Nueva ofensiva. La oposición insiste en derogar el decreto presidencial que limita el acceso a la información pública

Ante la decisión del Poder Ejecutivo de no dar marcha atrás con el decreto presidencial 780/24 que restringe el acceso a la información pública, un amplio sector de la oposición –con la UCR como punta de lanza- quiere avanzar con la derogación de la medida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

La ofensiva se llevaría adelante luego de varias semanas de negociaciones infructuosas que mantuvieron representantes de los distintos bloques y delegados del Poder Ejecutivo, encabezados por María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico e ideóloga del decreto. La funcionaria actúa bajo órdenes directas de Santiago Caputo, el asesor de mayor confianza del presidente Javier Milei y máximo responsable de la estrategia comunicacional del Gobierno.

“Frente a un decreto que ya es operativo y está cercenando el acceso a la información pública, el Congreso debe dar una señal clara ante la Justicia. Estamos frente a un decreto a todas luces inconstitucional: el Poder Ejecutivo no puede reglamentar una norma arrogándose una facultad que le corresponde a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es autónoma y autárquica”, explicó Karina Banfi, vicejefa del bloque.

Banfi se enrola en el sector dialoguista del radicalismo que encabeza Rodrigo De Loredo, quien acompaña su iniciativa de derogación. Participó, junto a Silvana Giudici (Pro), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Carolina Gaillard (Unión por la Patria), Juan López (Coalición Cívica) y Cristian Castillo (Frente de Izquierda) en las reuniones con los delegados de la Casa Rosada para intentar acordar una salida que deje sin efecto el polémico decreto. Pese a la presión opositora, el Gobierno se mantiene renuente.

No solo la oposición cuestiona el decreto; decenas de organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la medida desnaturaliza la ley 27.275 pues impone excepciones restrictivas o discrecionales respecto de lo que se considera información pública o privada. En efecto, el decreto establece que el Estado no está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”, una categoría no prevista en la norma que regula el proceso.

Diferencias con PRO

A pocas semanas del fin del año parlamentario, la ansiedad de los opositores es creciente. Banfi le reclamó ayer al oficialismo que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el libertario Nicolás Mayoraz, se reúna cuanto antes para abocarse al tema; su planteo, sin embargo, no tuvo eco. Frente a esta encerrona y con el reloj corriendo, los opositores planean o bien emplazar al oficialismo para que convoque a la comisión de manera urgente o bien plantear, en la próxima sesión, la derogación lisa y llana del decreto.

Esta última alternativa, sin embargo, no garantiza éxito ya que, sin dictamen, el proyecto necesitará una mayoría agravada. “Es difícil que alcancemos los votos”, admiten los opositores.

La jugada solo podría prosperar si Pro sumara sus voluntades. Después de todo, la ley de acceso a la información pública se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri y es una de sus normas dilectas. Sin embargo, en el bloque que conduce Cristian Ritondo creen que la derogación del decreto no es la solución.

“El Congreso no puede, con una ley, derogar un decreto”, insiste la diputada Giudici, para quien la mejor alternativa es que la medida sea modificada por la propia Agencia de Acceso a la Información, que es el área natural que debe dar solución al problema.

Sin embargo, dicha Agencia no da señales en ese sentido y su titular Beatriz Anchorena –designada por el expresidente Alberto Fernández- prefiere desentenderse del entuerto, lo que desató la furia de Giudici.

“En un acto irregular, Anchorena giró el expediente al Poder Ejecutivo para que éste avanzara en su proyecto de decreto, cuando la reglamentación era de su estricta competencia. Cometió una falta muy grave y el decreto está viciado de nulidad. Ahora corresponde que éste sea modificado por la misma Agencia”, enfatizó.

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