento del 12,5% retroactivo a diciembre y ahora reclaman al menos el 35 por ciento para empatarle a la inflación.

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional es el gremio que nuclea a los judiciales liderado por Julio Piumato. Durante el Gobierno de Alberto Fernández sus protestas a una administración peronista eran funcionales a la Corte, ahora enfrentado con Milei, siguen con las huelgas y reclamos, aunque con menos éxito.

“Es preocupante, la Corte dice que el presupuesto no alcanza más allá de mayo, se estaban activando reuniones con el Gobierno. Es una locura manejarse con el presupuesto del año anterior, tiene que haber una garantía de mayores partidas”, dijo el gremialista que estaba en primera fila junto a Pablo Moyano en el paro de la CGT contra el Gobierno el 24 de enero pasado.

Tras un banderazo para reclamar mayores fondos, ahora planean una medida de fuerza para la semana que viene. “Si sale el 18 por ciento de aumento, ya estaríamos con una pérdida del 13,2 por ciento ante la inflación”, dijo el sindicalista.

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