Nuevo cruce entre el fiscal Stornelli y el juez Martínez de Giorgi, ahora por la causa del espionaje ilegal kirchnerista
Es porque le negaron el acceso al contenido del teléfono de “Conu” Rodríguez, un exfuncionario de La Cámpora investigado por usar los servicios de un espía inorgánico de la AFI
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli protagonizaron apenas terminada la feria judicial de verano un nuevo choche, esta vez por la negativa del magistrado a entregarle el contenido del teléfono celular del exfuncionario de La Cámpora Fernando “Conu” Rodríguez, investigado por espionaje ilegal al utilizar a un espía inorgánico de la AFI para sus averiguaciones y publicarlas en los medios.
“¿Qué es lo que vuestra señoría protege desconociendo le ley?”, deslizó Stornelli en su apelación de esta decisión en la que entiende que el juez actuó de manera arbitraria y desconociendo el rol de la fiscalía.
Martínez de Giorgi decidió reservar el contenido del teléfono y solo compartir los elementos que se relacionen con el objeto procesal, a pedido del propio Rodríguez, quien argumentó que estaba en juego su intimidad si se daba a conocer a todas las partes el contenido de su celular.
Antes esa decisión, el fiscal Stornelli apeló en un escrito en el que se queja de que la causa se paralizó y no se priva de calificar de “ilegal” la decisión del juez y reclamar a la Cámara Federal que la revoque y le de acceso al contenido del teléfono de Rodríguez, un exsubdirector de la AFIP, hombre de La Cámpora.
Rodríguez le escribió al espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, un expolicía federal, para que le consiga información, por ejemplo sobre la exministra de Alberto Fernández y ahora diputada Victoria Tolosa Paz. Luego esa información apareció en medios digitales de Zanchetta, que recibían pauta publicitaria oficial controlada por Rodríguez en la provincia de Buenos Aires.
Stornelli escribió que Martínez Giorgi le autorizó el acceso a la información del celular, pero cuando fueron a buscarla le daban excusas y no se la entregaban hasta que finalmente se la negaron. Dijo que esta decisión es nula y que le impide actuar como fiscal. Señaló además que es ilegal porque el acceso a la prueba debe ser íntegro, al igual que lo tiene el juez.
“El proveído es ilegal y arbitrario”, le dijo Stornelli al juez y señaló que “tiñe de opacidad el proceso” que se paralizó, pues “a casi dos meses de recibidas las copias forenses extraídas de los dispositivos del imputado Rodríguez, no se observa ninguna providencia, pese al tiempo transcurrido”.
Sornelli y Martínez de Giorgi suman media docena de enfrentamientos relacionados con causas en trámite. En el caso de espionaje ilegal donde están presos Zanachetta y el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el fiscal era Gerardo Pollicita, que se excusó porque uno de los investigados por estar en contacto con Zanchetta es el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
Entonces Stornelli asumió el rol del fiscal en la causa, pero el juez Martínez de Giorgi lo quiso remover del expediente con una decisión inusual y fuera de sus facultades, ya que un juez no puede apartar a un fiscal de una causa. De hecho la Cámara Federal revocó la decisión de Martínez de Giorgi y repuso a Stornelli como fiscal en menos de 24 horas.
Antecedentes
Este es nada más que uno de los cruces. En el pasado el juez avanzó con una causa que pretende poner en tela de juicio la prueba del caso de los cuadernos de las corrupción. De hecho procesó al expolicía Jorge Jorge Bacigalupo, quien entregó al periodista Diego Cabot de LA NACION los cuadernos escritos por el exchofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno.
El magistrado lo acusó de alterar los cuadernos, lo que es un elemento que favorece a las defensas de los acusados, pues pretenden extender las dudas que hay sobre algunas enmiendas en esos textos a toda la prueba. Y el otro enfrentamiento derivó justamente del hecho de que el juez buscó mediante el rastreo de cámaras de seguridad identificar la fuente periodística de Cabot y provocó el repudio de las entidades de prensa.
Por Hernán Cappiello
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